SAN BERNARDO.- Un embargo afecta a al menos tres sedes de juntas de vecinos, debido a una considerable deuda laboral solidaria que el municipio de San Bernardo tiene, que supera los 3 mil millones de pesos.
Este problema se origina por 25 demandas laborales interpuestas por 315 guardias de seguridad de una empresa desvinculada en 2022. Cada demanda puede resultar en el embargo de diversas propiedades, poniendo en riesgo varias instalaciones municipales. La deuda continúa aumentando, con un incremento aproximado de $35 millones mensuales.
Recientemente, el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo aprobó el remate de la sede de El Rompimiento N°16330, que está programado tentativamente para el 13 de junio de 2025 a las 12:00 horas. Desde la municipalidad, han manifestado que explorarán todas las opciones legales antes de realizar cualquier pago, aunque vecinos y concejales critican su falta de acción.
El año pasado, se emitió una orden de arresto contra el alcalde White por esta situación, aunque se suspendió tras un decreto que ordenó el pago de $107 millones.
A principios de agosto de 2022, en la primera gestión del alcalde reelecto Christopher White, los guardias de la empresa Miva S.P.A. se autodespidieron, alegando impagos en cotizaciones y discrepancias en gratificaciones y sueldos.
El abogado de los guardias, Rodrigo Campos, mencionó que todas las acciones legales resultaron en condenas para la municipalidad, que tiene la responsabilidad solidaria de cubrir las obligaciones de la empresa con los trabajadores. Campos destacó que Miva no se declaró en quiebra, sino que dejó de realizar los pagos, lo que considera apropiación indebida.
El abogado sostiene que la municipalidad no controló esta situación, permitiendo que la deuda creciera a más de $3 mil millones, exacerbada mensualmente por $35 millones debido a la “Ley Bustos”, que aumenta la deuda por cada trabajador afectado mientras no se paguen las cotizaciones. Expresó su sorpresa por la falta de intentos de acuerdo de parte de San Bernardo.
“Hemos intentado llegar a acuerdos en múltiples ocasiones, incluso cuando la deuda era menor. Siempre hubo rechazo. ¿Cuándo se planteará una conversación? ¿Cuando la deuda llegue a $5 mil millones? Los abogados del municipio estaban instruidos para dilatar el proceso, lo que conllevó a costos adicionales. Estas tácticas generan gastos significativos”, dijo.
En este contexto, “seguiremos embargando”, advierte, “porque el municipio no está dispuesto a pagar, así que la única forma de cobrar es mediante embargos y remates”.
Desde la municipalidad, argumentan que las demandas son consecuencia de graves irregularidades por parte de la empresa Miva hacia sus trabajadores. Afirman que intentaron llegar a acuerdos que fueron rechazados por los abogados demandantes.
Esta cuestión fue abordada por la concejala Mariela Araya (UDI) en una reunión del consejo, donde el director jurídico, Álvaro González, respondió que la municipalidad se defiende y que el remate aún no está confirmado, ya que se ha interpuesto un recurso de reposición.
El alcalde White enfatizó que las demandas representan “deudas millonarias derivadas de procesos históricos”, y que se están buscando maneras de lidiar con la situación. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar, ya que Araya cuestionó las acciones tardías de la administración municipal.
Los concejales manifestaron su preocupación por el impacto que esta situación tiene en las comunidades, destacando que las sedes son esenciales para el desarrollo social.
El dirigente de la villa Manuel Magallanes, Tomás Terán, criticó la falta de comunicación y considera que lo ocurrido es “una falta de respeto”. En una reunión, asegura que se discutieron opciones de pago que luego no se llevaron a cabo.
Terán exigió transparencia y que se detenga el remate programado para el 13 de junio, advirtiendo que esto podría establecer un “pésimo precedente”. Además, solicitó el cese del administrador municipal por su supuesta mala gestión.
CONTRALORÍA: CRÍTICAS A LA GESTIÓN DE WHITE
Hace un año, la Contraloría General de la República emitió un informe desfavorable sobre la gestión de White, destacando hallazgos de $91 millones en desajustes financieros y un déficit de $3 mil millones por compromisos con organizaciones sindicales.
En 2023, la Contraloría también ordenó la finalización de un contrato con una empresa de consultoría que enfrenta acusaciones de corrupción.
Fuente: El Líbero.
Con Información de chilelindo.org