En un revelador informe de CIPER Chile, se ha destapado que varias tarjetas de combustible asignadas a los parlamentarios para facilitar su labor legislativa han sido utilizadas de manera indebida por familiares de estos, llevando a un uso personal de fondos públicos destinados para gastos operacionales del Estado. Tamara Küpfer, ex pareja del diputado del Partido Republicano Cristóbal Urruticoechea, ha sido señalada como una de las principales usuarias, registrando 38 cargas con las tarjetas proporcionadas por el Congreso.
El uso de estas tarjetas, destinadas exclusivamente para cubrir los desplazamientos necesarios en el ejercicio de la función parlamentaria, ha sido un beneficio mal aprovechado, según la investigación. Los parlamentarios y sus asesores son los únicos autorizados para su uso, bajo un convenio que estipula la presentación de una identificación al momento de cargar combustible, para asegurar la transparencia y correcta utilización de los recursos estatales.
Tamara Küpfer declaró haber usado las tarjetas durante casi cinco años, bajo el entendimiento de que el diputado Urruticoechea reembolsaría mensualmente al Congreso el dinero utilizado. Sin embargo, la administración de la Cámara ha confirmado que no se ha registrado ningún reembolso por parte de Urruticoechea ni de otros parlamentarios implicados en usos irregulares de las tarjetas.
La fiscalía ha iniciado una investigación tras las revelaciones de CIPER, pero hasta el momento, ha mostrado pocos avances, sin haber citado a declarar a Küpfer ni a otros involucrados. La Cámara de Diputados, por su parte, ha realizado cambios en la normativa para evitar futuros abusos, asegurando que solo se reembolsarán los gastos de combustible que cumplan estrictamente con las normas establecidas.
El caso ha levantado preocupaciones sobre la gestión de los recursos estatales y la transparencia en el uso de los mismos, mientras el diputado Urruticoechea ha evitado hacer comentarios sobre el asunto, delegando la resolución del caso a las autoridades judiciales. La justicia chilena ahora enfrenta la tarea de esclarecer estos hechos y establecer las responsabilidades correspondientes en un escándalo que ha tocado la fibra de la ética pública y la confianza en los representantes elegidos.
