En enero de 2024, específicamente el 19 de dicho mes, entrará a Contraloría el reglamento de la ley que regula a las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros o más conocida como «Ley Uber».
Si bien la normativa fue promulgada en abril del presente año, el Ministerio de Transportes debe esperar que pase este trámite legal, el cual podría retrasar la puesta en marcha de la iniciativa.
En esa línea, y con la finalidad de igualar las condiciones entre las empresas de aplicaciones de transporte -tales como Uber, Didi y Cabify- y los taxis, a los conductores se les solicitaría cumplir con una serie de requisitos para poder continuar trasladando a personas.
Los requisitos para conductores y vehículos
- El vehículo inscrito deberá tener como mínimo una cilindrada de 1.4 litros
- En los primeros seis meses de su entrada en vigencia, sólo los vehículos de máximo 7 años de antigüedad podrán ser inscritos para trasladar pasajeros
- Los conductores tendrán que tener licencia clase A2
- Cumplir con las exigencias de seguridad, de antigüedad, técnicas y tecnologías que se definan en el reglamento
- Tener giro de transporte remunerado de pasajeros y haber iniciado actividades ante el Servicio de Impuestos Internos
- Contar con seguros para los vehículos, conductores, pasajeros y terceros para cubrir los riesgos, cuyos montos mínimos de cobertura y condiciones serán determinados mediante el reglamento
- Asimismo, los vehículos regidos por esta ley deberán cumplir con la aprobación de la revisión técnica cada seis meses.
Parlamentarios buscan aplazar entrada en vigencia de Ley Uber
Los diputados Johannes Kaiser y Joanna Pérez presentaron este martes un proyecto de ley para postergar la entrada en vigencia de la denominada «Ley Uber».
Acorde con los parlamentarios, se «absolutamente necesario establecer un mayor plazo de entrada en vigencia para dar posibilidad de los miles de trabajadores de esta plataforma a que puedan adecuar sus vehículos y condiciones a las que se determinen por este reglamento, posibilitando una compatibilidad necesaria entre
la regulación y la realidad, permitiendo con esto que se mantengan las fuentes laborales y no generando un incremento cercana a un punto porcentual en la cesantía de nuestro país».
A través de esta iniciativa, los congresistas buscan que esta ley entre en vigencia «desde el primer día del segundo año posterior a la total tramitación y publicación del referido reglamento».