Por Benjamin Mullin para The New York Times. 30 de mayo
En Estados Unidos, el financiamiento de medios públicos enfrenta desafíos, especialmente ante los recortes presupuestarios propuestos durante la administración de Donald Trump.
El 30 de mayo, la Corporación para la Radiodifusión Pública (PBS) interpuso una demanda contra el presidente Trump, solicitando bloquear una orden ejecutiva que reduciría la financiación federal destinada a la televisión y la radio pública, argumentando que dicha medida es inconstitucional.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Washington por PBS y una estación de televisión pública en Minnesota, sostiene que la orden del presidente infringe las normas que «impiden al presidente actuar como juez del contenido de la programación de PBS y restringir su financiamiento de manera indirecta».
“La orden ejecutiva deja claro que está cortando los fondos a PBS debido a su programación, con la intención de modificar el contenido del discurso”, señala la demanda. “Esto equivale a una evidente discriminación por opiniones”.
Este mes, Trump firmó una orden ejecutiva que exige recortes en la financiación federal para NPR y PBS, argumentando que estas organizaciones tienen sesgos políticos. Ambas respondieron de inmediato: NPR presentó una demanda para impugnar la orden y Paula Kerger, directora ejecutiva de PBS, la calificó de “flagrantemente ilegal”.
Según PBS, esta orden “trastocará la televisión pública”, que ha sido hogar de programas emblemáticos como “Plaza Sésamo”, “Mister Rogers’ Neighborhood” y “Frontline”, reconocida por su periodismo de investigación.
Aproximadamente el 16% del presupuesto anual de PBS proviene de subvenciones de la Corporación para la Radiodifusión Pública, que destina más de 500 millones de dólares anuales a medios públicos. La orden de Trump podría comprometer el 61% de su presupuesto, ya que impactaría las tarifas que las emisoras locales pagan por el apoyo de PBS, dado que la prohibición de financiación en la Casa Blanca afectaría directamente a estas emisoras.
La Corporación para la Radiodifusión Pública recibe su financiamiento del Congreso con dos años de antelación para protegerlo de las fluctuaciones políticas a corto plazo.
Un portavoz de PBS indicó que tomaron la decisión de actuar legalmente para salvaguardar la independencia editorial de la televisión pública y proteger la autonomía de las estaciones miembros.
En su demanda, PBS argumenta que únicamente el Congreso, no el Sr. Trump, tiene la autoridad para financiar la Corporación. Además, subraya que la Primera Enmienda prohíbe al presidente tomar decisiones sobre qué organizaciones deben recibir financiamiento basado en sus puntos de vista.
La orden ejecutiva de Trump es parte de un esfuerzo más amplio por parte de algunos republicanos para debilitar los medios públicos. La Casa Blanca ha manifestado su intención de solicitar al Congreso la eliminación de los fondos para la Corporación y ha intentado destituir a miembros de su junta directiva. Asimismo, hay iniciativas en el Congreso para aprobar leyes que reduzcan las asignaciones para NPR y PBS.
Con Información de desenfoque.cl