Por Cristian Alvarez
El martes, la Contraloría General de la República publicó un informe que examina el uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos entre los años 2023 y 2024. Se reveló que más de 25,000 de estos documentos fueron utilizados de manera inapropiada, principalmente durante períodos de vacaciones, indicando evidencias de uso fraudulento. Todos los sectores políticos manifestaron su repudio, calificando el hecho como una “estafa colectiva” y pidiendo investigaciones y sanciones judiciales.
El abuso de estas licencias resulta altamente decepcionante, especialmente cuando funcionarios optan por utilizarlas en lugar de ayudar a quienes realmente lo necesitan. La clase política se manifestó de forma unánime para condenar este uso indebido, reafirmando las conclusiones del informe de la Contraloría.
Las reacciones políticas fueron contundentes: hubo consenso en repudiar la mala utilización de este trámite esencial para la salud. La diputada PPD y exministra de Salud, Helia Molina, consideró la situación como un “acto vandálico” y una “estafa colectiva”, afirmando: “Es inaceptable que 25,000 personas hayan usado licencias médicas para viajar. Este abuso genera desconfianza en quienes realmente están enfermos y necesitan estas licencias. Espero que se tomen acciones firmes para aclarar esta situación.”
Desde la oposición, el senador UDI Sergio Gahona exigió investigaciones y sanciones penales, indicando: “Esto no se trata solo de un abuso, sino de corrupción disfrazada. Más de 25,000 funcionarios públicos viajando mientras supuestamente estaban enfermos es alarmante. Se necesita una revisión interna exhaustiva.”
Johannes Kaiser, precandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, también pidió medidas penales, considerando este acto como un delito: “Las licencias médicas fraudulentas son un delito que perjudican tanto al fisco como a los pacientes que realmente necesitan atención. Exigimos que estos funcionarios sean despedidos.”
Por su parte, el precandidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, afirmó que este fraude desvirtúa el propósito de las licencias médicas y abogó por implementar controles más estrictos: “Defraudar al fisco es robar a todos los chilenos. Es necesario redoblar los esfuerzos de fiscalización y aplicar sanciones severas a los responsables.”
Hoy, la Contraloría presentó su informe titulado «Consolidado de Información Circularizada», que indica que 25,078 funcionarios públicos no respetaron los períodos de descanso estipulados en sus licencias durante 2023 y 2024. Las entidades responsables de la mayor cantidad de documentos fraudulentos incluyen la JUNJI con 2,280 licencias, Fundación Integra con 1,934, y la Municipalidad de Arica con 719. En términos geográficos, la Región Metropolitana reportó 26,032 casos, seguida por Arica y Parinacota con 10,043 y Magallanes con 5,980. Durante el periodo estudiado, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) registró 5,145,997 licencias médicas entregadas a funcionarios públicos en todo el país.
Con Información de chilelindo.org