25 de enero de 2024

A pesar del fuerte verano ocasionado por el fenómeno del Niño que se inició en mayo de 2023, es ahora que desde el pasado 22 de enero que se empezaron a reportar numerosos incendios forestales en Bogotá y varios departamentos de Colombia, por lo que el gobierno del presidente Gustavo Petro firmó el decreto de emergencia nacional y solicitar ayuda internacional.

En los alrededores de la zona urbana de la capital de la república se está intentando controlar incendios en varios puntos de los Cerros Orientales y del Sur sobre todo en las localidades de Chapinero y Ciudad Bolívar donde aun siguen neutralizando varios focos que han afectado la calidad del aire de la ciudad como el Cerro El Cable, quebrada La Vieja y el vertedero de Doña Juana, mientras en localidades como Kennedy y Bosa ya fueron neutralizados en los humedales de Timiza y Tibaníca, donde esta última también afectó a los residentes de la ciudadela Ciudad Verde en Soacha. En éste último municipio ya fueron afectados las colinas de Maiporé y el humedal Tierra Blanca.

Por su parte, las situaciones más dramáticas son el páramo de Berlín (en Santander) en donde unidades del Ejército de Colombia hacen hasta lo imposible para proteger diversas especies de frailejones através de descargas aéreas de agua a los sitios afectados. Mientras tanto en el municipio cundinamarqués de Nemocón miles de familias de su área rural mostraron su angustia por los incendios que van sitiando sus hogares a pesar de los esfuerzos de éstas para que no lleguen a perderlo todo.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también ha anunciado medidas como parte de una posible declaración de calamidad pública a nivel distrital exhortando a los ciudadanos a medidas de autoprotección (tanto respiratoria como de la piel, debido al indice de exposición solar) y la reimplementación de las jornadas virtuales en los colegios que estén afectados por la humareda de los incendios.

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El reciente «Caso Horas Extras» sigue escalando en la Municipalidad de Las Condes, ahora involucrando directamente a su alcaldesa, Daniela Peñaloza (UDI). Un informe de Mega Investiga reveló que, entre enero y noviembre de 2023, la municipalidad pagó cerca de $8 mil millones en horas extras, encontrando irregularidades en al menos cuatro funcionarios, quienes aparentemente no cumplieron las horas que reportaron.

Según revela Mega Investiga, el mismo patrón investigado habría sido descubierto en los registros de la edil Daniela Peñaloza, cuando ésta cumplía funciones como Jefatura de la Dirección de Desarrollo Comunitario durante la gestión de Joaquín Lavín (UDI). Por ejemplo, los informes detallan que hubo períodos en los que la alcaldesa trabajó hasta trece días consecutivos, incluyendo fines de semana, y en algunos meses solo tuvo alrededor de cuatro días libres.

El historial de Daniela Peñaloza en la Municipalidad de Las Condes muestra una constante en cuanto a horas extras desde 2019, cuando era funcionaria. Durante ese año, se documenta que regularmente registró 40 horas diurnas y 32 nocturnas al mes, sumando un total aproximado de 72 horas extras mensuales.

La intensa rutina de trabajo que registró Peñaloza es particularmente notable en los meses de marzo y abril de 2020, cuando Peñaloza afirmó trabajar 150 horas extras cada mes. Las jornadas laborales documentadas se extendían desde las 8:30 de la mañana hasta las 21:40 o 22:30 de la noche, lo que implica jornadas de aproximadamente 14 horas diarias.

Esto le generaba cerca de $1.300.000 adicionales solo por concepto de horas extras, además de su salario promedio de $3.506.412. Según los registros de transparencia, desde junio de 2019 hasta junio de 2020 – justo antes de que Peñaloza iniciara su prenatal – recibió más de $20 millones únicamente por pago de horas extras.

La actual alcaldesa justifica la regularidad en el registro de horas extras por la elevada carga de trabajo que caracteriza a la municipalidad cada año. Específicamente, señala que la Dirección de Desarrollo Comunitario (DECOM), área en la que trabajaba, enfrenta una demanda laboral particularmente intensa, centrada en proporcionar servicios esenciales y cercanos a los vecinos. Según Peñaloza, muchas de estas tareas se realizan después de las 19 horas, que es cuando los vecinos regresan a sus hogares.

Este proyecto incluye mejoras a la Pensión Garantizada Universal (PGU) y establece varios beneficios y modificaciones regulatorias, según se detalla en el Boletín N° 15480-13.

Previamente, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y envió a Sala el proyecto de ley de Reforma Previsional (Boletín 15480). La Comisión apoyó los elementos pendientes del proyecto, enfocándose principalmente en la PGU y su financiamiento. Se acordó que cada cuatro años se evaluará la posibilidad de aumentar gradualmente el monto de la PGU, basándose en una evaluación del Consejo Fiscal Autónomo. Posteriormente, los ministerios de Hacienda y Trabajo presentarán una propuesta conjunta, considerando la sostenibilidad financiera.

Además, se anticipa la presentación de un proyecto de ley sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias. Si se aprueba antes de mayo, podría realizarse el primer incremento de la PGU a fin de año, alcanzando los 250 mil pesos.

También se aprobaron modificaciones al beneficio del seguro de cesantía, buscando fortalecer el seguro para lagunas previsionales a través de un mecanismo que mejore la densidad de las cotizaciones.

Durante la sesión, se destacó la disposición del Ejecutivo para modificar las tablas de mortalidad actuales, integrando propuestas de diferentes sectores políticos. Estas sugerencias, que incluyen la creación de un Seguro de Longevidad para ajustar el cálculo del retiro programado, serán presentadas por el Gobierno en el Senado.

La diputada Gael Yeomans (PCS) será la encargada de informar sobre el texto en la Sala.

En relación con otros aspectos de la reforma previsional, el pasado viernes se aprobaron elementos adicionales del proyecto. Entre ellos, la creación del Seguro Social Previsional, que contempla la división del 6% de cotizaciones adicionales entre capitalización individual y sistema de reparto. Así, un 3% se destinará a la capitalización individual con solidaridad intrageneracional y el otro 3% al seguro social, asegurando una garantía de 1 UF por cada 10 años cotizados.

Además, se aprobó la creación de los Inversores de Pensiones Privados (IPP), que reemplazarán a las actuales AFPs, y normativas sobre el Inversor de Pensiones del Estado (IPE), un ente público que gestionará fondos de pensiones.

El Gobierno de Bolivia ha revelado el descubrimiento US$ 1 millón en efectivo en Santa Cruz el pasado 12 de enero, en un caso posiblemente vinculado con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. El dinero fue encontrado en un Lexus ocupado por jóvenes, que no han podido ser identificados hasta el momento.

Los tres policías que realizaron el hallazgo robaron el dinero en lugar de reportarlo, y se encuentran todos denunciados y arrestados por este hecho. A pesar de aquello, del botín incautado solo se logró recuperar US$843.500, según informa el medio boliviano «El Deber».

Jhonny Aguilera, viceministro de Régimen Interior y Policía de Bolivia, señaló que el dinero no fue declarado en aduana y, por lo tanto, su ingreso a Bolivia no fue legal. A pesar de las afirmaciones de Aguilera sobre el origen del dinero en una sucursal del Banco Santander en Iquique, la entidad financiera ha negado tal información, asegurando que no ha habido robos ni retiros de esa magnitud en sus oficinas en Iquique y está dispuesta a colaborar con las autoridades.

El Ministerio Público de Chile anunció que ya ha iniciado una investigación sobre este caso a través de la Fiscalía Regional de Tarapacá.

Proyecto de ley para seguir “la ruta del dinero”

Esta noticia se conoce el día en que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentara el proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, que incluye un mecanismo para agilizar el levantamiento del secreto bancario. Esto último se considera un elemento clave para “seguir la ruta del dinero” e investigar bandas criminales y de lavado de dinero.

Actualmente el secreto bancario, que protege la confidencialidad de las transacciones y cuentas bancarias de los individuos, puede ser levantado bajo ciertas condiciones legales en el país. Sin embargo, el proceso para obtener esta información es conocidamente lento y burocrático, siendo un lastre en los procesos de investigación criminal.

El proyecto de ley ingresado hoy por el Ejecutivo al Congreso Nacional propone modificar el procedimiento para levantar el secreto bancario para facilitar el acceso a estos datos por parte de las autoridades en casos que requieran una investigación rápida y efectiva. Específicamente, de ser aprobado, será el contribuyente quien deberá presentar una acción judicial para oponerse al levantamiento.