A pesar de cobrar $2,2 millones mensuales, los informes entregados por el candidato a Gobernador Metropolitano Francisco Orrego (RN) no presentan ningún tipo de análisis ni aportan a la gestión municipal de La Florida, según expertos.
En un nuevo episodio que vuelve a encender las alarmas sobre el uso de recursos públicos en la Municipalidad de La Florida, el candidato a gobernador de la Región Metropolitana, Francisco Orrego (RN), ha sido duramente cuestionado por la entrega de informes contratados por la administración del alcalde Rodolfo Carter. Lo que ha llamado la atención no solo es el pago de $2,2 millones mensuales que Orrego recibió, sino la calidad y relevancia de los documentos presentados, los cuales parecen no aportar ningún beneficio concreto a la comuna. Este nuevo escándalo pone en duda las prácticas de contratación en La Florida y sugiere favoritismos hacia cercanos del alcalde, como en el caso de Orrego.
La contratación de Orrego, abogado y panelista del programa *Sin Filtros*, se materializó en una serie de informes que han sido calificados como superficiales y plagados de información fácilmente accesible para cualquier persona con conexión a internet. Entre los documentos entregados, se destacan temas como la biografía del líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, y la formalización del director de Carabineros, Ricardo Yáñez, dos asuntos que no tienen relación directa con la gestión municipal. Lo más grave es que la Contraloría General de la República ya ha señalado que estos informes “no corresponden a las finalidades del municipio”, un claro cuestionamiento a la pertinencia de los documentos que deberían haber beneficiado a la comuna.
A pesar de estos reparos, la Municipalidad de La Florida pagó $4,4 millones en tan solo dos meses por informes cuya calidad ha sido duramente criticada por expertos en fiscalización de recursos públicos. Incluso se ha señalado que gran parte de la información contenida en los informes está disponible en notas de prensa o en páginas de acceso público, lo que ha generado aún más controversia sobre el uso de estos fondos. Según quienes han analizado estos trabajos, cualquier profesional con acceso a una base de datos legislativa o de prensa podría haber realizado el mismo trabajo por un costo considerablemente menor. Empresas especializadas en clipping y seguimiento legislativo ofrecen este tipo de servicios por una fracción del costo, lo que deja en evidencia el gasto desmedido y la falta de eficiencia en la contratación de Orrego.
Uno de los informes más criticados, titulado “Fast Track 2.0”, ha sido descrito por un abogado consultado como un simple ejercicio de “copiar y pegar” información sin agregar ningún valor profesional o análisis. “No hay un análisis profundo que justifique su costo. Es un copy-paste bien ordinario, lo podría haber hecho una inteligencia artificial sin mayor problema”, explicó la fuente. Esta falta de profundidad y rigurosidad se replica en otros documentos, como uno sobre cifras de homicidios consumados en Chile, que también fue señalado como un listado de datos sin interpretación ni comparación entre regiones, elementos esenciales para un informe de calidad que busque aportar a la toma de decisiones.
El pago millonario a Orrego y la escasa calidad de los informes ha despertado críticas no solo entre los expertos, sino también entre los vecinos de La Florida, quienes ven en estas contrataciones un nuevo ejemplo del favoritismo que el alcalde Rodolfo Carter ha mostrado hacia sus cercanos. No es la primera vez que colaboradores de Carter se ven beneficiados por contratos que no reportan beneficios tangibles a la comuna. En este caso, Orrego, quien es un rostro visible de la derecha en programas de opinión como “Sin Filtros”, ha sido favorecido con un contrato que parece más un favor político que una necesidad administrativa.
La indignación crece al considerar que muchos de los problemas urgentes de La Florida, como la seguridad y la calidad de los servicios municipales, siguen sin resolverse mientras los fondos públicos son destinados a informes vacíos y carentes de valor. ¿Por qué pagar millones por documentos que no contribuyen a mejorar la calidad de vida de los floridanos? Esta es la pregunta que queda en el aire, mientras la Municipalidad de La Florida se defiende argumentando que los pagos a Orrego fueron autorizados y que están a la espera de lo que determine la Contraloría General de la República.
Otro informe que ha causado polémica es el relacionado con la ley corta de Isapres, en el que, según un abogado consultado, si bien existe mayor profundidad argumentativa, el contenido es algo que cualquier persona podría encontrar en un par de búsquedas rápidas. “No hay un análisis real, es solo una recopilación de información fácilmente accesible. No se justifica pagar millones por algo así”, comentó el experto.
Aunque algunos de los informes, como el relacionado con las reglas de uso de la fuerza en Carabineros, presentan mayor nivel de desarrollo, la mayoría de los documentos no alcanzan el estándar esperado para un profesional que recibe fondos públicos, ni mucho menos para justificar los montos pagados por la municipalidad. Los vecinos de La Florida se preguntan cómo es posible que se destinen fondos municipales a trabajos de tan baja calidad cuando existen empresas que podrían haber entregado resultados más completos y a menor costo.
Este nuevo episodio no hace más que reforzar la idea de que la administración de Carter favorece a sus cercanos con contratos jugosos que poco o nada contribuyen al bienestar de la comuna. La pregunta es clara: ¿cuántos más se han beneficiado de esta misma manera? Mientras los vecinos siguen esperando soluciones reales, los recursos públicos se desvanecen en informes inútiles que no aportan en nada al desarrollo de La Florida.
