A mediodía del pasado viernes llegó a la comuna de Colchane la Vicepresidenta de la República Carolina Tohá, junto con la Ministra de Defensa, Maya Fernández, para inaugurar el nuevo Punto de Control Fronterizo (POF), que marca un hito en la seguridad fronteriza de nuestro país.
La comuna de Colchane, en la Región de Tarapacá, había sido el epicentro del paso irregular de migrantes desde Bolivia, que tuvo su pick en febrero del año 2021.
En conversación con Cooperativa, la vicepresidenta sostuvo que el hecho «es muy importante, ya que estamos inaugurando estos puestos de observación fronteriza que es una nueva tecnología que el país no tenía, que nos va a permitir una capacidad de control en la frontera muy superior a la que hemos tenido históricamente».
Los nuevos puestos de observación fronteriza están equipados con puestos móviles, conexión satelital y cámaras térmicas que permiten visión nocturna y capacidad de captar imágenes a distancias de hasta 10 kilómetros. En palabras de Tohá, esta tecnología representa un cambio significativo en la capacidad del país para controlar y gestionar sus fronteras.
Esta iniciativa, coordinada por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, se prevé expandir a otras áreas fronterizas, incluyendo Chacalluta y la región de Atacama.
Ultimátum a Ministra del Interior, Carolina Tohá
Esta misma semana, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) amenazaron con acusar constitucionalmente a la ministra Carolina Tohá bajo la condición de que el Gobierno expulse antes del cierre de año los 12 mil migrantes que están con resolución de expulsión decretada por la justicia.
La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, rechazó enfáticamente la amenaza: “Estamos hablando de una especie de ultimátum de un partido que era oficialista en el periodo anterior y en ese gobierno, las expulsiones fueron alrededor de 1.300 en cuatro años”, respondió la vocera de Gobierno.
Vallejo apuntó al estado de abandono de las fronteras que recibieron como gobierno, donde los equipos tecnológicos y los escáneres – necesarios para detectar drogas, armas y otros bienes ilícitos – estarían en un mayor grado obsoletos y sin funcionar. En ese sentido, la ministra sostuvo que “hay que ser razonable y realista cuando se hace la crítica, porque no podemos exigirle a otro que haga todo lo que no fuimos capaces de hacer. Eso es lo que está haciendo un partido que fue de gobierno en periodo anterior”.
Vallejo afirmó el Ejecutivo se está tomando “en serio problema (de seguridad) porque es grave”, sin embargo, “no es comprensible que un sector político que fue gobierno hace muy poco tiempo, que no fue capaz de expulsar a todas las personas que había que expulsar, administrativamente hoy día exija en un mes expulsar 10 veces más de lo que pudieron ellos. Se requieren muchos recursos, pero además es una capacidad logística que en un mes no se puede desarrollar”.
En tanto, el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, anunció el pasado jueves que un monto extraordinario de 7.200 millones de pesos del presupuesto de la Nación 2024 se destinarían exclusivamente a financiar expulsiones. Además, Monsalve estaría viajando a Venezuela para recuperar la gestión diplomática necesaria para ejecutar las expulsiones administrativas, y que se había perdido por razones ideológicas en el gobierno anterior.