Hace algunos días la Contraloría General de la República compartió un informe calificado como lapidario respecto a los traspasos de fondos públicos desde el Ministerio de Vivienda a diversas fundaciones. El ente, que realizó auditorías sobre las transferencias efectuadas por las reparticiones a entidades privadas en el marco del programa de asentamientos precarios -desde enero de 2021 y junio de 2023-, dio cuenta de que las irregularidades eran parte de un patrón que se replicaba en las diferentes regiones del país.
Las irregularidades, que se detectaron en 15 regiones, involucran a 19 fundaciones que recibieron fondos entre 2021 y 2023. Entre lo irregular se mencionó que la falta de control respecto de las rendiciones era algo más bien transversal, que en la mayoría de los tratos no se exigían boletas de garantía o vale vista como medio de respaldo, que no había procedimientos de control para evitar eventuales conflictos de intereses, entre otras. En algunos casos, hay acciones que podrían constituir delitos, por lo que la Fiscalía lleva semanas realizando investigaciones.
Además de Democracia Viva, fundaciones como ProCultura -entidad por la cual el jefe de asesores del Presidente, Miguel Crispi, debió dar explicaciones ante la Cámara de Diputados-, Enlace Urbano y EnRed, están siendo pesquisadas por Fiscalía.
En detalle, los montos involucrados que son investigados varían. Por ejemplo, un total de 432 millones son los que se traspasaron a Democracia Viva. La ONG Pro Cultura, que es investigada en cinco regiones, suma convenios por más de $3 mil millones. Por otra parte, el Ministerio Público está investigando a la Fundación EnRed Social por más de $2 mil millones que ha recibido por parte del Estado. Enlace Urbano, que trabaja en varias regiones, fue allanada por recibir en un solo día más de $782 millones desde la Seremi de Vivienda de Tarapacá para realizar proyectos en campamentos. Hoy son 53 las fundaciones bajo la mirada del Ministerio Público en el contexto del Caso Convenios, con conexiones políticas diversas, desde partidos como RD hasta los de la oposición, por un monto que supera los $32 mil millones.
Es por esto que la derecha ha puesto el grito en el cielo luego de la información revelada por Contraloría, exigiendo incluso la renuncia del ministro Carlos Montes.
Sin embargo, es necesario examinar cuál es el tejado de vidrio con el que cargan los partidos que hoy se ponen con tanta personalidad en la vereda de los impugnadores anticorrupción. El ejercicio que grafica con mayor claridad la calidad de la probidad de la derecha es comparar los 32 mil millones de pesos traspasados a fundaciones -que están siendo investigados judicialmente- con los montos por los que son investigados algunos de los alcaldes y alcaldesas más icónicos de Chile Vamos.
En el caso de la exalcaldesa de la comuna de Maipú, Cathy Barriga, la investigación que pronto podría tener novedades implica un presunto fraude de 31 mil millones al Fisco. Es decir, sólo el presunto fraude de Cathy Barriga en Maipú -donde se hicieron famosas las horas extras que no se trabajaban- iguala prácticamente lo investigado entre todas las fundaciones. del país; y es más de sesenta veces más que lo investigado en el caso de Democracia Viva.
Si observamos lo ocurrido con la exalcaldesa UDI Virginia Reginato, en Viña del Mar, la diferencia es aún más escandalosa. En la Ciudad Jardín una auditoría forense a los estados financieros de la Municipalidad, de junio 2016 a junio de 2021, dio cuenta de millonarias irregularidades en la administración, revelando 63 observaciones correspondientes al pago de horas extras injustificadas, pérdida de más de mil bienes del inventario y el pago excesivo por motivo arriendos, entre otras anomalías, que generaron más de 100 mil millones de pesos, según reveló BioBio; más de tres veces lo investigado entre todas las fundaciones, y unas doscientas veces lo de Democracia Viva.
En el caso de San Bernardo, la ex UDI Nora Cuevas también fue señalada por la Contraloría, a través de dos auditorías. El órgano fiscalizador detectó irregularidades en fondos no rendidos de subvenciones escolares entre 2016 y 2020, por montos superiores a $20 mil millones, lo que hizo al Ministerio Público advertir sobre las primeras sospechas en torno al caso. En el primer informe, del año 2017, la Contraloría detectó la falta de $9 mil millones en las cuentas bancarias por concepto de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). Con estos antecedentes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso la primera querella en contra de la exlacaldesa, en abril 2020.
En un caso más reciente, el fundador de RN y exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, habría gastado $4.500 millones sin justificar, según Contraloría. El informe reveló una de serie de debilidades en el control interno, transferencias sin respaldo e injustificados desembolsos de fondos municipales en los últimos dos años de Torrealba.
En La Florida, en tanto, se han detectado diferencias por más de $4.600 millones en cuentas bancarias de educación. Movimientos improcedentes por varios miles de millones de pesos entre cuentas corrientes de uso exclusivo para subvención de ítems asociados a la educación, además de dineros que no fueron rendidos en su debido momento, son parte de los hallazgos de una auditoría realizada por Contraloría a la Corporación Municipal de La Florida, municipio que lidera el presidenciable Rodolfo Carter.
Si sumamos sólo estos cinco casos de alcaldes de derecha investigados, llegamos a la cifra de 160.100 millones de pesos, cinco veces más que lo investigado a 53 fundaciones. Un dato que ilustra parte de la historia de la derecha administrando dinero público y que demuestra que por lo que hoy se escandalizan es muy poco comparado con lo que ellos no supieron advertir al interior de sus propias filas.
