Un grupo de destacados académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez ha emitido una seria advertencia acerca de la propuesta de nueva Constitución chilena, la cual, afirman, podría hacer inconstitucional la penalización del narcotráfico. En una carta abierta publicada por El Mercurio, los profesores Antonio Bascuñán, Rodrigo Correa, Samuel Tschorne y Javier Wilenmann, han expresado una profunda preocupación respecto a ciertos artículos de la propuesta constitucional que parecen socavar la base legal para sancionar el narcotráfico.
Los juristas han remarcado que la nueva redacción propuesta carece de la «cordura» necesaria y podría alterar drásticamente la legislación penal actual. Apoyándose en un análisis histórico, señalan que el texto de 1980 del Tribunal Constitucional sobre el narcotráfico permitía una cierta flexibilidad interpretativa que la nueva propuesta elimina. La «Constitución de la seguridad», como la denominan, demandaría una descripción detallada y explícita de conductas penales en la ley misma, un estándar más alto que el actualmente aplicable a las sanciones penales y que rememora las exigencias del anteproyecto de 1980.
Esta nueva exigencia de especificidad y explicitud legislativa, advierten los académicos, llevaría a que solo se puedan aplicar sanciones a conductas detalladas con precisión en la ley, lo que, aunque puede parecer una medida menor para el ciudadano promedio, representa un cambio significativo en la práctica legal. Esta situación podría, según los expertos, dificultar la penalización efectiva del narcotráfico al elevar el estándar para la descripción de delitos.
Finalmente, los profesores hacen un llamado a reconocer las implicancias de este cambio constitucional, no solo en la lucha contra el narcotráfico sino también en la estructura legal general de Chile. Concluyen que la propuesta traslada el estándar de sanciones administrativas a las multas y eleva el estándar penal, alertando sobre las posibles consecuencias que esto tendría en la seguridad y el orden jurídico del país.