Uno de los puntos que ha llamado la atención es la exención de contribuciones, que beneficia directamente a las comunas más ricas de Chile. En el caso de Viña del Mar, esta medida podría tener un impacto negativo en la lucha contra los campamentos, que actualmente superan los 70 en la ciudad.
La exención de contribuciones de la propuesta constitucional parece plantear un difícil desafío para Viña del Mar en su intento por erradicar los campamentos. Estos asentamientos precarios representan un problema social, habitacional y sanitario que ha afectado a la ciudad durante años, y la falta de recursos podría complicar aún más la búsqueda de soluciones efectivas.
El Fondo Común Municipal es una fuente crucial de financiamiento para las comunas, permitiéndoles llevar a cabo proyectos de seguridad, mejoras en infraestructuras (como luminarias) y programas sociales. Sin embargo, la exención de contribuciones propuesta podría reducir drásticamente los recursos disponibles para abordar la problemática de los campamentos en Viña del Mar.
Actualmente, el municipio destina parte de estos recursos a programas de vivienda social, mejoramiento de barrios y planes de integración urbana, con el objetivo de ofrecer soluciones habitacionales a las familias que viven en condiciones precarias. La exención de contribuciones podría limitar la capacidad del municipio para ejecutar estos programas de manera efectiva, afectando directamente a quienes residen en campamentos.
Diversos alcaldes han expresado su preocupación ante esta propuesta constitucional y han criticado lo que podría ser “el fin de los municipios”, mientras que sólo el 23% más rico del país paga contribuciones. Se espera que este tema sea discutido en el ámbito local y nacional, ya que la situación de los campamentos no solo afecta a Viña del Mar, sino que es un desafío que enfrentan diversas comunas a lo largo del país.
En conclusión, la exención de contribuciones propuesta en la Nueva Constitución plantea un riesgo significativo para los esfuerzos de Viña del Mar en la erradicación de los campamentos. La falta de recursos podría dificultar la implementación de políticas y programas efectivos para mejorar las condiciones de vida de quienes residen en estas zonas precarias. La discusión en torno a este tema seguramente seguirá siendo central en la agenda local y nacional a medida que se acerca el 17 de diciembre, día de la votación.