Jeanette Breen, quien opera Baldwin Midwifery en el condado de Nassau, proporcionó casi 12,500 inmunizaciones «alternativas» para aproximadamente 1,500 pacientes en edad escolar, según el Departamento de Salud del Estado de Nueva York.
Su «esquema de vacunación» comenzó al inicio del año escolar 2019-2020 y no incluyó vacunas contra el COVID-19, las cuales se empezaron a usar en diciembre de 2020.
Los registros de vacunación falsificados de Breen desde entonces han sido anulados. Los estudiantes afectados por las supuestas acciones de Breen necesitarán demostrar que están médicamente al día con las vacunas para enfermedades incluyendo difteria, hepatitis B, sarampión, paperas, rubéola y varicela para continuar su educación.
«Al falsificar intencionalmente los registros de inmunización para los estudiantes, esta profesional de la salud licenciada no solo puso en peligro la salud y seguridad de nuestras comunidades escolares, sino que también socavó la confianza pública», dijo en un comunicado la Comisionada de Educación del Estado, Betty A. Rosa.
Breen está acusada de tratar a pacientes con el «Programa de Homeoprofilaxis de Inmunidad Real», el cual no está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ni el Departamento de Salud para tratar enfermedades. Se informa que el programa de pastillas se comercializa como una «alternativa a la vacunación» por un homeópata de otro estado.
El Departamento de Salud del Estado de Nueva York impuso a la partera del condado de Nassau una multa de $300,000 por proporcionar información falsa al Sistema de Información de Inmunización del Estado de Nueva York. Los funcionarios estatales dijeron que Breen ha pagado $150,000 de su multa. La otra mitad está condicionada a que mantenga el pleno cumplimiento con las regulaciones de salud pública.
El sitio web de Breen la describe como madre de tres hijos adultos y siete nietos.
En un esfuerzo por contrarrestar la planificación de delitos desde el interior de las cárceles, el Gobierno ha anunciado la implementación de un avanzado sistema de inhibición de señales de celulares en diversos recintos penitenciarios del país.
La medida, anunciada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, busca frenar la organización de actividades criminales y estafas telefónicas llevadas a cabo por reos. De hecho, cifras de Gendarmería revelan que sólo en 2023 se incautaron 26 mil dispositivos electrónicos. En 2022, en tanto, la cifra superó los 30 mil, y el 2021, bordeó los 28 mil.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero
Instalación paulatina
La iniciativa se centrará inicialmente en las cárceles ubicadas en el sector de Avenida Pedro Montt y Nueva Centenario en Santiago, específicamente en la Ex Penitenciaría y Santiago 1. El ministro Cordero destacó la relevancia de esta tecnología, inédita en América Latina, y aseguró que no se permitirá ninguna acción que busque inhabilitar, perjudicar o sabotear su implementación, advirtiendo que «en esto, el Gobierno no dará pie atrás».
Este sistema de inhibición forma parte de un proyecto más amplio que incluirá otros nueve establecimientos carcelarios en el país, incluyendo a Arica, Copiapó, Colina, Valparaíso, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto. Sin embargo, el secretario de Estado evitó entregar más detalles “por razones de seguridad”.
Respecto a posibles motines al interior de los recintos penitenciarios, en protesta a la medida, Cordero indicó que, “Gendarmería de Chile ha tomado todos los resguardos y ha levantado todo tipo de información. También hay plena coordinación con Carabineros, la PDI y el Ministerio Público”. “Lo que quiero transmitir a todas las personas es que la inhibición se va a ejecutar”, sentenció.
Rectores y Rectoras de las dieciocho universidades estatales que conforman la Red Compromiso con el Desarrollo Sustentable del CUECH, se comprometieron a través de la firma de una declaración a fomentar no sólo el desarrollo sostenible en todos los aspectos de gestión y operación institucional, sino que también a ser agentes de cambio profundo en el ámbito local y global.
Con este acto -cuya sede fue la UTEM y su líder la directora y rectora de esta casa de estudios, Marisol Durán Santis- los firmantes ratificaron estar conscientes de la magnitud de los desafíos y convencidos de que la educación superior pública debe ser un motor clave para construir una sociedad justa e inclusiva, próspera y ambientalmente regenerativa. En este largo camino hacia el 2030 se comprometen a ser ejemplo y líderes en la promoción de la sustentabilidad en todas sus dimensiones.
“Es indudable el papel protagónico que las universidades pueden y deben tener en el enfrentamiento del cambio climático, considerando su condición de instituciones que son depositarias de los saberes y conocimientos avanzados en el campo de las ciencias y que, al mismo tiempo, son formadoras de agentes de cambio”, señalo la directora de la Red Compromiso con el Desarrollo Sustentable.
Añadió que “debemos hacernos cargo de incorporar la sustentabilidad en el ADN de las y los estudiantes, lo que significa articular esa perspectiva transversalmente, en cualquier materia de estudio, para generar cambios a mediano y largo plazo en la sociedad y, obviamente, a corto plazo en las comunidades universitarias del país”.
Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas -además de felicitar la suscripción del compromiso- sostuvo que las universidades tienen el rol clave al formar personas que integren el enfoque ecológico en los roles profesionales que cada estudiante ocupe en el futuro. “Esperamos que este compromiso permee la cultura educativa de cada establecimiento y rinda sus frutos para aumentar la conciencia sobre temáticas ambientales, adquirir valores y cambiar nuestros hábitos para proteger a la naturaleza y a las generaciones presentes y futuras”, dijo.
En la misma línea, el rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del CUECH, Osvaldo Corrales, declaró que «para nosotros se trata de un hito de la mayor significación, que responde a la visión, al compromiso y a los valores que las universidades deben tener con el desarrollo sostenible de nuestro país y de sus regiones».
El director de la red -David Blanco Fernández, académico UTEM- enfatiza en que la firma de este convenio “representa un hito muy importante para la continuidad y fortalecimiento de este proyecto, además de servir de impulso para la generación de más actividades y la agilización de los procesos. Hoy las universidades han demostrado que están comprometidas con el desarrollo sustentable del país, que están concientizadas para generar elementos de cambio y que pondrán a disposición las herramientas necesarias para que el país siga creciendo en este ámbito”.
Principales ejes
La “Declaración de compromiso por la Sustentabilidad de las universidades estatales” se focaliza principalmente en seis ejes, el primero dice relación con la “Educación para la Sustentabilidad”, en cuanto a formar ciudadanos y ciudadanas conscientes crític@s y comprometid@s, entregando a la sociedad agentes de cambio capaces de innovar y transformar los modos de producción y consumo hacia prácticas sustentables.
También incluye la “Investigación e Innovación con Enfoque Sustentable”, que aspira a un cambio profundo en la investigación e innovación, impulsando un enfoque multidisciplinario que agregue proyectos de investigación e innovación que generen conocimientos y tecnologías para enfrentar los desafíos del presente y el futuro.
La “Gestión de Campus Sustentables”, en tanto, considera las casas de estudio como herramientas de aprendizaje para las comunidades universitarias, promoviendo prácticas en lo cotidiano, como lo es la reducción de la huella ecológica y el incremento del desempeño ambiental institucional.
En el caso de la “Contribución al Desarrollo Sustentable Global”, los esfuerzos serán focalizados a generar iniciativas mundiales a través de la cooperación, trabajando en conjunto con el sistema internacional para afrontar los desafíos globales y fortalecer la promoción de estas prácticas en todos los ámbitos de la sociedad chilena.
Y, finalmente, el “Compromiso con la Carbono Neutralidad y el Trabajo en Red”, donde el primero busca acciones concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, e impulsar el uso de energías limpias, mientras que el segundo facilita el avance conjunto, compartiendo conocimientos, experiencias y buenas prácticas.
La Encuesta Signos/ElMostrador de esta semana se abocó a auscultar la opinión ciudadana sobre los hechos de corrupción pública del último tiempo, entre ellos los audios del llamado Caso Hermosilla. Este hecho ha derivado en la renuncia y formalización del director general de la Policía de Investigaciones por filtraciones reiteradas de datos reservados de diferentes causas al abogado Luis Hermosilla, y cuya proyección global de lo que se investiga aún se desconoce.
Preguntados los encuestados si cree que tales filtraciones son un hecho puntual o algo generalizado dentro de la PDI, el 56,9% contesta que es un hecho generalizado; un 38,6% que es puntual y un 4,5% dice que no sabe. Preguntados los encuestados en materia de confianza sobre este mismo hecho, si siguen teniéndola en la PDI un 23,4% dice que la mantienen pues fue un hecho puntual; un 36,1% dice que perdió un poco la confianza; y un 38,7% dice que perdió mucho la confianza y un 1,8% dice que no sabe.
De esos guarismos se desprende que el golpe institucional es enorme, aunque no solo derivado del caso del renunciado exdirector de la PDI, sino muy seguramente también de la situación de su antecesor, quien se encuentra al igual bajo investigación criminal formal por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y cuyo caso tiene también relación con los secretos filtrados.
La encuesta es un sondeo semanal de carácter nacional realizado por SignosAnalytics en colaboración con el diario electrónico El Mostrador entre los días 18 y 22 de marzo de 2024. Corresponde a una muestra probabilística de 1215 encuestas, con un error muestral total de 2.8 puntos porcentuales. Auto aplicada vía Web con apoyo de instrumentos de IA para mejorar su eficiencia a una muestra seleccionada aleatoriamente y expandida según variables de sexo, edad y educación.
Percepción de corrupción pura y dura
En materia de corrupción con una escala donde la nota 1 es Nada Corrupto y la nota 7 es Muy Corrupto, los encuestados le asignan a Chile una nota promedio de 5,8, es decir más de un 52% de ellos lo califican con 6 o 7 es decir como Muy Corrupto, y otro 30% como corrupto. Menos de un 5% de los encuestados califican a Chile con las notas 1,2 y 3.
Preguntados los encuestados por la corrupción actual en relación a cinco años atrás, el 60,2% dice que hoy Chile es más corrupto; el 31,8% que es igual de corrupto y el 5,2% que es menos corrupto. Solo un 2,8% dice no saber.
Dos consideraciones importantes. La primera es que pese al ambiente de inseguridad y corrupción que por estos días golpea a las fuerzas de Orden y Seguridad, preguntados los encuestados sobre 4 instituciones del Estado, dos policiales y dos civiles, las que presentan menor prestigio son las civiles: ¿En una escala de 1 a 7, donde 1 es NADA CORRUPTO Y 7 es MUY CORRUPTO, dónde ubicaría a las siguientes instituciones de Chile?: Carabineros recibe una nota promedio de 4,4; la Policía de Investigaciones recibe una nota promedio de 4,9; el Ministerio Público o Fiscalía recibe una nota promedio de 5,2 ; y los Tribunales y Jueces reciben una nota promedio de 5,7. Carabineros es la mejor evaluada pero la situación de su Director General Ricardo Yañez empeoró ya que hoy un 45,3% considera que debe renunciar ante el aviso de su formalización en mayo, mientras que en enero de este año, ante la misma pregunta solo un 35,7% manifestaba esa misma opinión.
El segundo aspecto a considerar es que el promedio de corrupción atribuido corresponde a Percepciones, es decir se asimila más a reputación y prestigio que a experiencia directa de los encuestados. Preguntados sobre si habían sido víctimas de un hecho de corrupción en los cinco años anteriores solo un 28,1% respondió que sí, y un 69,3% dijo que no, y un 2,6% que no sabe. En todo caso, aquí vale la sentencia del filósofo inglés Edward Charles de Bono acerca de que “las percepciones no son la realidad, pero son realidad”. Algo que resulta esencial para evaluar el momento político nacional.
El resto de las evaluaciones semanales de la Encuesta Signos/ElMostrador no mueve de manera significativa los guarismos de semanas anteriores, especialmente en materia electoral presidencial, donde se mantiene los cinco front runners con Evelyn Matthei a la cabeza con 29,7% seguida de José Antonio Kast que sube otro poquito a 18,6%
La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, presentó este sábado la Estrategia Nacional para detener la aceleración del sobrepeso y la obesidad en la niñez y adolescencia, en el marco de la Política de Alimentación y Nutrición 2023-2030, instancia en la que además diversas instituciones del intersector se comprometieron a trabajar por un Chile más equitativo y saludable para los niños, niñas y adolescentes.
La estrategia anunciada tiene como objetivo impulsar el desarrollo de regulaciones, planes y programas para detener la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños, niñas y adolescentes menores de 19 años. Además, cuenta con 29 líneas estratégicas prioritarias que se alinean con la Agenda para el Desarrollo Sostenible y con el nuevo Plan de Aceleración de la OMS para detener la obesidad, el cual fue elaborado en base a las nuevas recomendaciones aprobadas en la 75 Asamblea Mundial de la Salud.
Durante la actividad, la subsecretaria señaló que “esta estrategia es muy relevante porque hemos visto en nuestro país un aumento sostenido de la mal nutrición por exceso tanto de sobrepeso y obesidad en la población general, y sobre todo, en la población infanto adolescente”, agregando que ejemplo de ello es que los sistemas de vigilancias “de niños y niñas que se controlan en el sector público muestran que desde el año 2005 al 2022 se duplicaron los índices de mal nutrición por exceso, lo que es muy preocupante ya que esto tiene consecuencia para su salud y bienestar en el corto y largo plazo, y se traduce en una reducción en la esperanza de vida, discapacidades precoces, además de afectar los costos asociados a sector salud para atender las consecuencias por sobrepeso y obesidad”.
En la instancia además se firmó un convenio de colaboración buscando abordar el desafío de la obesidad infantil y adolescente, pensando en su presente y futuro.
Estos nuevos representantes diplomáticos de Chile en el extranjero, todos provenientes de la carrera diplomática, fueron anunciados recientemente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según el comunicado oficial, el Presidente Gabriel Boric designó a los siguientes individuos:
– Patricio Aguirre, quien asumirá como embajador en Kenia.
– Julio Bravo, quien ocupará el cargo en Rumania.
– Manahi Pakarati, encargado de la embajada en Nueva Zelanda.
– Tamara Villanueva, quien representará a Chile en Singapur.
Vale la pena mencionar que aún está pendiente el nombramiento del embajador en el Reino Unido, posición vacante desde la controvertida salida de Susana Herrera a mediados de 2023.
Breve perfil de los designados:
Patricio Aguirre: Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Academia Diplomática Andrés Bello. Posee una maestría en Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero en la Ciudad de México y estudios de Magíster en Derecho Minero de la Universidad de Chile. Ha desempeñado roles diplomáticos en la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas y como Cónsul en Haití y Suiza.
Julio Bravo: Profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Concepción, graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello. Obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha sido embajador de Chile en Polonia y ha ocupado cargos en diversas embajadas, incluyendo el Reino Unido, Perú, Argentina, Estados Unidos y en la Secretaría del Foro Económico Asia-Pacífico (APEC) en Singapur.
Manahi Pakarati: Bibliotecaria documentalista con estudios en la Universidad Tecnológica Metropolitana y la Academia Diplomática Andrés Bello. Cuenta con estudios de periodismo en la Universidad de Chile y un máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Victoria de Wellington, en Nueva Zelanda. Ha trabajado como cónsul en Nueva Zelanda, en la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas y en la Embajada de Chile en México.
Tamara Villanueva: Socióloga egresada de la Universidad de Chile y la Academia Diplomática Andrés Bello. Ha desempeñado funciones en embajadas de Chile en Italia, Malasia y Suecia, además de haber sido representante permanente adjunta de Chile ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Programa Mundial de Alimentos.
Carabineros y la Municipalidad de Santiago llevaron a cabo el desalojo de una propiedad ocupada ilegalmente en el Barrio República, marcando el desalojo número 42 en la comuna. Esta acción tuvo lugar en un inmueble que anteriormente albergaba al instituto Esucomex, situado en la calle Ejército, y que había sido ocupado desde hace dos años.
El mayor de Carabineros, Mauricio Meneses, informó que durante la operación, 76 personas fueron desalojadas de la propiedad, entre las cuales se encontraban 29 menores de edad. La mayoría de los ocupantes eran de origen extranjero.
El operativo se llevó a cabo en respuesta a varias denuncias de actividades delictivas en el sector, con las autoridades en busca de evidencia relacionada con estos delitos dentro del inmueble. Kevin Díaz, director de Prevención y Seguridad Comunitaria de Santiago, señaló que los ocupantes ilegales cobraban entre $100.000 y $200.000 por arrendamientos no autorizados, aprovechándose de la situación del inmueble desde el año 2022.
Díaz también resaltó la importancia de la nueva Ley de Usurpaciones en el proceso, mencionando que esta normativa clasifica la ocupación ilegal como delito, facilitando así su persecución judicial. Este desalojo representa un paso adelante en la lucha contra la ocupación ilegal de propiedades y los delitos asociados a esta problemática en Santiago.
Este jueves, Chile se prepara para recibir más de 100 mil dosis de Nirsevimab, marcando la llegada del segundo cargamento de este importante fármaco destinado a prevenir el virus sincicial, especialmente entre lactantes y recién nacidos hasta los 6 meses de edad. Este esfuerzo busca reducir significativamente las hospitalizaciones causadas por este virus.
El aeropuerto de Santiago será el punto de encuentro donde la ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al Presidente Gabriel Boric y otras autoridades, darán la bienvenida a esta nueva partida de medicamentos. Con esta acción, Chile se posiciona como el primer país de Latinoamérica en adquirir este innovador tratamiento, que promete ser un escudo protector contra el virus para los más vulnerables de la sociedad.
Esta adquisición forma parte de la «campaña de invierno 2024» impulsada por el Ministerio de Salud, cuya meta es inmunizar al 80% de los niños y niñas del país, brindándoles una protección crucial contra enfermedades respiratorias.
La ministra Aguilera destacó la importancia de este avance, señalando que el Nirsevimab es un anticuerpo monoclonal de reciente desarrollo, con menos de dos años en el mercado internacional, pero que ha demostrado ser altamente efectivo en prevenir la enfermedad grave por virus sincicial y, consecuentemente, la reducción de hospitalizaciones pediátricas por esta causa.
El Nirsevimab se administra mediante una única dosis preventiva, actuando de manera similar a una vacuna al proporcionar directamente los anticuerpos necesarios para proteger a los infantes. Este enfoque innovador permite que los recién nacidos salgan de las maternidades ya protegidos contra el virus, marcando un hito en la salud pública y la prevención de enfermedades respiratorias en Chile. Con la llegada de este segundo cargamento, el país reafirma su compromiso con la salud de sus ciudadanos más jóvenes, preparándose para enfrentar el invierno con una herramienta poderosa contra el virus sincicial.
El Ministro de Economía, Nicolás Grau, comunicó que el gobierno ya está desarrollando un plan para abordar la paralización indefinida de actividades en la Siderúrgica Huachipato, ubicada en la región del Biobío, instando a no interpretar la situación meramente como una decisión política.
Durante una consulta sobre la existencia de un «plan B» gubernamental ante el impacto laboral generado por la detención de operaciones de la empresa Huachipato, que repercute en aproximadamente 20 mil trabajadores, Grau subrayó que el objetivo es trabajar junto con la compañía en «soluciones alternativas que aseguren la continuidad de sus operaciones».
El Ministro destacó el compromiso del gobierno en encontrar una solución que permita a Huachipato continuar sus operaciones, a pesar de ser una entidad privada, y mencionó que ya se han iniciado diálogos para hallar una resolución a esta problemática.
Respecto a la posibilidad de implementar medidas protectoras para la industria nacional del acero y las potenciales repercusiones de descontento por parte de China, Grau fue claro al afirmar que se ha actuado conforme a la normativa establecida para demostrar la práctica de ‘dumping’, es decir, la importación de productos a precios inferiores a los del mercado interno, particularmente desde China.
«La Comisión Antidistorsión ha encontrado pruebas de dumping y ha especificado los niveles de esta práctica», declaró el Ministro Grau, enfatizando que reducir este asunto a una mera decisión política ignora el procedimiento y la estructura institucional del país.
Juan Domingo Acosta, abogado del fallecido expresidente Sebastián Piñera, acusó a Luis Hermosilla de «inmiscuirse» en la causa por el Caso Dominga.
«El señor Luis Hermosilla no fue abogado del expresidente Piñera. En la causa Dominga y en otras que le antecedieron, la defensa estuvo a cargo del estudio de abogados Acosta y Compañía, sin participación de ninguna especie del señor Hermosilla», sostuvo el penalista.
La aclaración de Acosta surgió luego de que el Ministerio Público revelara que el exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, filtró a Hermosilla información reservada que involucra a la familia Piñera – Morel.
De acuerdo con el fiscal Francisco Lamas, el exjefe de la policía civil entregó información secreta sobre futuras diligencias policiales o judiciales que procederían en contra de los involucrados en la compra de la Minera Dominga.
En ese sentido, Acosta afirmó que «jamás hablé con él (Hermosilla) del tama y jamás recibí mensajes o antecedentes al respecto».
«Es inaceptable éticamente que un abogado pretenda inmiscuirse en casos que no participa, lo cual rechazo terminantemente», zanjó el abogado del fallecido expresidente.
