El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó con contundencia a organizaciones de derechos humanos, medios internacionales y políticos globales. Aseguró que un país en paz y sin muertes, como el que dice haber alcanzado, «no resulta rentable» para esos sectores.
En un mensaje publicado en su cuenta de X (anteriormente Twitter), Bukele declaró:
«Es evidente que un país en paz, sin muertes, sin extorsiones, sin sangre ni cadáveres diarios, sin madres llorando a sus hijos, no es rentable para las ONG de derechos humanos, ni para los medios globalistas, ni para las élites, ni para Soros», en alusión al empresario húngaro-estadounidense George Soros.
El mandatario agregó que el conflicto de estos grupos con su Gobierno no solo es económico, sino también político, afirmando:
«Se está convirtiendo en un ejemplo para otros países: que es posible vencer al terrorismo y vivir en paz».
Estas declaraciones se producen tras la publicación de una entrevista por parte del medio digital El Faro, donde un presunto líder de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios afirma que hubo pactos entre estas estructuras criminales y el Gobierno de Bukele. La investigación sugiere que dos cabecillas de la organización, que habían negociado con actores políticos cercanos al oficialismo, lograron escapar del país con ayuda gubernamental.
El Faro también menciona que estos líderes, quienes ingresaron previamente a un penal de máxima seguridad encapuchados, revelaron en video detalles sobre supuestos acuerdos que facilitaron el ascenso político de Bukele.
Según el medio, la ruptura de esos pactos habría provocado una ola de violencia a finales de marzo de 2022, resultando en más de 80 asesinatos en un solo fin de semana.
Hasta ahora, ni el presidente ni ningún funcionario de su administración han respondido directamente a la investigación.
Desde marzo de 2022, El Salvador está bajo un régimen de excepción impuesto como parte de la «guerra contra las pandillas» del Ejecutivo. Este estado de excepción ha sido prorrogado en 38 ocasiones por la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, permitiendo la detención de más de 85,900 personas acusadas de ser parte o colaborar con estructuras criminales.
A pesar del amplio respaldo a esta medida por su impacto en la reducción de la violencia, ha recibido críticas internacionales por presuntas violaciones de derechos humanos, incluidas muertes bajo custodia estatal. Algunos analistas advierten que esta estrategia ha evolucionado hacia un control social permanente, en lugar de ser una medida excepcional.
Con Información de hoysantiago.cl