Del 21 al 26 de marzo, los patrulleros españoles «Atalaya» y «Vigía» llevaron a cabo la monitorización de una flota naval rusa compuesta por los buques de asalto anfibio «Iván Green», «Aleksander Otrakovsky» y el petrolero «Kola» mientras transitaban por aguas españolas hacia el Mediterráneo Oriental. Estas operaciones, encuadradas en tareas de presencia, vigilancia y disuasión, estuvieron supervisadas por el Mando de Operaciones.
El patrullero «Atalaya» (P-74) identificó y siguió a los buques rusos desde la madrugada del 21 de marzo en aguas del noroeste de la Península Ibérica, manteniendo la vigilancia hasta que los buques se aproximaron a Portugal, momento en el cual la fragata portuguesa «Bartolomeu Dias» tomó el relevo. Tras completar esta misión y pasar dos días en aguas españolas en respuesta a la presencia rusa, el «Atalaya» volvió a su base en Ferrol.
Posteriormente, del 23 al 26 de marzo, el «Vigía» tomó el relevo de la fragata portuguesa como parte de su asignación al Núcleo de Fuerza Conjunta NFC-1, continuando la monitorización de la flota rusa mientras navegaba por el Golfo de Cádiz, en una operación de vigilancia centrada en la ruta marítima entre el cabo de San Vicente y el estrecho de Gibraltar.
En una ceremonia desarrollada en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric promulgó la Ley Marco de Ciberseguridad, marcando otro paso en la agenda de seguridad concordada entre el Ejecutivo y el Parlamento.
“Chile se convierte en el primer país de América Latina y el Caribe en tener una agencia nacional de ciberseguridad y un marco regulatorio de vanguardia en este campo”, subrayó el mandatario en su discurso.
Promulgación de la Ley Marco de Ciberseguridad en el Palacio de La Moneda
Nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI)
La nueva ley establece la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), que actuará como el ente rector en la materia, fijando normativas técnicas, fiscalizando su cumplimiento, y aplicando sanciones de hasta 40 mil UTM (aproximadamente 2 mil 600 millones de pesos) en casos de infracción. Además, la agencia también será responsable de dictar protocolos y estándares para prevenir, reportar y resolver incidentes de ciberseguridad.
El Presidente detalló que, con la entrada en vigencia de la Ley “vamos a tener más y mejores herramientas para poder proteger los derechos de las personas en el ciberespacio. Así vamos a poder prevenir y enfrentar de mejor manera casos muy concretos como la suplantación de identidad, el envío de virus, sabotajes, cortes de servicio y el spam, entre muchos otros incidentes de seguridad informática”.
La ley especifica una amplia gama de servicios esenciales y operadores de importancia vital que deberán acogerse a estas nuevas regulaciones, abarcando desde organismos estatales y empresas de telecomunicaciones hasta entidades de salud, servicios financieros, y más. Esta cobertura asegura una protección integral frente a los riesgos cibernéticos, salvaguardando infraestructuras críticas para el funcionamiento del país.
Política Nacional de Ciberseguridad
En la misma instancia, el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, presentó oficialmente la nueva Política Nacional de Ciberseguridad para el período 2023-2028. Esta política, que es el resultado de los esfuerzos de un Comité Interministerial dedicado a la ciberseguridad, articula cinco metas estratégicas fundamentales:
Infraestructura Resiliente: Se enfocará en establecer una infraestructura informática sólida y capaz de sobreponerse a cualquier incidente de ciberseguridad, orientada desde un enfoque de manejo proactivo de los riesgos.
Derechos de las personas: El gobierno asegurará y promocionará activamente la defensa de los derechos individuales en el ámbito digital, reforzando las estructuras gubernamentales enfocadas en la ciberseguridad.
Cultura de Ciberseguridad: A nivel nacional, se promoverá una cultura que valore la ciberseguridad a través de la educación, la implementación de buenas prácticas, y la responsabilidad en el uso de las tecnologías digitales, asegurando así los derechos individuales.
Coordinación Nacional e Internacional: Entidades tanto públicas como privadas buscarán crear alianzas de colaboración con otros sectores y con la autoridad nacional emergente en ciberseguridad, poniendo un énfasis especial en la divulgación de iniciativas de seguridad en el ciberespacio.
Fomento a la Industria y la Investigación Científica: Se incentivará el crecimiento de una industria dedicada a la ciberseguridad que proteja tanto a individuos como a organizaciones, alineada con los objetivos estratégicos del país.
“En Chile la ciberseguridad, afortunadamente, se ha consolidado como una política de Estado” cerró Boric.
Presentación de la Política Nacional de Ciberseguridad 2023 – 2028
La ministra de Minería, Aurora Williams, anunció importantes avances en la Estrategia Nacional del Litio, destacando un enfoque pionero en la protección ambiental y social en la explotación de salares. Señaló que, por primera vez, se realizarán estudios en el país para proteger estos ecosistemas, a la vez que se busca una explotación sustentable del litio.
Específicamente, los salares de Atacama y Maricunga verán una participación estatal mayoritaria a través de Codelco, elegidos por sus vastas dimensiones y riqueza en litio. Además, el Estado, mediante Enami y Codelco, liderará la actividad productiva en los salares Altosandinos y Pedernales, respectivamente.
Por otro lado, el ministro de Economía, Nicolás Grau, anunció que se abrirán oportunidades para la participación privada en otros proyectos de explotación de salares. Se espera que a principios de abril se publique una convocatoria para que empresas privadas expresen su interés, con el proceso de selección concluyendo en julio de 2024. El objetivo es asignar ciertos salares a estas empresas bajo contratos especiales, teniendo en cuenta la naturaleza no concesionable de los salares.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó el lunes 11 de marzo un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de tres terminales portuarios de Valparaíso y San Antonio: Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), San Antonio Terminal Internacional (STI) y DP World San Antonio (DPW).
En la acusación, la FNE señala que cada una de estas empresas ejecutó un abuso de posición dominante, consistente en el cobro injustificado a importadores y exportadores de una tarifa de seguridad en el servicio de transferencia de carga, que comenzó a implementarse en septiembre de 2019 por TPS, en septiembre de 2020 por STI y en febrero de 2021 por DPW.
La FNE pidió al Tribunal que ordene a estas empresas que cesen en dicho cobro y que les aplique multas que totalizan 26.897 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 21,7 millones en total. De este monto, 10.812 UTA (US$ 8,7 millones) corresponden a TPS; 11.047 UTA (US$ 8,9 millones) a STI; y 5.038 UTA (4 millones) a DPW.
En su requerimiento, la FNE afirma que los comportamientos anticompetitivos de estas empresas les han permitido extraer rentas de un modo injustificado, más allá de las que hubiesen obtenido bajo condiciones de competencia, debido al carácter cautivo que tienen los importadores y exportadores respecto del terminal portuario que las empresas navieras eligen para la recalada de sus naves.
En este sentido, la FNE precisó que los importadores y exportadores afectados carecen de la capacidad, o enfrentan serias dificultades, para determinar el frente de atraque por el cual movilizar su carga, producto de los relevantes costos de cambio que ello implicaría.
El requerimiento señala también que los cobros por tarifas de seguridad son injustificados porque los importadores y exportadores no mantienen vínculos comerciales con los terminales portuarios -a diferencia de las empresas navieras-, y los cobros no se encuentran respaldados en gastos o inversiones extraordinarias.
“Estamos frente a un claro ejemplo de abusos de posición dominante, en el cual los terminales portuarios requeridos están ejerciendo de manera abusiva la posición de dominio que tienen ante los importadores y exportadores, cobrándoles injustificadamente una tarifa básica por concepto de seguridad en la transferencia de carga de las mercancías que se movilizan a través de los terminales que operan”, explicó el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.
Agregó que las conductas de TPS, STI y DPW son graves no sólo porque los importadores y exportadores están cautivos, sino también porque casi la totalidad de aquellos que movilizan su carga por la Región de Valparaíso se vieron afectados por estos abusos, ya que las tres compañías requeridas concentran la mayor parte de la industria, con niveles cercanos al 100% en el caso de la carga en contenedores.
“Para la FNE es fundamental que los abusos de posición dominante sean sancionados y este caso es de la máxima gravedad, porque los abusos han sido cometidos por concesionarios de una infraestructura de capital importancia para nuestra economía y porque los cobros injustificados no son tolerables en ningún mercado”, agregó el Fiscal.
Durante el evento de entrega, el seremi de Vivienda, Marco Uribe, destacó nuevamente los progresos del «Plan de Emergencia Habitacional», el cual, según sus palabras, “continúa mejorando significativamente la calidad de vida de innumerables familias en Magallanes”. Resaltó que la entrega de este nuevo conjunto habitacional se logró cinco meses antes de lo previsto en el contrato de construcción.
Los afortunados destinatarios, muchos de los cuales mostraron una gran emoción, ahora son propietarios de viviendas de 57 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, equipadas con tres habitaciones, sala de estar, comedor, cocina, baño, ventanas de termopanel y un sistema de calefacción central con caldera multipropósito.
Estas viviendas se financiaron mediante los subsidios del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) del Minvu, complementados con fondos del gobierno regional y contribuciones de las propias familias beneficiarias.
Con esta última entrega, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que ha alcanzado el 88% de progreso en la región en el marco del Plan de Emergencia Habitacional, destacando que durante la administración del Presidente Gabriel Boric se han entregado 1.725 soluciones habitacionales en Magallanes, con otras 2.357 en proceso de construcción y 1.020 próximas a iniciar.
Angélica Aparicio Aguilar, presidenta de la Agrupación El Pacífico, expresó su agradecimiento y valoración por la entrega de estas viviendas, destacando el largo proceso y la excelente implementación de las mismas.
El complejo «Estepa Austral II» está ubicado en el noroeste de Punta Arenas, una zona que está viendo un notable crecimiento en desarrollos habitacionales tanto públicos como privados, lo cual refleja el compromiso del Minvu con la integración social. La ubicación es estratégica, estando a solo 300 metros del Hospital Clínico de Magallanes y cerca de servicios de transporte público, establecimientos educativos, un centro comercial y un supermercado.
Jeanette Breen, quien opera Baldwin Midwifery en el condado de Nassau, proporcionó casi 12,500 inmunizaciones «alternativas» para aproximadamente 1,500 pacientes en edad escolar, según el Departamento de Salud del Estado de Nueva York.
Su «esquema de vacunación» comenzó al inicio del año escolar 2019-2020 y no incluyó vacunas contra el COVID-19, las cuales se empezaron a usar en diciembre de 2020.
Los registros de vacunación falsificados de Breen desde entonces han sido anulados. Los estudiantes afectados por las supuestas acciones de Breen necesitarán demostrar que están médicamente al día con las vacunas para enfermedades incluyendo difteria, hepatitis B, sarampión, paperas, rubéola y varicela para continuar su educación.
«Al falsificar intencionalmente los registros de inmunización para los estudiantes, esta profesional de la salud licenciada no solo puso en peligro la salud y seguridad de nuestras comunidades escolares, sino que también socavó la confianza pública», dijo en un comunicado la Comisionada de Educación del Estado, Betty A. Rosa.
Breen está acusada de tratar a pacientes con el «Programa de Homeoprofilaxis de Inmunidad Real», el cual no está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ni el Departamento de Salud para tratar enfermedades. Se informa que el programa de pastillas se comercializa como una «alternativa a la vacunación» por un homeópata de otro estado.
El Departamento de Salud del Estado de Nueva York impuso a la partera del condado de Nassau una multa de $300,000 por proporcionar información falsa al Sistema de Información de Inmunización del Estado de Nueva York. Los funcionarios estatales dijeron que Breen ha pagado $150,000 de su multa. La otra mitad está condicionada a que mantenga el pleno cumplimiento con las regulaciones de salud pública.
El sitio web de Breen la describe como madre de tres hijos adultos y siete nietos.
En un esfuerzo por contrarrestar la planificación de delitos desde el interior de las cárceles, el Gobierno ha anunciado la implementación de un avanzado sistema de inhibición de señales de celulares en diversos recintos penitenciarios del país.
La medida, anunciada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, busca frenar la organización de actividades criminales y estafas telefónicas llevadas a cabo por reos. De hecho, cifras de Gendarmería revelan que sólo en 2023 se incautaron 26 mil dispositivos electrónicos. En 2022, en tanto, la cifra superó los 30 mil, y el 2021, bordeó los 28 mil.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero
Instalación paulatina
La iniciativa se centrará inicialmente en las cárceles ubicadas en el sector de Avenida Pedro Montt y Nueva Centenario en Santiago, específicamente en la Ex Penitenciaría y Santiago 1. El ministro Cordero destacó la relevancia de esta tecnología, inédita en América Latina, y aseguró que no se permitirá ninguna acción que busque inhabilitar, perjudicar o sabotear su implementación, advirtiendo que «en esto, el Gobierno no dará pie atrás».
Este sistema de inhibición forma parte de un proyecto más amplio que incluirá otros nueve establecimientos carcelarios en el país, incluyendo a Arica, Copiapó, Colina, Valparaíso, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto. Sin embargo, el secretario de Estado evitó entregar más detalles “por razones de seguridad”.
Respecto a posibles motines al interior de los recintos penitenciarios, en protesta a la medida, Cordero indicó que, “Gendarmería de Chile ha tomado todos los resguardos y ha levantado todo tipo de información. También hay plena coordinación con Carabineros, la PDI y el Ministerio Público”. “Lo que quiero transmitir a todas las personas es que la inhibición se va a ejecutar”, sentenció.
Rectores y Rectoras de las dieciocho universidades estatales que conforman la Red Compromiso con el Desarrollo Sustentable del CUECH, se comprometieron a través de la firma de una declaración a fomentar no sólo el desarrollo sostenible en todos los aspectos de gestión y operación institucional, sino que también a ser agentes de cambio profundo en el ámbito local y global.
Con este acto -cuya sede fue la UTEM y su líder la directora y rectora de esta casa de estudios, Marisol Durán Santis- los firmantes ratificaron estar conscientes de la magnitud de los desafíos y convencidos de que la educación superior pública debe ser un motor clave para construir una sociedad justa e inclusiva, próspera y ambientalmente regenerativa. En este largo camino hacia el 2030 se comprometen a ser ejemplo y líderes en la promoción de la sustentabilidad en todas sus dimensiones.
“Es indudable el papel protagónico que las universidades pueden y deben tener en el enfrentamiento del cambio climático, considerando su condición de instituciones que son depositarias de los saberes y conocimientos avanzados en el campo de las ciencias y que, al mismo tiempo, son formadoras de agentes de cambio”, señalo la directora de la Red Compromiso con el Desarrollo Sustentable.
Añadió que “debemos hacernos cargo de incorporar la sustentabilidad en el ADN de las y los estudiantes, lo que significa articular esa perspectiva transversalmente, en cualquier materia de estudio, para generar cambios a mediano y largo plazo en la sociedad y, obviamente, a corto plazo en las comunidades universitarias del país”.
Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas -además de felicitar la suscripción del compromiso- sostuvo que las universidades tienen el rol clave al formar personas que integren el enfoque ecológico en los roles profesionales que cada estudiante ocupe en el futuro. “Esperamos que este compromiso permee la cultura educativa de cada establecimiento y rinda sus frutos para aumentar la conciencia sobre temáticas ambientales, adquirir valores y cambiar nuestros hábitos para proteger a la naturaleza y a las generaciones presentes y futuras”, dijo.
En la misma línea, el rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del CUECH, Osvaldo Corrales, declaró que «para nosotros se trata de un hito de la mayor significación, que responde a la visión, al compromiso y a los valores que las universidades deben tener con el desarrollo sostenible de nuestro país y de sus regiones».
El director de la red -David Blanco Fernández, académico UTEM- enfatiza en que la firma de este convenio “representa un hito muy importante para la continuidad y fortalecimiento de este proyecto, además de servir de impulso para la generación de más actividades y la agilización de los procesos. Hoy las universidades han demostrado que están comprometidas con el desarrollo sustentable del país, que están concientizadas para generar elementos de cambio y que pondrán a disposición las herramientas necesarias para que el país siga creciendo en este ámbito”.
Principales ejes
La “Declaración de compromiso por la Sustentabilidad de las universidades estatales” se focaliza principalmente en seis ejes, el primero dice relación con la “Educación para la Sustentabilidad”, en cuanto a formar ciudadanos y ciudadanas conscientes crític@s y comprometid@s, entregando a la sociedad agentes de cambio capaces de innovar y transformar los modos de producción y consumo hacia prácticas sustentables.
También incluye la “Investigación e Innovación con Enfoque Sustentable”, que aspira a un cambio profundo en la investigación e innovación, impulsando un enfoque multidisciplinario que agregue proyectos de investigación e innovación que generen conocimientos y tecnologías para enfrentar los desafíos del presente y el futuro.
La “Gestión de Campus Sustentables”, en tanto, considera las casas de estudio como herramientas de aprendizaje para las comunidades universitarias, promoviendo prácticas en lo cotidiano, como lo es la reducción de la huella ecológica y el incremento del desempeño ambiental institucional.
En el caso de la “Contribución al Desarrollo Sustentable Global”, los esfuerzos serán focalizados a generar iniciativas mundiales a través de la cooperación, trabajando en conjunto con el sistema internacional para afrontar los desafíos globales y fortalecer la promoción de estas prácticas en todos los ámbitos de la sociedad chilena.
Y, finalmente, el “Compromiso con la Carbono Neutralidad y el Trabajo en Red”, donde el primero busca acciones concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, e impulsar el uso de energías limpias, mientras que el segundo facilita el avance conjunto, compartiendo conocimientos, experiencias y buenas prácticas.
La Encuesta Signos/ElMostrador de esta semana se abocó a auscultar la opinión ciudadana sobre los hechos de corrupción pública del último tiempo, entre ellos los audios del llamado Caso Hermosilla. Este hecho ha derivado en la renuncia y formalización del director general de la Policía de Investigaciones por filtraciones reiteradas de datos reservados de diferentes causas al abogado Luis Hermosilla, y cuya proyección global de lo que se investiga aún se desconoce.
Preguntados los encuestados si cree que tales filtraciones son un hecho puntual o algo generalizado dentro de la PDI, el 56,9% contesta que es un hecho generalizado; un 38,6% que es puntual y un 4,5% dice que no sabe. Preguntados los encuestados en materia de confianza sobre este mismo hecho, si siguen teniéndola en la PDI un 23,4% dice que la mantienen pues fue un hecho puntual; un 36,1% dice que perdió un poco la confianza; y un 38,7% dice que perdió mucho la confianza y un 1,8% dice que no sabe.
De esos guarismos se desprende que el golpe institucional es enorme, aunque no solo derivado del caso del renunciado exdirector de la PDI, sino muy seguramente también de la situación de su antecesor, quien se encuentra al igual bajo investigación criminal formal por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y cuyo caso tiene también relación con los secretos filtrados.
La encuesta es un sondeo semanal de carácter nacional realizado por SignosAnalytics en colaboración con el diario electrónico El Mostrador entre los días 18 y 22 de marzo de 2024. Corresponde a una muestra probabilística de 1215 encuestas, con un error muestral total de 2.8 puntos porcentuales. Auto aplicada vía Web con apoyo de instrumentos de IA para mejorar su eficiencia a una muestra seleccionada aleatoriamente y expandida según variables de sexo, edad y educación.
Percepción de corrupción pura y dura
En materia de corrupción con una escala donde la nota 1 es Nada Corrupto y la nota 7 es Muy Corrupto, los encuestados le asignan a Chile una nota promedio de 5,8, es decir más de un 52% de ellos lo califican con 6 o 7 es decir como Muy Corrupto, y otro 30% como corrupto. Menos de un 5% de los encuestados califican a Chile con las notas 1,2 y 3.
Preguntados los encuestados por la corrupción actual en relación a cinco años atrás, el 60,2% dice que hoy Chile es más corrupto; el 31,8% que es igual de corrupto y el 5,2% que es menos corrupto. Solo un 2,8% dice no saber.
Dos consideraciones importantes. La primera es que pese al ambiente de inseguridad y corrupción que por estos días golpea a las fuerzas de Orden y Seguridad, preguntados los encuestados sobre 4 instituciones del Estado, dos policiales y dos civiles, las que presentan menor prestigio son las civiles: ¿En una escala de 1 a 7, donde 1 es NADA CORRUPTO Y 7 es MUY CORRUPTO, dónde ubicaría a las siguientes instituciones de Chile?: Carabineros recibe una nota promedio de 4,4; la Policía de Investigaciones recibe una nota promedio de 4,9; el Ministerio Público o Fiscalía recibe una nota promedio de 5,2 ; y los Tribunales y Jueces reciben una nota promedio de 5,7. Carabineros es la mejor evaluada pero la situación de su Director General Ricardo Yañez empeoró ya que hoy un 45,3% considera que debe renunciar ante el aviso de su formalización en mayo, mientras que en enero de este año, ante la misma pregunta solo un 35,7% manifestaba esa misma opinión.
El segundo aspecto a considerar es que el promedio de corrupción atribuido corresponde a Percepciones, es decir se asimila más a reputación y prestigio que a experiencia directa de los encuestados. Preguntados sobre si habían sido víctimas de un hecho de corrupción en los cinco años anteriores solo un 28,1% respondió que sí, y un 69,3% dijo que no, y un 2,6% que no sabe. En todo caso, aquí vale la sentencia del filósofo inglés Edward Charles de Bono acerca de que “las percepciones no son la realidad, pero son realidad”. Algo que resulta esencial para evaluar el momento político nacional.
El resto de las evaluaciones semanales de la Encuesta Signos/ElMostrador no mueve de manera significativa los guarismos de semanas anteriores, especialmente en materia electoral presidencial, donde se mantiene los cinco front runners con Evelyn Matthei a la cabeza con 29,7% seguida de José Antonio Kast que sube otro poquito a 18,6%
La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, presentó este sábado la Estrategia Nacional para detener la aceleración del sobrepeso y la obesidad en la niñez y adolescencia, en el marco de la Política de Alimentación y Nutrición 2023-2030, instancia en la que además diversas instituciones del intersector se comprometieron a trabajar por un Chile más equitativo y saludable para los niños, niñas y adolescentes.
La estrategia anunciada tiene como objetivo impulsar el desarrollo de regulaciones, planes y programas para detener la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños, niñas y adolescentes menores de 19 años. Además, cuenta con 29 líneas estratégicas prioritarias que se alinean con la Agenda para el Desarrollo Sostenible y con el nuevo Plan de Aceleración de la OMS para detener la obesidad, el cual fue elaborado en base a las nuevas recomendaciones aprobadas en la 75 Asamblea Mundial de la Salud.
Durante la actividad, la subsecretaria señaló que “esta estrategia es muy relevante porque hemos visto en nuestro país un aumento sostenido de la mal nutrición por exceso tanto de sobrepeso y obesidad en la población general, y sobre todo, en la población infanto adolescente”, agregando que ejemplo de ello es que los sistemas de vigilancias “de niños y niñas que se controlan en el sector público muestran que desde el año 2005 al 2022 se duplicaron los índices de mal nutrición por exceso, lo que es muy preocupante ya que esto tiene consecuencia para su salud y bienestar en el corto y largo plazo, y se traduce en una reducción en la esperanza de vida, discapacidades precoces, además de afectar los costos asociados a sector salud para atender las consecuencias por sobrepeso y obesidad”.
En la instancia además se firmó un convenio de colaboración buscando abordar el desafío de la obesidad infantil y adolescente, pensando en su presente y futuro.
