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No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Este es el caso de los tres gobiernos sucesivos desde 2018, que insisten en proponer una ley de Reforma del Sistema Registral o ley de notarios, desmantelando lo poco bueno que existe y generando incertidumbre en el sistema registral nacional.
La ley comenzó con la propuesta de crear 3000 fedatarios, lo que implicaba privatizar la fe pública en el país, una idea que afortunadamente fue rechazada. Sin embargo, la ley muestra una evidente incompletud. No aborda aspectos importantes como los derechos de agua, pertenencias mineras, concesiones marítimas, entre otros. Además, carece de un diseño que estandarice los registros y servicios, lo que haría que los procedimientos fueran uniformes a nivel nacional, algo imposible debido al atraso tecnológico de muchos conservadores. Aún no hay claridad sobre plazos.
En la Región Metropolitana se propone dividir el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS), que actualmente es el más eficiente del país y cubre solo 26 de las 52 comunas de la RM. Esta división crearía gran incertidumbre al obligar a los propietarios a migrar sus títulos, como lo demuestra la situación en el portal del conservador de Peñaflor.
En las comunas periféricas, incluido el CBRS, surge el problema de los derechos de agua que están registrados pero no asociados a la propiedad inmobiliaria. El cambio en el uso del suelo, donde se venden terrenos rurales a través de derechos porcentuales, ha llevado a los conservadores a negarse a inscribir estos cambios por sospechas de irregularidades. Esto ha creado una tensa incertidumbre sobre los derechos de propiedad, visible en zonas que han sido transformadas en parcelas de agrado, como Pirque, Peñalolén, Maipú, San Bernardo, Peñaflor, Colina y Quilicura. La duda persiste acerca de la existencia efectiva de los derechos reales de agua inscritos. Nadie ha consultado a la Dirección de Aguas del MOP sobre su opinión al respecto.
Pese a siete años de discusión, nunca se abordó el concepto de ciberseguridad, ni se habló mucho sobre la transición tecnológica de los registros, menos aún sobre su naturaleza como servicio público. Tampoco se puso en cuestión la designación política de estos cargos, que se mueven entre concesiones y patentes de explotación comercial, mientras sus empleados siguen siendo considerados bajo el Código del Trabajo. Esta distinción jamás se discutió.
La historia de esta ley revela giros irracionales en las prioridades del gobierno y la falta de inteligencia legislativa. A excepción de algunos parlamentarios como el exdiputado Marcelo Schilling y senadores como Pedro Araya, Francisco Huenchumilla o Manuel José Ossandón, esta reforma es posiblemente una de las peores que ha tramitado el parlamento en 30 años de democracia, en gran parte debido a la falta de colaboración del ministerio de Justicia.
Conservadores y Sindicatos
Durante siete años de tramitación, la prensa ha centrado su atención más en la forma que en el fondo. Se ha hablado de lo que gana un conservador en el CBRS y de los supuestos privilegios de los trabajadores, todo sin mucho contexto.
El cargo de conservador se decide políticamente y son considerados auxiliares de la justicia según el Código Orgánico de Tribunales, es decir, empleados públicos. Si perciben salarios de 150 millones mensuales o más, es porque el poder político les ha otorgado concesiones, fijando tarifas que deben pagar los usuarios sin establecer límites salariales. ¡Conservador amigo, el gobierno está contigo! es el lema. Por ejemplo, el conservador de Hipotecas, en menos de dos años en su cargo, ha ganado unos 3 mil millones de pesos. Imagínese cuánto ha recibido en 10 años o más. Esto ha llevado a que sean etiquetados como «super ricos» por la prensa.
En cambio, los trabajadores del CBRS se rigen por el Código del Trabajo. Son 500, organizados en 2 sindicatos, y distribuyen sus ingresos según una escala profesional que ellos mismos han propuesto. Este sistema asegura que obtengan sueldos razonables, resultado en gran parte de la solidaridad mutua entre trabajadores, quienes desempeñan un rol fundamental para la seguridad del país. La mayoría son profesionales, un pilar esencial que ha sido sistemáticamente omitido por los legisladores.
Debido a las falencias en la ley, se abren múltiples puertas traseras para ciberdelitos, un riesgo para el país. La falta de claridad en el carácter del servicio les excluye del control directo de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), lo que dificulta el reporte de incidentes debido a la diversidad tecnológica.
El sistema del CBRS no le cuesta nada al Estado; todo se financia con las tarifas que los usuarios pagan. Entonces, ¿cuál es el interés detrás de la reforma? ¿Controlar un negocio de 600 millones mensuales? Esto podría explicar por qué la propuesta inicial de división provino del senador socialista Álvaro Elizalde y Matías Walker, ambos ajenos a Santiago.
Quizás el motor detrás de todo sea un gran negocio digital con un consorcio extranjero que podría beneficiarse de la ley al otorgar discrecionalidad presidencial en los servicios registrales. O simplemente podría tratarse de intereses personales, como un diplomado en derecho registral que se planea ofrecer con la ley aún no aprobada, como lo propuesto por la Universidad del Alba bajo la dirección de Cristián Monckeberg.
La solución siempre ha sido sencilla y no requería ley: establecer un límite salarial para los conservadores, asegurando que nadie gane más que un ministro de Corte de Apelaciones, renovar sus cargos cada 8 años sin opción a reelección y elegir a los nuevos mediante concursos. Los excedentes recaudados hoy podrían destinarse a mejorar la tecnología y digitalización en zonas con déficit. Además, los sindicatos del CBRS podrían ser un modelo de cómo ofrecer un servicio de excelencia sin que el Estado o los concesionarios inviertan recursos.
Porque los verdaderos pilares en los oficios conservadores complejos, como el de Santiago y en todo el país, son los trabajadores, quienes han sido sistemáticamente ignorados en el proceso legislativo.
Con Información de desenfoque.cl