“La propuesta del Consejo Constitucional no cumple con los estándares democráticos básicos, por lo que debe ser rechazada”, así se refirieron sobre la propuesta de nueva Constitución, desde el Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA) que, a través de un comunicado, instaron a votar por la opción “En contra” el 17 de diciembre, día del plebiscito constitucional.

En la misiva, la organización que reúne a varios académicos especialistas en temas de seguridad manifestó que “esta nueva propuesta constitucional adolece de serios errores conceptuales, y consolida y refuerza la autonomía de las instituciones armadas y su rol no profesional en materias de orden público, lo que las desprofesionaliza y, en consecuencia, las debilita en su rol fundamental que es la Defensa Nacional“.

Desde el GADFA sostuvieron que “la Constitución de 1980 instituyó a las Fuerzas Armadas como poder de seguridad dándole una amplia autonomía corporativa y roles no profesionales -especialmente en el orden interno- sustentada en la ambigua y nunca bien definida noción de ‘seguridad nacional’”.

Mientras, “la actual propuesta de nueva Constitución Política de la República del Consejo Constitucional 2023 vuelve a incluir esta noción sin nombrarla, ahora bajo una diversidad de menciones no definidas e igualmente ambiguas (seguridad de la Nación, seguridad del Estado, seguridad del país, seguridad externa, seguridad, seguridad interior, seguridad Pública, seguridad pública interior, seguridad ciudadana, seguridad de la población)”.

En ese sentido, exponen que “con estos amplios roles la propuesta lleva a militarizar el Estado y profundiza el rol policial de las Fuerzas Armadas incorporando, como normas constitucionales, la protección de la ‘infraestructura crítica’ -de muy amplia acepción-  y el resguardo de las zonas fronterizas”.

“La constitucionalización de esta última función es, además, contradictoria con el mandato de crear una Policía Fronteriza, como lo hace la disposición transitoria trigésimo sexta”, destacaron.

Además, señalaron que el nuevo texto “incluye a las Fuerzas Armadas en un capítulo especial, el Capítulo VI, poniéndolas al mismo nivel que los Poderes del Estado (el Congreso Nacional, el Gobierno, el Poder Judicial) y que entidades como el Tribunal Constitucional, la Contraloría, y el Banco Central, que son autónomas. Y de acuerdo a la disposición transitoria segunda dos, la actual Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas seguirá vigente con otro nombre y solo podría ser modificada con un quorum superior al normal”.

“Igualmente, limita la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas del Presidente de la República solo al caso de guerra. Restringe su atribución de nombrar a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea de entre los cinco oficiales generales de mayor antigüedad y solo puede llamarlos a retiro por decreto fundado antes de completar su respectivo período, todo cual refuerza la autonomía corporativa de sus mandos”, criticaron.

De esa manera, el Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas sentenció que “la propuesta del Consejo Constitucional no cumple con los estándares democráticos básicos, por lo que debe ser rechazada”.

No hay duda de que el plebiscito constituyente ha entrampado la estabilidad interna del Partido Republicano y de los otros partidos de Derecha. La última muestra de aquello es el tenso debate entre altas figuras de Republicanos, que se vivió a través de un grupo de Whatsapp estratégico del partido.

Según informa La Tercera, el intercambio sucedió entre el empresario y excandidato republicano al Consejo Constitucional, Roberto Weissohn y el ideólogo del Partido Republicano y director ejecutivo de Ideas Republicanas, Cristián Valenzuela.

Todo comenzó porque Weissohn secundó la postura del economista Axel Kaiser “Hay una clara sugerencia que el apruebo es peor para Chile en el mediano plazo. Se rindieron a cambiar un Estado subsidiario por uno de derechos sociales. Y tamaña concesión tampoco logró el objetivo de presentar una Constitución de amplio consenso. Corrieron el cerco a cambio de nada”.

Frente al emplazamiento, Cristián Valenzuela respondió rotundamente: “El objetivo nunca fue presentar una Constitución de amplio consenso. No sé de dónde inventa eso”.

Fraccionamiento interno

Este duro cruce da cuenta de la disputa interna que amenaza la unidad entre los adherentes del Partido Republicano, y que tiene como origen el hecho de que muchos militantes no estaban a favor de un nuevo proceso constitucional. Adicionalmente, a nivel interno en el Partido Republicano, siempre molestó que se hubiese cedido en normas relevantes para el sector, como la paridad de género de salida, el aborto y el Estado social y democrático. Esto último ha sido descrito por sectores más duros del partido como una idea “socialista”.

La crisis que viven Republicanos al interior de su colectividad es evidente y les ha costado, incluso, que caras icónicas como el senador Rojo Edwards rompieran con su militancia, y que otros, como la exconvencional Teresa Marinovic y el diputado Johannes Kaiser, se hayan descolgado del A Favor.

“Más de la mitad de los Republicanos está en contra” de la propuesta constitucional” incluso se atrevió a afirmar hace unas semanas el Senador Rojo Edwards, antes de romper definitivamente con el partido.

Esta vez, la nave transportó en total a 30 extranjeros, de los cuales 12 fueron expulsados por cometer delitos graves como secuestro, robo con violencia, robo con intimidación y tráfico de drogas, mientras que los restantes 18 fueron expulsados por infringir la ley de migración chilena.

Este se suma al último vuelo de expulsión, realizado solo 5 días atrás, que logró deportar exitosamente a 29 extranjeros, entre ellos 22 colombianos, cinco ecuatorianos y dos dominicanos. En este grupo, 19 enfrentaban cargos por delitos como robo y porte ilegal de armas, mientras que los 10 restantes fueron expulsados por ingresar de manera irregular al país.

Este jueves salió del país un vuelo de la FACH con 30 personas extranjeras con orden de expulsión: 12 por expulsión judicial y 18 por expulsión administrativa. pic.twitter.com/reKXDl1qSS

— Migraciones Chile (@MigracionesCL) December 7, 2023

Hasta esta fecha el Gobierno de Chile ha expulsado a 821 extranjeros, con 556 de estos casos vinculados a delitos judiciales relacionados con la seguridad pública, además, el Ejecutivo ha prometido triplicar esta cifra para el año 2024. El presidente Gabriel Boric se refirió hace unos días a la materia, señalando que “(a los criminales) los vamos a pillar, los vamos a enjuiciar y a quienes estén irregulares en Chile los vamos a echar”.

Plan de repatriación voluntaria para venezolanos

Sumado a aquello, ayer, el canciller venezolano, Yvan Gil, anunció que en los próximos días se iniciará “una serie de vuelos de repatriación, coordinados con el gobierno de Chile, siguiendo instrucciones del Presidente Nicolás Maduro”, en el marco del programa “Vuelta a la Patria”.

Por su parte, el presidente Gabriel Boric, subrayó la medida, destacando la gestión diplomática del gobierno para concretar este plan de repatriación voluntaria a Venezuela.

Esto es fruto de un intenso trabajo diplomático que hemos llevado adelante. https://t.co/zz3BS0bUue

— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) December 8, 2023

A través del plan «Vuelta a la Patria», coordinado entre los gobiernos de Chile y Venezuela, se pretende realizar vuelos de repatriación voluntarios para ciudadanos venezolanos que se encuentran en Chile.

El texto constitucional propone la expulsión de migrantes ilegales «en el menor tiempo posible» (art. 16.4.b), una declaración que ha sido criticada por su falta de claridad en la implementación. Incluso Luis Silva, reconocido consejero republicano, ha expresado dudas sobre cómo se llevaría a cabo este proceso, lo que sugiere que la promesa de una acción rápida puede ser más simbólica que efectiva. Esta crítica se centra en la idea de que, sin un plan claro y factible, la promesa de expulsión rápida no pasa de ser una mera declaración de intenciones, careciendo de un impacto real en la gestión de la migración. Además, muchos advierten que esto podría tomar años, por lo lento del proceso legislativo.

Además, el nuevo texto constitucional introduce la creación de una nueva policía fronteriza (D/T trigésima sexta), pero limita su capacidad de actuación al no permitirles el uso de la fuerza (artículo 122.1). Esta limitación ha generado preocupaciones sobre la efectividad de la nueva fuerza en el control de la migración ilegal y el mantenimiento de la seguridad en las fronteras. En contraste, voces destacan que una vía más efectiva sería aumentar la dotación de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que están custodiando las fronteras, gracias a sus capacidades más amplias. La preocupación es que, sin la capacidad de utilizar la fuerza, la nueva policía fronteriza podría ser ineficaz en la prevención del ingreso irregular de personas.

En Iquique y Alto Hospicio, estas preocupaciones se magnifican debido a la situación ya tensa con respecto a la migración. La ciudad ha sido un punto focal de la crisis migratoria, enfrentando problemas de seguridad y descontento social. Los residentes han expresado temores de inseguridad y descontrol, exacerbados por la percepción de que las autoridades no han logrado manejar efectivamente la situación. La falta de claridad en las nuevas políticas migratorias propuestas en el texto constitucional podría agravar estos problemas, dejando a las comunidades locales en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad.

Por lo tanto, el debate sobre el nuevo texto constitucional y su enfoque en la migración sigue siendo un tema sensible y crucial, especialmente en regiones como Iquique, donde la crisis migratoria es una realidad cotidiana y desafiante.

Europa cerró ayer viernes un acuerdo que pone límites al uso de la inteligencia artificial, los cuales comenzarán a regir el año 2026. Los europeos quieren evitar los riesgos que supone el uso de tecnologías insospechadas.

“La UE se convierte en el primer continente que pone reglas claras para el uso de la IA”, ha señalado mientras tanto el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, uno de los grandes impulsores de la normativa y para quien la ley propuesta es “mucho más que un paquete de normas, es una lanzadera para que las startups europeas y los investigadores lideren la carrera global por la IA”, dijo al El País de España.

Es importante poner la pelota en el piso, pues las grandes compañías deberán evitar sanciones que podría ir desde un porcentaje del negocio que han desarrollado hasta la clausura.

Uno de los problemas que enfrentó el Parlamento Europeo fue cómo regular los modelos de IA de propósito general en los que se basan herramientas como el ChatGPT y los sistemas de vigilancia biométrica, como el reconocimiento facial. La ley posibilitará la supervisión y control estatal que puede chocar con los derechos fundamentales de la gente.

«El texto final recoge, aseguran los eurodiputados -según la nota de El País-, sus principales líneas rojas, al confirmar que quedarán prohibidos varios sistemas de vigilancia biométrica que consideraban inaceptables: los sistemas de categorización biométrica (por creencias políticas, religiosas, filosóficas o por orientación sexual o raza); los sistemas para expandir o crear bases de datos faciales captando datos de manera indiscriminada a través de internet o de grabaciones audiovisuales y televisión; el reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y en instituciones educativas; el social scoring (sistemas que puntúan a las personas en función de su comportamiento social o características personales); sistemas que manipulan comportamiento humano y la IA usada para explotar las vulnerabilidades de las personas (por ejemplo por su edad o situación social o económica)».

 

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Uno de los puntos que ha llamado la atención es la exención de contribuciones, que beneficia directamente a las comunas más ricas de Chile. En el caso de Viña del Mar, esta medida podría tener un impacto negativo en la lucha contra los campamentos, que actualmente superan los 70 en la ciudad.

La exención de contribuciones de la propuesta constitucional parece plantear un difícil desafío para Viña del Mar en su intento por erradicar los campamentos. Estos asentamientos precarios representan un problema social, habitacional y sanitario que ha afectado a la ciudad durante años, y la falta de recursos podría complicar aún más la búsqueda de soluciones efectivas.

El Fondo Común Municipal es una fuente crucial de financiamiento para las comunas, permitiéndoles llevar a cabo proyectos de seguridad, mejoras en infraestructuras (como luminarias) y programas sociales. Sin embargo, la exención de contribuciones propuesta podría reducir drásticamente los recursos disponibles para abordar la problemática de los campamentos en Viña del Mar.

Actualmente, el municipio destina parte de estos recursos a programas de vivienda social, mejoramiento de barrios y planes de integración urbana, con el objetivo de ofrecer soluciones habitacionales a las familias que viven en condiciones precarias. La exención de contribuciones podría limitar la capacidad del municipio para ejecutar estos programas de manera efectiva, afectando directamente a quienes residen en campamentos.

Diversos alcaldes han expresado su preocupación ante esta propuesta constitucional y han criticado lo que podría ser “el fin de los municipios”, mientras que sólo el 23% más rico del país paga contribuciones. Se espera que este tema sea discutido en el ámbito local y nacional, ya que la situación de los campamentos no solo afecta a Viña del Mar, sino que es un desafío que enfrentan diversas comunas a lo largo del país.

En conclusión, la exención de contribuciones propuesta en la Nueva Constitución plantea un riesgo significativo para los esfuerzos de Viña del Mar en la erradicación de los campamentos. La falta de recursos podría dificultar la implementación de políticas y programas efectivos para mejorar las condiciones de vida de quienes residen en estas zonas precarias. La discusión en torno a este tema seguramente seguirá siendo central en la agenda local y nacional a medida que se acerca el 17 de diciembre, día de la votación.