En un operativo de gran envergadura, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a Susan Alarcón, militante de Renovación Nacional (RN) y jefa de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de La Araucanía. La Policía de Investigaciones apunta al papel de Alarcón en la adjudicación de fondos públicos a las fundaciones Folab y Educc, que favoreció con más de $365 millones a cada una.

Posteriormente, estas fundaciones habrían entregado una compensación económica de $9 millones de pesos a Alarcón, por las millonarias transferencias que habría facilitado, lo que configura un escenario de fraude al Fisco y cohecho.

La formalización de Susana Alarcón (RN)

La formalización por los delitos de fraude al Fisco reiterados y cohecho, fue llevada a cabo este jueves 28 de diciembre, y decretó para Alarcón la medida cautelar de prisión preventiva y 120 días para la investigación. Por ese tiempo la formalizada estará recluida en la cárcel de Temuco.

En base a lo mencionado, el persecutor señaló durante l formalización que: “Ella es una funcionaria de orden técnico dentro del Gobierno Regional, que tuvo una serie de actividades en razón de su cargo, que posibilitaron justamente la entrega o aporte de estos fondos públicos”.

Sobre Alarcón llama la atención que se desempeñaba como jefa de la División de Fomento e Industria del GORE desde el año 2019, y que el año 2020 había sido reconocida como una de las 100 mujeres líderes de la Región de La Araucaníapor parte de Corparaucanía y Diario Austral.

El “Caso Manicure”

En la investigación conocida como el «caso manicure», la Fiscalía examina a las fundaciones Folab y Educc por presuntamente recibir fondos destinados a la creación de programas de microemprendimiento para mujeres jefas de hogar en Temuco y Padre Las Casas, programas que, sin embargo, nunca se llevaron a cabo.

Se esperaba que estas fundaciones ofrecieran formación en áreas como peluquería, masoterapia, colorimetría, manicure y pedicure, beneficiando a 200 mujeres jefas de hogar. Cada una de estas mujeres recibiría un conjunto de herramientas y productos valorados en $2 millones de pesos para iniciar sus propios negocios.

Sin embargo, las acusaciones de las mujeres supuestas beneficiarias llevaron a descubrir que estos fondos podrían haber sido malversados. Como resultado, Rinett y Juvenal Ortiz, los hermanos a cargo de las fundaciones, fueron arrestados y están actualmente en prisión preventiva, pendientes de juicio.

Grandes tensiones se viven actualmente en el consejo municipal de La Reina. La noticia de la formalización de la actual directora jurídica de la comuna, Andrea Díaz, por su papel como “mano derecha” de Cathy Barriga, la otrora alcaldesa de Maipú, no cayó bien entre algunosconsejeros de la comuna.

Andrea Díaz, exadministradora municipal de Cathy Barriga (UDI) es imputada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público en el marco del desfalco de la gestión de Barriga, que ha sido estimado en más de 31 mil millones de pesos, caso que está siendo ampliamente cubierto por la prensa.

El pasado concejo municipal, celebrado el 19 de diciembre, estuvo atravesado por peticiones de desvinculación de la funcionaria. Así mismo, los concejales Fernando Encina (CS) y Cristián del Canto (PS) expresaron por redes sociales su preocupación por la “imagen del municipio” que se vería afectada por la exposición mediática del caso.

Las solicitudes fueron desestimadas por el alcalde José Manuel Palacios (UDI), quien defendió la permanencia de Díaz, apuntando a que “los hechos ocurrieron en otro municipio y destacando su labor en La Reina”.

No es el único caso

La situación de Díaz es solo una de las que preocupan en La Reina, donde también trabajan un expolicía denunciado por faltas a la probidad y un exadministrador municipal acusado de acoso sexual en San Miguel.

Se trataría de José Luis Rodríguez, exadministrador de San Miguel destituido por acoso sexual, y Enrique Bassaletti, exgeneral de Carabineros con un historial de acusaciones. Bassaletti fue contratado como director de seguridad en La Reina tras su baja de Carabineros por servicios de seguridad a Chiletabacos.

Estos casos han generado dudas sobre el proceso de reclutamiento de personal del alcalde Palacios. Según el concejal de la comuna, Fernando Encina la situación actual, dista de cumplir los debidos estándares de transparencia y probidad, lo que resulta “muy triste para la comuna”.

En un esfuerzo por cumplir con las exigencias del Servicio Electoral, el partido Amarillos por Chile enfrenta una carrera contra el tiempo para elegir a su directiva nacional y miembros del Tribunal Superior. Tras un proceso electoral complejo y con una participación de solo el 7.68% de sus militantes, la organización ha luchado para cumplir con las cuotas de género requeridas, lo que ha derivado en una elección complementaria apresurada.

La primera ronda de elecciones resultó insuficiente para alcanzar la paridad de género, con una representación femenina significativamente baja. Solo 10 mujeres lograron ser proclamadas, con Iris Boeninger y Bernardita Soto, entre otras, obteniendo escasos votos. Esta situación condujo a una elección complementaria, en la que participaron un 5.71% de los militantes, y cuyos resultados favorecieron a Pilar Peña y Mariana Aylwin con una mayor cantidad de votos.

Los hombres, por su parte, tampoco tuvieron una votación destacada en la primera ronda, con Reinaldo Figueroa liderando con solo 22 votos. Esta cifra refleja la baja participación y el desafío que enfrenta el partido para movilizar a sus miembros. Esta situación ha puesto en tela de juicio la capacidad del partido para garantizar una representación equitativa y ha resaltado las tensiones internas frente a los mandatos legales de inclusión de género.

Las críticas hacia Amarillos por Chile no solo vienen dadas por la baja representación femenina inicial sino también por la aparente falta de medidas efectivas para incentivar una mayor participación y compromiso con la paridad de género. Este escenario pone de manifiesto la necesidad de una reflexión profunda y de acciones concretas por parte de los partidos para adaptarse a un entorno político que demanda igualdad y representatividad.

Con el futuro del partido en juego, Amarillos por Chile se enfrenta a la tarea no solo de completar sus elecciones de manera satisfactoria sino también de fortalecer su compromiso con la inclusión y la paridad. El camino hacia la recuperación será indudablemente desafiante, pero esencial para su supervivencia y relevancia en el panorama político chileno.

“Hoy, me dirijo a ustedes, compatriotas, para darles una muy buena noticia” abrió Boric hoy en cadena nacional. El mandatario anunció un acuerdo entre Codelco y SQM para la “exploración y explotación” de litio, donde el Estado tendrá una participación mayoritaria. Esta colaboración, subrayó el presidente, debe ser sostenible y comunitaria, respetando los ecosistemas de los salares y la participación de las comunidades locales.

Boric enfatizó que este acuerdo es un paso crucial en la historia minera de Chile, recordando que el litio, al igual que el cobre, es un mineral estratégico para el uso creciente de las energías limpias a lo largo del planeta, y que Chile tiene la mayor reserva a nivel mundial.

El mandatario además, se refirió a que “hubo quienes alzaron la voz y afirmaron categóricamente que era preferible dejar la explotación del litio en manos privadas, y que el Estado debía sólo limitarse a recaudar impuestos”, pero que su convicción es que “Chile puede más que eso”.

“Con orgullo, chilenos y chilenas, podemos decir que el litio es para los chilenos” cerró.

TEMUCO, CHILE – En un relevante operativo policial a las dependencias del Gobierno Regional de la Región de la Araucanía fue llevada detenida Susan Alarcón Rubilar, jefa de División de Fomento e Industria del Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía.

Esta es la primera detención que golpea al Gobierno Regional, controlado por Chile Vamos, marcando un hito en el “Caso Manicure” en la Región de la Araucanía.

El gobernador Luciano Rivas (ind. cercano a Evópoli), también imputado en la investigación por presuntas irregularidades en transferencias de recursos públicos, declinó comentar sobre las diligencias en curso al ser consultado por Radio Bío Bío.

Operación “Caso Manicure”

La acción coordinada entre la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público forma parte de una investigación sobre presunta malversación de fondos públicos destinados a cursos de peluquería, masoterapia, manicure y pedicure, en lugar de beneficiar a más de 200 mujeres en situaciones de vulnerabilidad en las localidades de Temuco y Padre Las Casas.

Durante el allanamiento, la PDI incautó diversos documentos, dispositivos y otros elementos requeridos por la Fiscalía, que son clave para avanzar en la investigación.