El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, ha dictado el primer procesamiento por sustracción de menores en el periodo comprendido entre 1970 y 1990, y ha enviado a la Corte Suprema una petición de extradición hacia Israel respecto a una de las acusadas.
El magistrado ha procesado y ordenado la prisión preventiva de cinco individuos por asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa en relación a la adopción irregular de dos menores de la comuna de San Fernando, quienes fueron entregados a parejas extranjeras.
El ministro Aguilar ha encausado a Ivonne Gutiérrez Pávez, Ismael Moisés Espinoza León, Carlos Sigisfredo Vega Segura, Laura Rosa Silva Sánchez y Sylvia Clara Vilches Rojas por el delito de asociación ilícita.
Adicionalmente, Ivonne Gutiérrez Pávez ha sido procesada por dos delitos de sustracción de menores. Ismael Espinoza León, Carlos Vega Segura y Laura Silva Sánchez han sido sometidos a juicio como coautores de un delito de sustracción de menores.
Por otro lado, Gutiérrez Pávez, quien fue jueza del Juzgado de Menores de San Fernando, enfrenta cargos por el delito de prevaricación dolosa.
La investigación del ministro Alejandro Aguilar reveló que en la década de los ochenta se formó en San Fernando una red compuesta por abogados, sacerdotes de la Iglesia Católica, miembros de organizaciones sociales, funcionarios de salud y una jueza, la cual se encargaba de identificar y facilitar la adopción de menores cuyos padres eran de bajos recursos, entregándolos a parejas extranjeras a cambio de sumas que podían alcanzar hasta los 50 mil dólares.
Asimismo, el magistrado ha desestimado la prescripción de los delitos, argumentando que se trata de crímenes de lesa humanidad cometidos durante un régimen militar que deben ser juzgados conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente, el magistrado ha solicitado a Israel la extradición de la acusada Ivonne Gutiérrez Pávez, quien reside en ese país, invocando el Convenio Europeo de Extradición, que Chile ratificará a partir del 1 de junio de 2025.
Con Información de www.lanacion.cl