Macarena Arriagada Belmar, directora de la carrera de Obstetricia, UNAB Sede Viña del Mar.
El 18 de noviembre, que conmemora el Día Mundial para Prevenir la Explotación y los Abusos Sexuales contra Niños y Niñas, se establece como una fecha para la reflexión. Los abusos y la explotación sexual infantil constituyen una de las violaciones más graves de los derechos humanos, con efectos que trascienden el daño inmediato, influyendo profundamente en el desarrollo físico, emocional y psicológico de las víctimas. De acuerdo a un informe de UNICEF, se estima que aproximadamente 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 11 hombres a nivel mundial han padecido abuso sexual en su niñez. La situación en América Latina es alarmante. En Chile, el Servicio Nacional de Menores (SENAME) reporta más de 7 mil casos anuales de abuso sexual infantil, mostrando una preocupante prevalencia de este tipo de violencia. Sin embargo, es probable que las cifras reales sean aún más elevadas, debido al significativo subregistro generado por el estigma, el miedo y la falta de denuncias. Según datos de la subsecretaría de Prevención del Delito, en 2022, un 89,3% de las víctimas de delitos sexuales denunciados eran mujeres; de ellas, el 27,7% eran jóvenes de 18 a 29 años, y el 19% eran adolescentes de 14 a 17 años. Además, un 31% de las denuncias de abuso sexual corresponde a menores de 14 años. En el caso de los hombres, la proporción de denuncias por delitos sexuales es del 10,6%, siendo los menores de 14 años la franja más afectada con un 44,2% de los casos, seguidos por aquellos entre 18 y 29 años que representan el 19,7% de las denuncias.
En 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que a nivel global, 120 millones de niñas y mujeres han sido víctimas de mutilación genital femenina, otra forma de violencia sexual que afecta principalmente a menores en diversos contextos socioculturales.
El ámbito académico, especialmente en campos relacionados con la salud, desempeña un papel fundamental en la creación de una sociedad más justa y equitativa para la niñez. Desde la carrera de Obstetricia, asumimos el compromiso de formar a profesionales capacitados no solo en los aspectos técnicos de la salud reproductiva, sino también en la identificación y prevención de abusos sexuales y explotación infantil. La colaboración interdisciplinaria entre profesionales de la salud, la educación y la justicia es esencial para asegurar que los menores víctimas de abuso reciban la atención integral que merecen. Matronas, ginecólogos, psicólogos y trabajadores sociales deben contar con la formación necesaria para reconocer señales de abuso y violencia, proporcionar el apoyo adecuado y realizar las derivaciones pertinentes a los servicios especializados, teniendo en cuenta el marco legal vigente. Asimismo, deben ser conscientes de los efectos a largo plazo de estas experiencias traumáticas en el desarrollo de las víctimas, promoviendo así un enfoque de intervención que favorezca la sanación física y emocional. La formación académica debe centrarse no solo en el conocimiento técnico, sino también en el fortalecimiento de valores éticos y respeto por los derechos humanos.
Hacemos un llamado a todos los actores sociales, académicos y profesionales a reflexionar sobre las responsabilidades que tenemos en la promoción de una cultura de paz y respeto hacia la infancia, en la construcción de políticas públicas más eficaces en la prevención y atención de casos de abuso, y en la creación de espacios donde las víctimas puedan sanar y reintegrarse a la sociedad sin el estigma ni el dolor de la violencia sufrida.
