El Colegio de Periodistas ha emitido un comunicado alertando sobre el debate que inició esta semana en el Senado en torno al proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para aplicar penas de prisión a quienes divulguen información sobre casos reservados. Destacan que en Chile, la libertad de expresar opiniones e informar es un derecho garantizado por la Constitución, específicamente en el Artículo 19, Nº 12, que afirma que “este derecho no es exclusivo de los y las periodistas, sino que es un derecho de la sociedad a ser informada”. Estas garantías están reforzadas por la ley 19.733, que reconoce a las personas el derecho a estar informadas sobre hechos de interés general.
La orden profesional resalta que la moción presentada por cuatro senadores, que busca tipificar y sancionar con cárcel la divulgación de información de causas judiciales reservadas, como el “Caso Audio” o las denuncias por abuso sexual contra Manuel Monsalve, “amenaza la libertad de información y de prensa, representando un grave retroceso para el ejercicio del periodismo”. Esta medida privaría a la ciudadanía del acceso a información de interés público y pondría en riesgo a los periodistas que investigan el poder.
La declaración del gremio liderado por la periodista Rocío Alorda señala entre otros puntos:
- En años recientes, el periodismo de investigación en Chile ha sido crucial en la lucha contra la corrupción y los abusos de poder. Sin una legislación como esta, la sociedad chilena no habría podido informarse sobre casos emblemáticos como PENTA, SQM o la corrupción en el Ejército y otros hechos que involucran a altas autoridades. La persecución penal contra periodistas no resuelve los problemas de corrupción, sino que los protege.
- Esta propuesta es peligrosa y antidemocrática, exponiendo a los periodistas a un mayor riesgo, ya que podría fomentar el acoso judicial como medio de intimidación, impidiendo la cobertura de temas sensibles. Asimismo, colisiona con el derecho a la reserva de fuente informativa, esencial para el ejercicio del periodismo, resguardado por el artículo Nº 7 de la ley 19.733, que ya contempla responsabilidades y sanciones para la difusión indebida de información en procesos judiciales.
- Queremos enfatizar que el periodismo debe siempre actuar conforme a la ética profesional, garantizando el derecho de la sociedad a acceder a información veraz, plural, responsable y oportuna.
- Este compromiso también implica respetar la dignidad y la vida privada de las personas, especialmente al tratar casos que involucran a víctimas de delitos y al preservar la presunción de inocencia de los denunciados.
El comunicado subraya la importancia de que periodistas y medios marquen claramente la diferencia entre la filtración de denuncias individuales y la publicación de información de interés público. “Lo primero debe evitarse; lo segundo es parte fundamental del rol del periodismo en una sociedad democrática”, recalca la orden.
Finalmente, advierte que si se aprueba la propuesta de los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperguer (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS), tendrá consecuencias negativas para la convivencia democrática y la libertad de información y prensa, por lo que confían en que será rechazada por el parlamento y la ciudadanía.
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Con Información de pagina19.cl