Por Cristian Alvarez
Este jueves, luego de que la Contraloría divulgara un informe, diversos sectores políticos han tomado iniciativas para sancionar a más de 25,000 funcionarios públicos que abusaron de sus licencias médicas. Tanto parlamentarios del oficialismo como de la oposición han demandado acciones judiciales para obtener sentencias y sanciones. Desde el Gobierno, el Ministerio del Trabajo ha solicitando un plazo de 72 horas para identificar a los que abusaron de este beneficio. La ANEF ha criticado esta situación y la CPC está observando atentamente.
No caben matices; lo que ocurrió es inaceptable, ya que se utilizó un «beneficio» para fines no relacionados con la salud, perjudicando a los que realmente lo necesitaban. Es esencial que se actúe conforme a los procedimientos establecidos para que los responsables devuelvan lo injustamente obtenido. Diversos sectores políticos y autoridades han anunciado acciones para perseguir responsabilidades y sancionar a quienes emitieron y mal usaron las licencias médicas.
Comencemos con la vía judicial. Parlamentarios de diferentes sectores han propuesto iniciativas para investigar y sancionar este grave problema. Inicialmente, los diputados de RN se dirigieron al Ministerio Público para solicitar una investigación. Diego Schalper, diputado de esa colectividad opositora, instó al Gobierno a mejorar sus controles, lamentando que la Contraloría realice tareas de fiscalización que deberían corresponder a las autoridades gubernamentales: “Hacemos un llamado al gobierno de Gabriel Boric, especialmente al Ministerio de Salud, a ser más proactivos. ¿Cómo es posible que en FONASA no se detecte que algún doctor está emitiendo múltiples licencias en un solo día? Los chilenos nos sorprendemos cuando la Contraloría realiza un cruce de datos que FONASA debería haber ejecutado”. Más tarde, el senador del PS, Juan Luis Castro, se reunió con el presidente del Consejo de Defensa del Estado para solicitar acciones judiciales específicas por caso: “Están dispuestos a proteger los fondos públicos y activar acciones legales una vez que se inicien los sumarios administrativos. Cuentan con toda la información necesaria para actuar, pero requieren retroalimentación de los procesos actuales”, comentó el legislador.
Desde el Gobierno, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, condenó el uso indebido de este documento, afirmando que ya se ha establecido un plazo de 72 horas para recopilar todos los casos problemáticos: “Cualquier uso fraudulento de licencias médicas es condenable. Hemos instruido que se inicien sumarios administrativos en todos los servicios donde se detecten estas irregularidades”. Aunque los casos en el sector privado son menos frecuentes, también es necesaria una adecuada fiscalización: “En el sector privado, las licencias son menos comunes, pero debemos asegurarnos de que no haya abusos. Este derecho social es fundamental para mantener la continuidad laboral, pero quienes lo malutilizan perjudican a todos los trabajadores del país”, expresó Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio.
La ANEF también ha repudiado el abuso de estas licencias: “Rechazamos que se utilice este derecho laboral como justificación para tomar feriados legales. Esto constituye una falta de probidad, y no defenderemos lo indefendible”, declaró José Pérez, presidente de la ANEF, en una entrevista en radio «Cooperativa». Hasta ahora, ya se han iniciado acciones judiciales, ya que el Ministerio Público ha ordenado investigar estas irregularidades y la Contraloría ha solicitado sumarios en las entidades donde más se han detectado estas prácticas cuestionables, como JUNJI y Fundación Integra.
Con Información de chilelindo.org