Alcaldes han presentado acciones legales para reclamar la restitución de fondos malgastados en viajes relacionados con licencias médicas.
Entre las acciones que están llevando a cabo se encuentra la interposición de querellas penales y la exigencia de la devolución de los recursos mal utilizados.
Los alcaldes que han presentado estas acciones incluyen a Agustín Iglesias (Independencia), José Manuel Palacios (La Reina), Carol Bown (San Miguel), Isabel Valenzuela (Colina), Sebastián Sichel (Ñuñoa) y Juan Pablo Olave (Isla de Maipo). Solicitarán que se expanda la investigación para determinar el total de pérdidas al erario público.
En Independencia, se han recopilado datos que muestran que 59 funcionarios realizaron 123 viajes internacionales durante sus licencias médicas entre 2023 y 2024.
“Las licencias médicas son un asunto serio, ya que detrás de cada licencia falsa puede haber urgencias no atendidas. Esto genera que no se realicen operaciones, se suspendan clases y que madres no puedan trabajar por falta de profesores. La irresponsabilidad de unos pocos tiene graves consecuencias, incluso puede poner vidas en riesgo”, afirmó Iglesias.
La acción judicial también se extenderá a los médicos que otorgaron licencias sin fundamentación, permitiendo que personas supuestamente enfermas viajaran al extranjero.
“Existen responsabilidades compartidas. Aquellos médicos que facilitaron este engaño también deberán rendir cuentas”, añadió Iglesias.
Sobre el caso de licencias médicas
El alcalde Palacios subrayó que “es urgente revisar la normativa actual, establecer sanciones adecuadas, implementar controles y mejorar la gestión administrativa para proteger los recursos públicos y asegurar la calidad del servicio. Es fundamental contar con un marco regulatorio que permita la destitución inmediata de funcionarios ante ciertas faltas, evitando así procesos que solo sobrecargan a otros y afectan la atención de los vecinos”.
De igual manera, la alcaldesa de San Miguel enfatizó que “cualquier irregularidad detectada será abordada con seriedad y compromiso, garantizando siempre la transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Nuestra prioridad es actuar con integridad y fomentar la confianza en la gestión local”.
La legislación respalda esta acción: el DFL N°1 del Ministerio de Salud sanciona la obtención fraudulenta de beneficios previsionales de Fonasa (art. 168) y de otras instituciones previsionales (art. 174).
El Código Penal también establece sanciones para quienes cometan fraudes al Estado en los artículos 202 inciso final, 193, 467 y 470 N°8.
Con Información de chilelindo.org