El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió la continuidad del régimen de excepción relacionado con la violencia de las pandillas, implementado en marzo de 2022. Este régimen ha dado lugar a más de 86,000 detenciones, en medio de críticas por parte de organizaciones que promueven los derechos humanos.
En un discurso ante la nación desde el Teatro Nacional, Bukele afirmó: “No me importa que me llamen dictador. Prefiero ser llamado dictador a ver cómo asesinan a salvadoreños en las calles o recibir reportes diarios de muertos”. Además, aseguró que no liberará a los detenidos, independientemente de los reclamos.
El presidente expresó su preocupación por aquellos críticos que argumentan que su administración ha priorizado la seguridad a expensas de la democracia: “¿Qué es lo que quieren? ¿Que eliminemos el régimen de excepción para que la comunidad internacional nos elogie, aunque eso signifique poner en peligro la vida de nuestros ciudadanos?”
En este contexto, Bukele se refirió a palabras como “democracia, institucionalidad y derechos humanos”, indicando que, aunque suenan bien, son utilizados para mantener a la población bajo control.
Además de justificar el régimen de excepción, durante su discurso Bukele respaldó una ley que impone impuestos a las ONG por donaciones recibidas del extranjero, y arremetió contra organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación.
El presidente, quien está en su sexto año de mandato a pesar de lo que indica la Constitución, vio esta ley como un medio para proteger la cooperación internacional y argumentó que muchos países desarrollados prohíben injerencias externas: “Hay organizaciones que dicen venir a ayudar, pero realmente buscan hacer política”.
Adicionalmente, criticó a los medios de comunicación, afirmando que “desplegar activistas disfrazados de periodistas para difundir mentiras” no debería ser considerado libertad de prensa, y cuestionó la intervención de congresistas extranjeros exigiendo la liberación de criminales.
Tras registrarse 87 homicidios en un solo fin de semana de 2022, Bukele instauró el régimen de excepción que restringe derechos como la libertad de asociación y la privacidad de las comunicaciones, así como varias garantías del debido proceso, lo que ha generado críticas de diversas organizaciones de derechos humanos.
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