Este lunes, el Departamento de Estado de EE. UU. ha revisado sus recomendaciones de viaje sobre Israel, aconsejando a sus ciudadanos que eviten visitar el país debido a un conflicto armado en curso.

En su comunicado, se señala que se debe «no viajar a Israel debido a un conflicto armado, terrorismo y disturbios civiles», y reafirma la advertencia de no viajar a Cisjordania y Gaza.

Antes, Washington solo sugería evitar un área de cuatro kilómetros en las «fronteras libanesa y siria» debido a la «constante presencia y actividad militar» en esas zonas.

Esta nueva advertencia es una actualización de la emitida el pasado sábado, que recomendaba la «salida voluntaria de los familiares y empleados del Gobierno estadounidense no involucrados en servicios de emergencia, dada la inestabilidad y la naturaleza impredecible de la situación de seguridad».

Este lunes, el personal del OS7 se presentó en la Gobernación y en el hogar del gobernador metropolitano en el marco de una investigación por contratos de asesorías por un monto considerable. Desde la Gobernación aclararon que se trató de una entrega voluntaria.

El caso del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, dio un nuevo giro este lunes 16 de junio. El OS7 de Carabineros llevó a cabo diligencias en las oficinas del Gobierno Regional (GORE) y en el domicilio del gobernador.

Estas acciones se realizaron en coordinación con la Fiscalía, que investiga posibles irregularidades en contrataciones efectuadas por el Gobierno Regional durante 2024. Un informe de la Contraloría General de la República del 4 de junio revela que se habrían gastado más de $31 millones en asesorías bajo el concepto de coaching directivo y coaching ontológico, las cuales, según el organismo, estarían presuntamente vinculadas a temas políticos y potencialmente a la campaña de reelección del gobernador.

Desde la Gobernación Metropolitana emitieron un comunicado donde explicaron:

“No fue un allanamiento, dado que no existe una orden judicial. Se trató de una entrega voluntaria, coordinada con la Fiscalía”, indicaron. También afirmaron que “el Gobernador y su equipo continuarán colaborando activamente con las autoridades para aclarar la situación lo antes posible”.

Fuentes cercanas a la defensa confirmaron que Claudio Orrego entregó de forma voluntaria su celular y computadora personal, tal como sus abogados habían anticipado la semana pasada.

A pesar de que Orrego ya había desmentido acusaciones previas, argumentando que eran motivadas por intereses políticos, aún no se ha pronunciado públicamente sobre las diligencias de este lunes.

Este asunto sigue en desarrollo.

CHH

Desde el viernes, Israel ha intensificado su campaña de bombardeos contra Irán. En respuesta, Teherán ha lanzado cientos de misiles y drones hacia el territorio israelí. Estos enfrentamientos han resultado en la muerte de destacados altos mandos militares iraníes. Sin embargo, las autoridades del país aseguran que la cadena de mando no se ha visto comprometida y mantienen que la situación interna sigue siendo estable a pesar de estas pérdidas.

Los ataques iniciales, que sorprendieron a muchos durante las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para un nuevo acuerdo nuclear, resultaron en la muerte de figuras clave del Ejército y la Guardia Revolucionaria, como sus líderes, Mohamed Baqeri y Hosein Salami. Desde entonces, se han confirmado más bajas de altos cargos en estos ataques aéreos.

Irán posee una estructura de poder liderada por el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, quien tiene un papel crucial en la formulación de políticas. Junto a este liderazgo, hay organismos asesoría y supervisión compuestos por clérigos, así como un gobierno encabezado por el presidente y un parlamento unicameral.

LÍDER SUPREMO

El líder supremo, un rol que ocupa Jamenei desde 1989, es la figura central del poder. Fue designado tras la muerte de Ruholá Jomeini, el fundador de la República Islámica. Jamenei, nacido en 1939 en Mashhad, se formó en Qom y fue encarcelado bajo el régimen del sha, manteniendo una estrecha relación con Jomeini, quien fue su predecesor como presidente de 1981 a 1989.

Antes de convertirse en presidente, Jamenei fue viceministro de Defensa y comandante de la Guardia Revolucionaria. Durante su candidatura a la presidencia, sobrevivió a un atentado que le dejó secuelas en el brazo y la voz. En años recientes, ha defendido posturas de dureza en asuntos internacionales y ha sido criticado por su represión a disidentes y el uso obligatorio del velo en el país.

Aunque es un firme defensor del programa nuclear, también ha emitido una ‘fatua’ que prohíbe el desarrollo de armas nucleares. Durante las negociaciones que llevaron al acuerdo de 2015, mostró escepticismo y tras la retirada de EE.UU. en 2018, ha considerado improbable un nuevo pacto con el país norteamericano.

UN REFORMISTA EN LA PRESIDENCIA

Desde julio de 2024, Masud Pezeshkian, un reformista, ocupa la presidencia tras una elección anticipada a raíz de la muerte del ultraconservador Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero. Aunque tiene un papel relevante en la toma de decisiones, su autoridad es limitada por la Constitución, que subordina al Ejecutivo al líder supremo.

Pezeshkian, nacido en 1954 en Mahabad, prometió reformas políticas y sociales, proponiendo una reducción de las estrictas normas sobre el velo. Sus críticas a la represión durante las protestas de 2022, tras la muerte de Mahsa Amini, han marcado su agenda. Proveniente de una familia kurda, busca integrar más a la población y mejorar la calidad de vida, defendiendo al mismo tiempo el derecho a un programa nuclear pacífico y negociaciones con EE.UU. para aliviar las sanciones.

LA DIPLOMACIA, A CARGO DE ARAQCHI

Abbas Araqchi es el responsable de la diplomacia iraní, designado por Pezeshkian. Nacido en 1962 en Teherán, tuvo una carrera como embajador en Finlandia y Japón y fue viceministro de Exteriores entre 2017 y 2021. Araqchi, conocido por su enfoque abierto hacia EE.UU. respecto al programa nuclear, jugó un papel crucial en el acuerdo de 2015, el cual fue luego abandonado por Washington.

Considerado moderado por Occidente, defiende soluciones diplomáticas para los conflictos, mientras critica a Israel y reafirma el apoyo de Teherán al ‘eje de resistencia’ en la región.

LA GUARDIA REVOLUCIONARIA

Con la muerte de Salami, Mohamed Pakpur ha sido nombrado al frente de la Guardia Revolucionaria. Nacido en 1961 en Arak, Pakpur es un veterano de la guerra Irán-Irak. Anteriormente, fue comandante de las Fuerzas Terrestres de la Guardia desde 2009. Este cuerpo, creado en 1979 por Jomeini, opera como una fuerza militar paralela al Ejército y ha incrementado su poder en los últimos años.

La Fuerza Quds, una de sus ramas, lleva a cabo operaciones de inteligencia y actividades en el extranjero, dirigida por Esmail Qaani, cuya muerte en los recientes bombardeos israelíes no ha sido confirmada oficialmente, aunque se han suscitado especulaciones al respecto.

LAS FUERZAS ARMADAS

Recientemente, Abdolrahim Musavi ha asumido el liderazgo de las Fuerzas Armadas tras la muerte de Baqeri. Musavi, nacido en 1960 en Qom, era el comandante principal del Ejército desde 2017. Según la Constitución, el Ejército es responsable de proteger la soberanía del país y está bajo el mando directo del líder supremo.

QALIBAF Y EL PARLAMENTO

Finalmente, Mohamad Qalibaf preside la Asamblea Consultiva Islámica desde mayo de 2020. Esta Asamblea, compuesta por 290 miembros, se ocupa de ratificar tratados internacionales y aprobar legislación. Qalibaf, nacido en 1961, es un conservador conocido y fue candidato en las elecciones de 2024. Además de su papel en el Parlamento, ha tenido un historial militar durante la guerra con Irak y mantiene lazos significativos con la Guardia Revolucionaria.

Casi un año después de la implementación de la Ley Karin, la diputada Ana María Gazmuri, acompañada por representantes de la Confederación de Profesionales de la Salud (Confedeprus), presentó este miércoles un proyecto de ley destinado a modificar varios cuerpos normativos para solucionar problemas críticos en la aplicación de esta normativa en el ámbito público.

La propuesta busca abordar los obstáculos que actualmente dificultan la correcta implementación de la Ley N.º 21.643 en los servicios públicos y municipios, tales como la falta de fiscales, la ausencia de protocolos claros, las prolongadas investigaciones y la falta de apoyo adecuado a las víctimas.

“La Ley Karin, en homenaje a Karin Salgado, representó un avance histórico en derechos laborales. Fue un esfuerzo arduo, impulsado por muchas mujeres y hombres que lucharon contra el abuso. Esta ley es esencial para iniciar la erradicación del acoso laboral y sexual en nuestros lugares de trabajo”, declaró la diputada Gazmuri.

“Sin embargo, casi un año después de su entrada en vigencia, enfrentamos una dura realidad: una violencia más extendida y oculta de lo que pensábamos, y un sector público donde la ley no se aplica correctamente. Las víctimas no son escuchadas, los procesos sufren retrasos, y muchos servicios carecen de los protocolos necesarios. Esta reforma busca asegurar que nadie quede desprotegido al presentar una denuncia, que las investigaciones sean rápidas, serias y con verdadero apoyo a las víctimas. El Estado no puede seguir siendo cómplice por omisión”, añadió la parlamentaria.

El proyecto propone modificaciones al Código del Trabajo, al Estatuto Administrativo y a las leyes fundamentales de la administración pública, estableciendo nuevas obligaciones para los organismos del Estado, permitiendo la designación de fiscales ad hoc, garantizando atención médica y psicológica a las víctimas, y reconociendo el tiempo de licencia como tiempo trabajado. También promueve la participación obligatoria de los sindicatos en la elaboración de protocolos, y establece la posibilidad de crear oficinas que protejan los derechos fundamentales en el ámbito laboral.

Desde la Confedeprus, Emilia Iturriaga, responsable de la unidad de género y diversidad, resaltó la importancia de avanzar en la implementación efectiva de la ley: “Apoyamos este proyecto porque consideramos que la Ley Karin debe dejar de ser solo un texto. Somos el segundo sector más afectado por el acoso laboral y sexual, y exigimos que se incluya de manera obligatoria a los sindicatos en el desarrollo de los protocolos y que se brinde acompañamiento a quienes presentan denuncias”, comentó Iturriaga.

“Además, solicitamos la creación de oficinas de seguimiento que resguarden los derechos fundamentales de los trabajadores y que se restituya la inhabilidad de cinco años para quienes hayan sido destituidos por acoso o agresión sexual. Pedimos a las autoridades y a los medios que visibilicen esta lucha, pues muchas personas trabajamos diariamente en la función pública con compromiso y respeto”, concluyó.

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