El parlamentario (PNL) advirtió que la utilización de normas internacionales no ratificadas por Chile dificulta la sanción a funcionarios que abusan del sistema.
Ante el reciente escándalo por el uso indebido de licencias médicas por parte de más de 25 mil funcionarios públicos, el diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, instó al Ejecutivo a priorizar la tramitación de un proyecto de ley que él presentó en agosto de 2022.
La propuesta busca modificar el Código Penal para fomentar la denuncia de delitos cometidos por empleados públicos en el ejercicio de sus funciones, especialmente aquellos que afecten el uso correcto de los recursos fiscales.
Kaiser destacó la urgencia de avanzar en iniciativas legislativas que están estancadas en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, las cuales están orientadas a fortalecer la transparencia y la integridad administrativa. En este contexto, subrayó la necesidad de establecer mecanismos disuasivos contra prácticas corruptas y abusos en el aparato estatal.
“Una licencia médica fraudulenta es un robo al Estado. No es un error administrativo ni una falta menor; es un delito premeditado. Cuando un funcionario público colude con un médico o abusa del sistema para cobrar sin trabajar, está defraudando a todos los chilenos”, afirmó Kaiser.
Agregó que: “Es crucial modificar nuestro Código Penal para establecer incentivos claros para quienes denuncien estos hechos ante el Ministerio Público. No podemos seguir ignorando esto. Quien roba al fisco debe enfrentar consecuencias legales, y quienes lo denuncien deben ser protegidos, no perseguidos”.
El parlamentario también abordó casos recientes revelados por un reportaje de Chilevisión, que muestran represalias contra directivos que intentaron fiscalizar estas malas prácticas. Un ejemplo es el del ex director subrogante del Hospital El Salvador, quien denunció a 670 funcionarios con licencias médicas, algunas de más de 14 años, y tras iniciar sumarios, fue removido de su cargo.
“Es increíble el nivel de impunidad en muchas entidades públicas. El castigo recae sobre los honestos, no sobre los corruptos. Se ha creado un sistema que premia la pereza y la corrupción, mientras que castiga a quienes intentan fiscalizar. Esto envía un mensaje equivocado a los funcionarios que desean hacer bien su trabajo: que al denunciar, pueden perder su empleo. Esta es una mafia institucionalizada, donde quienes buscan poner orden terminan siendo perseguidos. Esta situación debe terminar y el Congreso tiene la responsabilidad moral de actuar antes de que el Estado se vea completamente dominado por esta cultura de deshonestidad”, concluyó el presidente del Partido Nacional Libertario.
Otro caso preocupante fue reportado en la Junji Coquimbo, donde el ex director subrogante, Wilson Rojas, fue destituido tras iniciar un sumario contra una funcionaria que presuntamente utilizó una licencia médica mientras estaba fuera del país. Aunque el hecho era grave, la trabajadora fue sobreseída, mientras que Rojas enfrentó acusaciones de acoso laboral, apoyadas en tratados internacionales, resultando en su destitución.
Kaiser denunció que estas situaciones se agravan por la creciente influencia del llamado soft law, que incluye opiniones consultivas o recomendaciones de organismos internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque no son vinculantes jurídicamente, se imponen en la administración pública como si lo fueran.
“Estamos ante una forma de gobernanza paralela, ajena a la voluntad democrática del pueblo chileno. Organismos internacionales no elegidos dictan cómo legislar y gestionar. Se escudan en resoluciones blandas que terminan siendo obedecidas como si fueran leyes. Esta intromisión debilita nuestras instituciones, altera el equilibrio interno y socava la soberanía nacional. No puede ser que en Chile se le tenga más miedo a un informe de la ONU que a un fallo de nuestros propios tribunales. Esto debe cesar”, enfatizó.
Finalmente, el diputado Kaiser reafirmó su compromiso con la probidad y la defensa del Estado de Derecho, llamando al Gobierno y al Congreso a no postergar iniciativas legislativas esenciales para poner fin a la impunidad en el sector público.
Con Información de hoysantiago.cl