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Después de siete años de tramitación, la reforma al sistema registral de Chile está a punto de ser aprobada, pero enfrenta serias críticas por su carácter improvisado y por las numerosas inconsistencias técnicas. Esto generará incertidumbres en un servicio estatal esencial para la protección legal del régimen patrimonial del país.
Las incoherencias no son solo resultado de un tratamiento legislativo deficiente por parte de algunos diputados y senadores, a pesar de algunas excepciones notables. Se originan principalmente en los cambios impulsados por tres gobiernos diferentes, ninguno de los cuales logró definir claramente el enfoque estratégico de la reforma, que ha oscilado entre consideraciones de mercado, fe pública, gestión notarial y la designación de cargos. Esto ha dejado en el aire aspectos críticos, como la naturaleza orgánica de los oficios conservadores y las competencias de control, así como su estatus como infraestructura crítica.
El texto final que producirá la Comisión Mixta aún debe ser aprobado en la Sala. Una vez publicada la ley, se redactará el reglamento correspondiente. Esta última etapa carece de un plazo definido, ya que hay múltiples temas que quedaron fuera, especialmente en registros fundamentales como los de aguas y concesiones mineras. También es necesario abordar la posible migración de títulos de propiedad entre registros, lo cual debe ser armonizado para evitar la judicialización de estos aspectos, ya sea ante el Tribunal Constitucional o un juez civil, lo que acarrearía costos económicos y políticos. La falta de un plazo definido es crítica debido al dispar desarrollo tecnológico de los conservadores y la ausencia de un proyecto que normalize el servicio digital en todo el país, además de los costos asociados a tal normalización.
En los oficios conservatorios, especialmente en las grandes ciudades como Santiago, Valparaíso, Antofagasta o Temuco, la experiencia laboral de los funcionarios es crucial. En Santiago, los funcionarios suelen estar altamente cualificados (muchos son abogados, arquitectos, administradores y topógrafos) y son capaces de manejar el complejo contenido técnico requerido para las inscripciones. Esta capacitación laboral es un recurso esencial para asegurar la continuidad del servicio en un sistema donde las plataformas digitales no están homologadas ni garantizadas, excepto por la lealtad de los empleados, un aspecto que ha sido ignorado en el debate.
A lo largo del proceso, los representantes laborales no han sido considerados en los debates parlamentarios ni en las propuestas gubernamentales, que se han centrado en la capacidad política para designar a los conservadores, archiveros o notarios. Una vez nombrados, estos individuos adquieren una característica casi de propietarios de sus cargos, convirtiéndose en empresarios privados gracias a favores políticos. Por el contrario, la fuerza laboral—excepto en los niveles de gerencia donde predominan los familiares y los salarios altos—se rige por el Código del Trabajo. Un ejemplo de esta fricción es el conservador de Hipotecas de Santiago, quien, poco después de asumir su cargo, demandó la nulidad del Convenio Colectivo que se ha renovado durante 20 años, argumentando que obstruía su gestión empresarial. El caso fue fallado en su contra.
La errática y negativa acción parlamentaria se ha evidenciado en el trabajo de la comisión mixta, donde un conflicto de interés llevó a uno de los sindicatos del CBRS a presentar una queja ante la Comisión de Ética del Senado, que aún no ha sido respondida. Esta situación involucra a la presidenta de la comisión, la senadora Paulina Núñez (RN), quien no declaró su relación con un acuerdo político que involucra a su esposo, Cristian Monckeberg, reciente consultor del Conservador de Hipotecas y directivo de la Universidad del Alba, donde se promueven actividades académicas y laborales para ese oficio. Los funcionarios señalan que esto “constituye un grave conflicto de interés que compromete la objetividad y transparencia del proceso legislativo”.
La percepción general es que este tipo de situaciones, en medio de la gran anomía institucional del país y una politización superficial en los debates parlamentarios, no solo perjudica a los ciudadanos, sino que genera una inseguridad estructural en temas tan fundamentales como el derecho de propiedad y la integridad patrimonial. Aún hay tiempo para rectificar este rumbo.
Con Información de desenfoque.cl