La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido este lunes una serie de directrices para “determinar y hacer efectivas las posibles responsabilidades administrativas” de los funcionarios públicos implicados en el escándalo de las licencias médicas.
En su instructivo de siete puntos, la CGR establece que es responsabilidad de la autoridad decidir si inicia uno o más procedimientos disciplinarios, teniendo en cuenta la cantidad de casos que requieran indagación, ya sea de manera individual o agrupada según el grado, jerarquía u otros factores de los involucrados.
Respecto a la designación de un fiscal, se indica que este no debe tener vínculos de dependencia o subordinación con el servidor investigado y debe poseer un grado o jerarquía igual o mayor a la de este.
El fiscal tendrá amplias atribuciones para llevar a cabo la investigación, y los funcionarios deberán colaborar en todo lo que se les requiera.
En lo que respecta a la investigación, el fiscal podrá utilizar todos los medios de prueba disponibles. No obstante, para poder comprobar los hechos mencionados en el CIC N°9, se requiere, como primer paso, la certificación oficial de la Policía de Investigaciones de Chile, relativa a las fechas de entrada y salida del país involucradas.
Los sumarios deben observar el debido proceso, lo que implica un procedimiento racional y justo en el ámbito administrativo. Por lo tanto, es fundamental garantizar, en todo momento, el derecho de defensa o de contradicción de todas las personas que puedan verse afectadas por la decisión administrativa.
Se recuerda que, de acuerdo a lo establecido por este organismo de control, los actos administrativos que dispongan sobre sobreseimientos, absoluciones y medidas disciplinarias en investigaciones sumarias y sumarios administrativos deben ser sometidos a toma de razón por la Contraloría. El inculpado también tiene el derecho de presentar reclamos ante la CGR.
Con el fin de mejorar el registro, monitoreo, supervisión y trazabilidad de los procedimientos disciplinarios instruidos por la Contraloría a las municipalidades y servicios públicos, se ha presentado la plataforma informática Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD).
Este modelo de seguimiento implica la implementación de una política de complementariedad entre las acciones realizadas por la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría y las unidades de Auditoría Interna, Direcciones de Control y/o encargados de Control Interno de los organismos sujetos a supervisión por parte de la CGR.
Para su implementación, cada entidad deberá designar a dos funcionarios como contrapartes titulares y sus respectivos suplentes, quienes tendrán la responsabilidad de cargar en el sistema en formato PDF los actos administrativos y toda la documentación relacionada con cada proceso de seguimiento vigente que se requiera durante la tramitación de cada acción derivada, para su posterior análisis por el personal de la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría.
Con Información de www.lanacion.cl