La propuesta de Constitución plantea un peligro para miles de niños y sus madres, especialmente en lo que respecta a la Ley “Papito Corazón”. Esta legislación, diseñada para asegurar el pago efectivo de pensiones alimenticias, podría enfrentarse a serias dificultades debido a cómo se ha redactado el derecho a la seguridad social en el nuevo texto constitucional.
El artículo 16.28.b de la nueva Constitución hace peligrar la pensión que hoy reciben unas 165.000 familias, debido a que, con esta norma, los abogados de los deudores de pensiones alimenticias podrían argumentar que la retención de fondos previsionales para el pago de pensiones alimenticias constituye una forma de apropiación, y por lo tanto, sería inconstitucional bajo el nuevo texto.
Este aspecto de la nueva Constitución pone en peligro a la Ley “Papito Corazón”, que se introdujo para facilitar el cobro de alimentos. La ley permite al día de hoy un proceso más rápido y directo para reclamar estas pensiones, sin necesidad de abogados. Sin embargo, con la nueva Constitución, este mecanismo podría ser invalidado, dejando sin efecto la retención de fondos previsionales y beneficiando a miles de deudores, que podrían evadir este mecanismo de pago.
Además, la décimo tercera disposición transitoria de la nueva Constitución no parece salvar la Ley “Papito Corazón”, ya que se refiere a «normas vigentes en materia previsional», mientras que la Ley 21.484 es una ley de derecho de familia, por lo que no se aplicaría esta salvaguarda.
La abogada constitucionalista Elisa Walker, señaló para Diario Financiero que “de lo que no cabe ninguna duda, es que la sola discusión de estos temas genera incertidumbre, ya que se cuestiona la aplicación de una regulación que hoy en día funciona bien y cuya vigencia nadie cuestiona”.
Este escenario es especialmente preocupante considerando que 9 de cada 10 personas obligadas a pagar pensiones alimenticias son deudores, lo que implica que la mayoría de los afectados por esta potencial inconstitucionalidad serán madres y niños. El texto constitucional, en su estado actual, parece ignorar esta realidad y da la espalda a las necesidades de estos grupos vulnerables, poniendo en riesgo una ley que buscaba protegerlos y asegurar un sustento económico esencial para su bienestar.