El narcotráfico ha afectado significativamente al norte de Chile, de acuerdo al Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía, desde 2020 la región de Tarapacá se ha visto tremendamente afectada con remesas de Ketamina, asociadas a ciudadanos venezolanos relacionados al “Tren de Aragua”[1].
Estas organizaciones criminales han llevado a que la región haya experimentado un aumento considerable en delitos graves, incluidos secuestros extorsivos, homicidios violentos, y el sicariato, un fenómeno antes casi inexistente en Chile.
Pero este fenómeno no solo ha afectado a la región de Tarapacá, que se encuentra entre las regiones con mayores tasas de homicidios consumados por cada 100.000 habitantes en 2022, según datos del informe de homicidios en Chile de la Subsecretaría de Prevención del Delito de 2023 [2]. El fenómeno también se repite en Antofagasta y en la región de Arica y Parinacota, quienes en 2023 tuvieron 17,1 homicidios consumados el mismo año.
Estos crímenes han sido atribuidos en gran parte a bandas criminales extranjeras, lo que ha generado un debate sobre la migración y la delincuencia. Sin embargo, se ha enfatizado que el problema principal no es la migración en sí, sino la delincuencia asociada a ciertos grupos de migrantes. La región también enfrenta desafíos relacionados con el tráfico de drogas a gran escala, el tráfico de personas y el contrabando, todo lo cual ha contribuido a una situación de seguridad cada vez más precaria.
En respuesta a estos desafíos de seguridad, el Gobierno de Gabriel Boric ha presentado varios proyectos de ley ante el Congreso, incluidos los que buscan agravar las penas por secuestro y tipificar el delito de sicariato. Esto se produce en un contexto donde los homicidios en Chile aumentaron un 32% en 2022 en comparación con 2021. Encuestas indican que la seguridad es el principal problema que los ciudadanos esperan que el gobierno resuelva.
De hecho, la ley Antinarco, decretada recientemente, espera disminuir aún más este tipo de delitos. Al momento de su promulgación el Presidente indicó: “Esta ley fortalece la persecución de la ruta del dinero tras el narco y el crimen organizado, incorporando la fiscalización de actividades sospechosas a nuevos rubros que antes no estaban considerados haciéndonos cargo también de la evolución del delito. Tenemos que ir por delante del delito no detrás, incorporando la fiscalización a rubros como la comercialización y arriendo de vehículos, el comercio de joyas y, en general, cualquier rubro que permita o facilite el lavado de dinero”.
De acuerdo a los expertos en la materia, esta es la vía para poder combatir los efectos del narcotráfico en la zona norte, sin embargo, la discusión sobre la nueva Carta Magna que regirá al país también ha tenido un efecto en las nuevas leyes que se están discutiendo en el congreso en esta materia.
El texto de nueva Constitución de Chile tiene implicaciones preocupantes en términos de seguridad y combate a la delincuencia. De acuerdo a expertos en la materia, como el ex Fiscal Jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, señaló que la propuesta de texto “tiene ripios importantes en diferentes materias, por ejemplo, en la forma que obliga a que toda reglamentación de un delito se encuentre en la ley”. Según explicaba Gajardo, en una entrevista en T13, esto genera un problema serio y un problema muy importante en la lucha contra el narcotráfico, ya que “gran parte de nuestra reglamentación se encuentra en decretos”.
Esto significa, que la actual propuesta, generaría inconstitucionalidad con la legislación vigente, impidiendo que todas las herramientas que son válidas ahora no puedan ser utilizadas en un futuro no muy lejano.
Otros abogados y profesores penalistas han manifestado la misma preocupación, como el grupo conformado por los académicos Antonio Bascuñán, Rodrigo Correa, Samuel Tschorne y Javier Wilenmann, de la Universidad Adolfo Ibáñez, quienes apuntan a que la propuesta “hace inconstitucional la penalización del narcotráfico. Así de desconcertante es la falta de cordura de sus redactores”.
En vista de los desafíos que enfrenta el norte de Chile, marcados por un incremento alarmante del narcotráfico y sus consecuencias, es evidente que se requieren respuestas firmes y multifacéticas. La reciente ley Antinarco es un paso adelante en esta lucha, buscando cortar las fuentes de financiamiento del crimen organizado y aumentar las sanciones. Sin embargo, la discusión en torno a la nueva Constitución añade una capa de complejidad a esta problemática.
La seguridad y el orden público deben ser prioridades ineludibles en cualquier marco constitucional, y es fundamental que la nueva Carta Magna de Chile se alinee con esta necesidad. Es imperativo que las decisiones que se tomen hoy en día resuenen positivamente en el futuro, asegurando un Chile más seguro y justo para todos.
La lucha contra el narcotráfico en Chile requiere de un enfoque holístico que no solo se centre en medidas represivas, sino también en políticas de prevención, educación y oportunidades económicas para las comunidades más afectadas. La nueva Constitución, de ser aprobada, deberá fortalecer y no debilitar este enfoque, garantizando que las autoridades cuenten con las herramientas necesarias para combatir eficazmente el crimen organizado.
[1] Disponible en: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/Informe_2022_Observatorio_del_Narcotrafico.pdf
[2] Disponible en: https://prevenciondehomicidios.cl/wp-content/uploads/2023/07/Informe-homicidios-2018-2022.pdf
