EL PELIGRO DE QUÉ LOS NARCOS NO VAYAN A LA CÁRCEL

Todo comenzó por un grupo de profesores de derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) que expresaron su preocupación sobre el texto de la nueva Constitución chilena, particularmente en relación con la penalización del narcotráfico. En una carta publicada en El Mercurio, Antonio Bascuñán, Rodrigo Correa, Samuel Tschorne y Javier Wilenmann alertan sobre un cambio normativo que, aunque técnico y no obvio para la población general, podría tener un impacto significativo en el derecho penal chileno y en la efectividad de la lucha contra el narcotráfico. Según los académicos, la propuesta de la Carta Magna exigiría que la ley penal defina con precisión y de manera explícita las conductas punibles, lo cual podría complicar la legislación penal actual. Esta exigencia, que aumenta el estándar para la descripción de delitos a un nivel similar al de las sanciones administrativas, podría alterar la interpretación vigente que permite cierta flexibilidad en la descripción de los delitos.

Esto podría significar, simplemente que narcos no vayan a la cárcel.

Los expertos alertan que, al definir detalladamente los delitos, se podría perder la flexibilidad necesaria para adaptarse a las estrategias cambiantes y cada vez más sofisticadas del narcotráfico. Además, advierten sobre la posibilidad de que la eliminación de ciertas disposiciones en la nueva Constitución pueda resultar en la reducción de las penas para delitos relacionados con el narcotráfico, disminuyendo el poder disuasivo de la ley.

En resumen, existe una preocupación de que la nueva Constitución, sin la adecuada flexibilidad en la interpretación y aplicación de la ley, podría crear un entorno más propicio para las operaciones del narcotráfico en Chile, afectando negativamente la seguridad y el bienestar de las comunidades.

EL PELIGRO DE LAS MUNICIPALIDADES SIN RECURSOS PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL

Por otro lado, la propuesta de Constitución también impactaría en el ámbito municipal, específicamente en la seguridad. Con la pérdida de recursos del Fondo Común Municipal (Contribuciones), los municipios ven amenazadas sus capacidades para financiar servicios esenciales como iluminación, guardias, cámaras de seguridad, áreas verdes y alarmas comunitarias. Estos recursos, que ahora estarían en riesgo, son vitales para mantener la seguridad a nivel local.

Estos recursos provienen de las contribuciones que pagan las casas más costosas del país. Si no se pagan, como propone la constitución, se pierde dicho financiamiento.

En este contexto, los expertos advierten que la pérdida de recursos municipales podría debilitar la capacidad de los gobiernos locales para abordar eficazmente las necesidades de seguridad de sus comunidades. La iluminación, las cámaras de seguridad y otras medidas de prevención, actualmente financiadas con el Fondo Común Municipal, podrían verse mermadas, poniendo en riesgo la integridad y tranquilidad de los ciudadanos.

Los datos:

Las comunas de Arica, Iquique, Antofagasta y Calama en Chile están experimentando un impacto significativo del narcotráfico. A continuación, se detalla la situación en cada una de ellas:

1. Arica: forma parte de la lista de las 10 comunas con mayor incautación de droga en Chile. (The Clinic).

2. Iquique y Alto Hospicio (Región de Tarapacá): Han sido testigos de un aumento significativo en la delincuencia y el narcotráfico. Recientemente, se incautaron 53 kilos de droga y se detuvieron a 84 personas por diversos delitos. Además, se ha registrado un número considerable de homicidios, incluyendo 13 solo en 2023. Un factor que contribuye a esta situación es el alto flujo de migración irregular y la presencia de mafias transnacionales en la zona. (“Fiscal de Tarapacá, la región más violenta: ‘Nunca va a ser el Iquique de cuando iba al colegio'» publicada por BioBioChile.)

3. Antofagasta: Esta comuna lidera las estadísticas de incautación de drogas y detenciones relacionadas con narcotráfico en Chile. En 2022, se incautaron 3.134 kg de droga en Antofagasta, y se realizaron 734 detenciones por infracciones a la Ley de Control de Drogas. (“»Rankings de narcotráfico: Antofagasta lidera detenido por droga» de The Clinic.”)

4. Calama: Ha experimentado crímenes violentos relacionados con el narcotráfico, incluyendo homicidios por encargo vinculados al negocio de las drogas. Se han registrado varios homicidios en la región, con la participación de sicarios contratados por clanes de narcotraficantes. (“»Detienen a sicarios traídos a Chile por narcotraficantes tras tres homicidios en Calama» de CHV Noticias.”).

En resumen, la propuesta de Constitución no sólo plantea el peligro de dejar libres a los narcotraficantes, sino que también genera preocupaciones respecto al papel de los municipios en la seguridad, con la posible pérdida de recursos que actualmente respaldan servicios esenciales para la comunidad local.

En una entrevista en T13 Noche, Gajardo enfatizó su postura en contra de la nueva constitución, destacando los posibles problemas constitucionales relacionados con la lucha contra el tráfico de drogas.

Las preocupaciones de Gajardo surgen en medio de tensiones crecientes en varias comunas del norte de Chile, particularmente en Arica, Iquique, Antofagasta y Calama, que ya están lidiando con problemas de narcotráfico. Expertos advierten que la situación en estas áreas podría empeorar si el nuevo texto constitucional obstaculiza una aplicación efectiva de la ley contra los delitos relacionados con drogas.

El debate sobre la constitución ha estado marcado por una falta de consenso, según Gajardo, quien predice un probable rechazo del nuevo texto. Esta incertidumbre política, junto con los desafíos existentes en el norte de Chile, eleva las alarmas sobre el futuro de la lucha contra el narcotráfico en estas regiones críticas.

Las autoridades locales en Arica, Iquique, Antofagasta y Calama aún no han emitido respuestas formales a las observaciones de Gajardo, pero la creciente preocupación entre las agencias de aplicación de la ley indica una conciencia creciente sobre los posibles impactos de los cambios constitucionales en sus esfuerzos para frenar el narcotráfico.

El plebiscito constitucional programado para el 17 de diciembre sigue siendo un punto focal de atención nacional, ya que podría influir significativamente en el marco legal para combatir el tráfico de drogas en Chile, particularmente en sus comunas del norte.

Diversas comunas a lo largo del país están siendo escenario de una iniciativa del Gobierno que promete mejorar la vida de sus barrios: la demolición de las instalaciones de bandas criminales que recuerdan a algún fallecido de su “clan”: los narcomausoleos.

¿El objetivo? Devolver las calles y plazas a los vecinos, que llevan años aquejados por la delincuencia y el narco.

Ya son 14 comunas a lo largo del país, como La Granja, San Ramon y Lo Espejo, que han sido beneficiadas con esta política que está reemplazando focos de delincuencia por espacios con más iluminación, mobiliario público, juegos infantiles y áreas verdes.

La delegada Constanza Martínez señala que “hemos demostrado con hechos concretos nuestra lucha seria contra la narcocultura. Los focos de incivilidades son ahora espacios para juegos y recreación».

La Granja

En La Granja, la Población Yungay ha sido testigo de este cambio. Con una inversión de más de $36 millones, lo que era un lugar de miedo se ha convertido en un área acogedora con nuevas luminarias led y áreas verdes revitalizadas. Pudimos conversar con un vecino del sector que comparte su alivio: “Antes, hacia la tarde este era un lugar para evitar, ahora es más limpio, trajo tranquilidad”, “era muy frustrante vivir así”, agrega.

El alcalde Felipe Delpin reafirma el beneficio: “los vecinos piden vivir con tranquilidad, piden recuperar los espacios y este es un tremendo programa que tiene el Gobierno y como municipio estamos apoyando”.

San Ramón

San Ramón también ha experimentado una transformación con la demolición incluso de dos narcomausoleos. El primero ubicado en calle Navidad, estaba emplazado en una pared de las instalaciones de un club deportivo. Ahí se homenajeaba a dos sujetos relacionados con la banda “Cogote de toro” y se registraban diversos delitos desde 2022: distintos tipos de robos, infracción de las normas higiénicas y de salubridad, amenazas, entre otros.

El gobierno comprometió un proyecto para mejorar la multicancha que está ubicada en el sector y se instalarán luminarias públicas. Para esto se considera una inversión de más de $100 millones.

En tanto, el segundo narcomausoleo eliminado en San Ramón se encontraba en la Plaza Augusto D’Halmar Oriente de la Población La Bandera. Gracias a la intervención la plaza está cambiando su rostro: tendrá más áreas verdes, iluminación, además de mobiliario urbano y juegos infantiles.

Lo Espejo

Lo Espejo no se queda atrás. Cerca de la Plaza Salvador Allende, una madre cuenta cómo la eliminación del narcomausoleo de «Los Marchant» ha traído paz a las noches antes llenas de música y desorden; “había mucha impunidad, eso daba rabia”, explica. La alcaldesa Javiera Reyes ve esto como un símbolo de progreso para una comuna que ha sido históricamente postergada.

Ya van trece demoliciones realizadas y una inversión total de $671.416.481, estos esfuerzos no solo están borrando estructuras físicas, sino también restaurando la seguridad y la paz en comunidades que durante mucho tiempo estuvieron bajo la sombra del narcotráfico. Este programa está cambiando vidas, devolviendo la tranquilidad a las familias y redefiniendo la vida de los barrios de Santiago y de las regiones.

Foto: Demolición de narcomausoleo en San Ramón.

Foto: Antes y después de la demolición del narcomausoleo de “Los Marchant”.

Hace algunos días la Contraloría General de la República compartió un informe calificado como lapidario respecto a los traspasos de fondos públicos desde el Ministerio de Vivienda a diversas fundaciones. El ente, que realizó auditorías sobre las transferencias efectuadas por las reparticiones a entidades privadas en el marco del programa de asentamientos precarios -desde enero de 2021 y junio de 2023-, dio cuenta de que las irregularidades eran parte de un patrón que se replicaba en las diferentes regiones del país.

Las irregularidades, que se detectaron en 15 regiones, involucran a 19 fundaciones que recibieron fondos entre 2021 y 2023. Entre lo irregular se mencionó que la falta de control respecto de las rendiciones era algo más bien transversal, que en la mayoría de los tratos no se exigían boletas de garantía o vale vista como medio de respaldo, que no había procedimientos de control para evitar eventuales conflictos de intereses, entre otras. En algunos casos, hay acciones que podrían constituir delitos, por lo que la Fiscalía lleva semanas realizando investigaciones.

Además de Democracia Viva, fundaciones como ProCultura -entidad por la cual el jefe de asesores del Presidente, Miguel Crispi, debió dar explicaciones ante la Cámara de Diputados-, Enlace Urbano y EnRed, están siendo pesquisadas por Fiscalía.

En detalle, los montos involucrados que son investigados varían. Por ejemplo, un total de 432 millones son los que se traspasaron a Democracia Viva. La ONG Pro Cultura, que es investigada en cinco regiones, suma convenios por más de $3 mil millones. Por otra parte, el Ministerio Público está investigando a la Fundación EnRed Social por más de $2 mil millones que ha recibido por parte del Estado. Enlace Urbano, que trabaja en varias regiones, fue allanada por recibir en un solo día más de $782 millones desde la Seremi de Vivienda de Tarapacá para realizar proyectos en campamentos. Hoy son 53 las fundaciones bajo la mirada del Ministerio Público en el contexto del Caso Convenios, con conexiones políticas diversas, desde partidos como RD hasta los de la oposición, por un monto que supera los $32 mil millones.

Es por esto que la derecha ha puesto el grito en el cielo luego de la información revelada por Contraloría, exigiendo incluso la renuncia del ministro Carlos Montes.

Sin embargo, es necesario examinar cuál es el tejado de vidrio con el que cargan los partidos que hoy se ponen con tanta personalidad en la vereda de los impugnadores anticorrupción. El ejercicio que grafica con mayor claridad la calidad de la probidad de la derecha es comparar los 32 mil millones de pesos traspasados a fundaciones -que están siendo investigados judicialmente- con los montos por los que son investigados algunos de los alcaldes y alcaldesas más icónicos de Chile Vamos.

En el caso de la exalcaldesa de la comuna de Maipú, Cathy Barriga, la investigación que pronto podría tener novedades implica un presunto fraude de 31 mil millones al Fisco. Es decir, sólo el presunto fraude de Cathy Barriga en Maipú -donde se hicieron famosas las horas extras que no se trabajaban- iguala prácticamente lo investigado entre todas las fundaciones. del país; y es más de sesenta veces más que lo investigado en el caso de Democracia Viva.

Si observamos lo ocurrido con la exalcaldesa UDI Virginia Reginato, en Viña del Mar, la diferencia es aún más escandalosa. En la Ciudad Jardín una auditoría forense a los estados financieros de la Municipalidad, de junio 2016 a junio de 2021, dio cuenta de millonarias irregularidades en la administración, revelando 63 observaciones correspondientes al pago de horas extras injustificadas, pérdida de más de mil bienes del inventario y el pago excesivo por motivo arriendos, entre otras anomalías, que generaron más de 100 mil millones de pesos, según reveló BioBio; más de tres veces lo investigado entre todas las fundaciones, y unas doscientas veces lo de Democracia Viva.

En el caso de San Bernardo, la ex UDI Nora Cuevas también fue señalada por la Contraloría, a través de dos auditorías. El órgano fiscalizador detectó irregularidades en fondos no rendidos de subvenciones escolares entre 2016 y 2020, por montos superiores a $20 mil millones, lo que hizo al Ministerio Público advertir sobre las primeras sospechas en torno al caso. En el primer informe, del año 2017, la Contraloría detectó la falta de $9 mil millones en las cuentas bancarias por concepto de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). Con estos antecedentes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso la primera querella en contra de la exlacaldesa, en abril 2020.

En un caso más reciente, el fundador de RN y exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, habría gastado $4.500 millones sin justificar, según Contraloría. El informe reveló una de serie de debilidades en el control interno, transferencias sin respaldo e injustificados desembolsos de fondos municipales en los últimos dos años de Torrealba.

En La Florida, en tanto, se han detectado diferencias por más de $4.600 millones en cuentas bancarias de educación. Movimientos improcedentes por varios miles de millones de pesos entre cuentas corrientes de uso exclusivo para subvención de ítems asociados a la educación, además de dineros que no fueron rendidos en su debido momento, son parte de los hallazgos de una auditoría realizada por Contraloría a la Corporación Municipal de La Florida, municipio que lidera el presidenciable Rodolfo Carter.

Si sumamos sólo estos cinco casos de alcaldes de derecha investigados, llegamos a la cifra de 160.100 millones de pesos, cinco veces más que lo investigado a 53 fundaciones. Un dato que ilustra parte de la historia de la derecha administrando dinero público y que demuestra que por lo que hoy se escandalizan es muy poco comparado con lo que ellos no supieron advertir al interior de sus propias filas.

El Director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolett, decidió remover de su cargo, con efecto inmediato, al Director de Grandes Contribuyentes, Christian Soto, debido a que los antecedentes preliminares recabados en el marco de la investigación interna que lleva a cabo la entidad por el llamado “caso audios” y las diligencias decretadas por el Ministerio Público por el eventual delito de cohecho, implican que haya perdido la confianza en su gestión, señaló en un comunicado.

El sumario administrativo sigue en pleno desarrollo, por lo que no se descarta la adopción de medidas adicionales respecto de otros funcionarios, dijo el Servicio.

Cabe recordar que tanto la investigación penal del Ministerio Público, como el sumario administrativo interno que está efectuando el SII, tienen el carácter de reservados.

«Como lo ha hecho desde el inicio de este caso, este Servicio seguirá prestando la más completa colaboración al Ministerio Público con el objetivo de aportar al éxito de la investigación que desarrolla y asegurar que los responsables de cualquier hecho constitutivo de delito sean debidamente sancionados», concluyó la declaración.

Source link

En una operación policial denominada «LUXURY,» liderada por la Brigada de Investigación Criminal de Peñalolén (BICRIM PEÑALOLÉN), se logró la detención de 14 individuos vinculados a delitos de robo de vehículos, robo con intimidación y otros delitos contra la propiedad. Este operativo, resultado de una exhaustiva investigación, ha tenido como objetivo principal mejorar la seguridad en la comuna de Peñalolén y zonas aledañas.

La operación «LUXURY» fue ejecutada como resultado de la investigación llevada a cabo por el Grupo de Investigación Policial (GIP) de Peñalolén, en coordinación con la Fiscalía Local de La Florida. La pesquisa abarcó las comunas de Peñalolén, La Florida, Macul y otras áreas, centrándose en casos de robo con intimidación y violencia, específicamente bajo las modalidades de «encerrona» y «portonazos.» Estos delitos, perpetrados en fechas diversas y en distintas comunas de la Región Metropolitana y Valparaíso, se caracterizaron por su violencia extrema, donde las víctimas eran intimidadas con armas de fuego.

La investigación permitió identificar una banda criminal organizada detrás de estos actos delictivos. La individualización de los integrantes se logró mediante diversas técnicas investigativas, como intervenciones telefónicas, análisis de tráficos telefónicos y redes sociales, trabajo de sitio de suceso y reconocimientos fotográficos. La información recopilada permitió posicionar a los miembros de la banda en varios delitos, lo que llevó a la ejecución de allanamientos en domicilios ubicados en Peñalolén, La Granja, San Ramón, Puente Alto, La Cisterna, Ñuñoa, Paine y El Quisco, logrando la detención de la mayoría de los implicados.

Durante los allanamientos, se incautaron diversas especies, entre las que se incluyen:

Pistolas
Chalecos Antibalas
$2.400.000 en efectivo
Más de 160 gramos de clorhidrato de cocaína
Diferentes elementos destinados para cometer delitos
Entre otras especies incautadas

Estos resultados destacan el compromiso de las autoridades y las fuerzas de seguridad en la lucha contra la delincuencia y subrayan la importancia del trabajo de investigación para asegurar una comunidad más segura. Se hace un llamado a la ciudadanía a continuar colaborando con las autoridades, contribuyendo así a la prevención y erradicación de actos delictivos en la comuna de Peñalolén.

20 de noviembre de 2023

Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza ha obtenido la victoria en las elecciones presidenciales argentinas, tras recibir el apoyo de poco más del 55 % de votos, superando al candidato de la coalición Unión por la Patria, Sergio Massa, que había ganado la primera vuelta electoral.

Tras una campaña para la primera vuelta electoral muy marcada por la Crisis económica y sanitaria argentina (2018-2023), Milei, segundo candidato en votos de la primera vuelta, había sumado a su equipo a Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio que no había pasado a la segunda vuelta, pero había obtenido el apoyo de 6 379 023 votantes en la primera vuelta.

La diferencia final de votos entre uno y otro ha sido de casi tres millones, una derrota contundente para el peronismo que no tiene precedentes. Esto supone un cambio en la dirección política del país más pronunciado de lo que se preveía.

Según los resultados, Javier Gerardo Milei será investido presidente de la Nación Argentina el 10 de diciembre de 2023. Victoria Villarruel por su parte, será nombrada su vicepresidenta.

La victoria del ‘león’, como se lo conoce entre sus seguidores, fue contundente. De hecho se impuso en 20 de las 24 jurisdicciones que tiene el país, contando 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital del país.

Massa, en tanto, logró mayoría de votos en solo tres distritos: Santiago del Estero, Formosa y Buenos Aires (provincia).

Déjanos tus comentarios

¿Tienes alguna opinión sobre esta historia?
Compártela con nosotros

Comentar

Fuente

A mediodía del pasado viernes llegó a la comuna de Colchane la Vicepresidenta de la República Carolina Tohá, junto con la Ministra de Defensa, Maya Fernández, para inaugurar el nuevo Punto de Control Fronterizo (POF), que marca un hito en la seguridad fronteriza de nuestro país.

La comuna de Colchane, en la Región de Tarapacá, había sido el epicentro del paso irregular de migrantes desde Bolivia, que tuvo su pick en febrero del año 2021.

En conversación con Cooperativa, la vicepresidenta sostuvo que el hecho «es muy importante, ya que estamos inaugurando estos puestos de observación fronteriza que es una nueva tecnología que el país no tenía, que nos va a permitir una capacidad de control en la frontera muy superior a la que hemos tenido históricamente».

Los nuevos puestos de observación fronteriza están equipados con puestos móviles, conexión satelital y cámaras térmicas que permiten visión nocturna y capacidad de captar imágenes a distancias de hasta 10 kilómetros. En palabras de Tohá, esta tecnología representa un cambio significativo en la capacidad del país para controlar y gestionar sus fronteras.

Esta iniciativa, coordinada por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, se prevé expandir a otras áreas fronterizas, incluyendo Chacalluta y la región de Atacama.

Ultimátum a Ministra del Interior, Carolina Tohá

Esta misma semana, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) amenazaron con acusar constitucionalmente a la ministra Carolina Tohá bajo la condición de que el Gobierno expulse antes del cierre de año los 12 mil migrantes que están con resolución de expulsión decretada por la justicia.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, rechazó enfáticamente la amenaza: “Estamos hablando de una especie de ultimátum de un partido que era oficialista en el periodo anterior y en ese gobierno, las expulsiones fueron alrededor de 1.300 en cuatro años”, respondió la vocera de Gobierno.

Vallejo apuntó al estado de abandono de las fronteras que recibieron como gobierno, donde los equipos tecnológicos y los escáneres – necesarios para detectar drogas, armas y otros bienes ilícitos – estarían en un mayor grado obsoletos y sin funcionar. En ese sentido, la ministra sostuvo que “hay que ser razonable y realista cuando se hace la crítica, porque no podemos exigirle a otro que haga todo lo que no fuimos capaces de hacer. Eso es lo que está haciendo un partido que fue de gobierno en periodo anterior”.

Vallejo afirmó el Ejecutivo se está tomando “en serio problema (de seguridad) porque es grave”, sin embargo, “no es comprensible que un sector político que fue gobierno hace muy poco tiempo, que no fue capaz de expulsar a todas las personas que había que expulsar, administrativamente hoy día exija en un mes expulsar 10 veces más de lo que pudieron ellos. Se requieren muchos recursos, pero además es una capacidad logística que en un mes no se puede desarrollar”.

En tanto, el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, anunció el pasado jueves que un monto extraordinario de 7.200 millones de pesos del presupuesto de la Nación 2024 se destinarían exclusivamente a financiar expulsiones. Además, Monsalve estaría viajando a Venezuela para recuperar la gestión diplomática necesaria para ejecutar las expulsiones administrativas, y que se había perdido por razones ideológicas en el gobierno anterior.