“Año tras año, hemos señalado los peligros del retroceso en los derechos humanos. Sin embargo, los eventos de los últimos 12 meses —en particular el genocidio de la población palestina en Gaza, transmitido en vivo pero ignorado— han evidenciado lo infernal que puede ser el mundo para muchas personas cuando los Estados más poderosos ignoran el derecho internacional y desatienden las instituciones multilaterales. En esta encrucijada histórica, donde las leyes y prácticas autoritarias proliferan en beneficio de una minoría, es urgente que gobiernos y sociedad civil colaboren para devolver a la humanidad a un terreno seguro”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, al presentar su informe anual, La situación de los derechos humanos en el mundo.
El informe documenta la represión sistemática de la disidencia, la escalada de los conflictos armados, la falta de esfuerzos para abordar el colapso climático y un creciente retroceso en los derechos de migrantes, refugiados, mujeres, niñas y personas LGBTI. Sin un cambio radical, estos problemas se agravarán aún más en un tumultuoso 2025.
“A 100 días de su segundo mandato, el presidente Trump ha demostrado un desprecio total hacia los derechos humanos universales. Su administración ha atacado de manera intencionada iniciativas e instituciones estadounidenses e internacionales, vitales para un mundo más seguro y justo. Su agresión hacia el multilateralismo, el asilo, la justicia racial y de género, y la acción climática está causando un daño considerable y alentando a otros líderes a unirse a su ataque,” agregó Callamard.
“Es crucial comprender que este problema es más profundo que la administración de Trump. Desde hace años, hemos visto la propagación de prácticas autoritarias entre estados, impulsadas por figuras políticas que actúan como motores de destrucción. En medio de este turbulento panorama, todos los que creemos en la libertad y la igualdad debemos estar preparados para luchar contra los ataques extremos a los derechos internacionales y humanos,” destacó el informe de Amnistía Internacional sobre la situación de 150 países.
La proliferación de leyes y políticas autoritarias contra la libertad de expresión, asociación y reunión fue un factor clave en el retroceso global de los derechos humanos documentado por Amnistía Internacional en 2024. Gobiernos de todo el mundo intentaron evadir la rendición de cuentas, afianzando su poder y creando un clima de miedo al prohibir medios de comunicación, disolver ONG y partidos políticos, encarcelar a críticos bajo acusaciones infundadas de “terrorismo” o “extremismo”, y criminalizando a defensores de derechos humanos y activistas climáticos.
Las fuerzas de seguridad en varios países usaron detenciones arbitrarias masivas y fuerza excesiva, a menudo mortal, para reprimir la desobediencia civil. En Bangladesh, se ordenó “disparar sin previo aviso” durante protestas estudiantiles, lo que resultó en casi mil muertes, mientras que en Mozambique, después de elecciones controversiales, se desató una severa represión que causó al menos 277 muertes.
Turquía impuso prohibiciones generales a las protestas y sigue usando fuerza indiscriminada contra manifestantes pacíficos, aunque en Corea del Sur, la ciudadanía prevaleció cuando el presidente Yoon Suk Yeol suspendió derechos humanos y declaró la ley marcial, para luego ser destituido tras masivas protestas públicas.
Los conflictos armados revelan fallos sistemáticos
A medida que los conflictos aumentaban, los estados y grupos armados cometieron crímenes de guerra que destrozaron vidas. En un informe histórico, Amnistía Internacional documentó el genocidio de Israel contra palestinos en Gaza y el sistema israelí de apartheid y ocupación en Cisjordania se volvió cada vez más violento. Al mismo tiempo, Rusia causó más muertes de civiles ucranianos en 2024 y continuó atacando infraestructura civil, así como sometiendo a detenidos a tortura y desapariciones.
Las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán infligieron violencia sexual generalizada contra mujeres y niñas, constituyendo crímenes de guerra, mientras que 11 millones se vieron desplazadas por dos años de guerra civil en Sudán. Sin embargo, la indiferencia global hacia el conflicto permitió que actores cínicos violaran el embargo de armas en Darfur.
La comunidad rohinyá sufrió ataques racistas en Myanmar, forzándolos a huir de sus hogares. Los recortes en la ayuda humanitaria por parte del gobierno de Trump empeoraron la situación, llevando al cierre de hospitales en campos de refugiados en Tailandia y exponiendo a defensores de derechos humanos a la deportación, entre otros problemas críticos.
La suspensión inicial de la ayuda exterior estadounidense también impactó servicios para niños separados en campos de detención en Siria, y provocó el cierre de programas vitales contra la malnutrición en Yemen y otros lugares.
“Amnistía Internacional ha advertido del doble rasero que socava el orden basado en reglas. Este retroceso alcanzó nuevas cotas en 2024, desde Gaza hasta la República Democrática del Congo. La comunidad internacional, que propició este caos por no defender universalmente el estado de derecho, debe asumir su responsabilidad”, declaró Agnès Callamard.
“El costo de estos fracasos es inmenso; estamos perdiendo salvaguardias vitales para proteger a la humanidad tras los horrores del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Aunque haya imperfecciones, desmantelar el sistema multilateral no es la respuesta. Necesitamos reforzarlo y replantearlo. Sin embargo, 2024 marcó un daño aún mayor, mientras el gobierno de Trump parece decidido a desmantelar los vestigios de cooperación multilateral, modelando nuestro mundo a través de una doctrina transaccional guiada por la codicia y el dominio de una minoría.”
Los gobiernos abandonan a las futuras generaciones
La situación de los derechos humanos en el mundo presenta evidencia clara de que el mundo está condenando a las generaciones futuras a una existencia penosa debido a la inacción colectiva en la crisis climática, el aumento de las desigualdades y el poder desmedido de las empresas.
La COP29 fue un fracaso, con un récord de lobbies de combustibles fósiles que frenaron el progreso hacia una eliminación gradual. Al mismo tiempo, los países ricos presionaron a las naciones de bajos ingresos para aceptar acuerdos de financiación climática irrisorios. La decisión de Trump de retirarse del Acuerdo de París y su lema “vamos a perforar” han exacerbado la inacción e incentivado a otros a hacer lo mismo.
2024 fue el año más cálido registrado, superando el umbral de 1,5 °C. Las inundaciones en Asia del Sur y Europa, las sequías en África Austral, y los incendios en la Amazonía, demostraron el impacto humano del calentamiento global. Con un incremento previsto de 3 °C para finales de siglo, las naciones ricas no son inmunes a desastres cada vez más extremos, como los recientes incendios en California, pero… ¿actuarán?
La pobreza extrema y la desigualdad continuaron aumentando en 2024, impulsadas por la inflación, la escasa regulación empresarial y el aumento de las deudas nacionales. Sin embargo, algunos gobiernos usaron retórica xenófoba para culpar a migrantes por la delincuencia y el estancamiento económico, mientras que la riqueza de las grandes fortunas continuó creciendo, a pesar de que el Banco Mundial advirtió de una “década perdida” en la reducción de la pobreza.
El futuro es sombrío para mujeres, niñas y personas LGBTI, quienes enfrentan ataques cada vez más severos contra la igualdad de género. Los talibanes en Afganistán han impuesto restricciones draconianas sobre las mujeres, mientras que las autoridades iraníes intensifican la represión contra quienes desafían el uso obligatorio del velo. Grupos que buscan a desaparecidos en México y Colombia han sufrido amenazas y ataques.
Malawi, Malí y Uganda han tipificado como delito o prohibido las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, mientras que Georgia y Bulgaria han seguido el ejemplo de Rusia en la represión de la “propaganda LGBTI”. El gobierno de Trump está impulsando el retroceso de la justicia de género al desmantelar iniciativas contra la discriminación y atacar los derechos de personas transgénero, además de finalizar financiamiento para programas que apoyan a mujeres y niñas en todo el mundo.
Los gobiernos están perjudicando a las generaciones actuales y futuras al no regular adecuadamente nuevas tecnologías, abusar de la vigilancia y fomentar la discriminación mediante el uso de la inteligencia artificial.
Las empresas tecnológicas han facilitado prácticas discriminatorias, pero la administración de Trump ha profundizado esta tendencia, alentando a redes sociales a eliminar protecciones y priorizando un modelo de negocio que propaga contenido violento y de odio. Esta alineación entre el gobierno y los magnates tecnológicos amenaza con abrir la puerta a la corrupción, desinformación, impunidad y captura del poder estatal por parte de las empresas.
“Desde su toma de posesión, el presidente Trump ha permitido a sus aliados empresariales operar sin considerar derechos humanos o el Estado de derecho”, afirmó Agnès Callamard.
Esforzos decisivos por la justicia internacional
A pesar de la creciente oposición de potencias —agudizada por las vergonzosas sanciones de Trump contra el fiscal de la CPI—, la justicia internacional y las instituciones multilaterales han seguido presionando para rendir cuentas a los más altos niveles. Gobiernos del Sur Global han liderado importantes iniciativas.
La CPI emitió órdenes de detención contra altos funcionarios de Israel, Gaza, Libia, Myanmar y Rusia. La ONU dio un paso importante para negociar un tratado sobre crímenes de lesa humanidad, y Filipinas arrestó al expresidente Rodrigo Duterte en aplicación de una orden de la CPI por asesinatos.
La Corte Internacional de Justicia dictó órdenes en el caso que Sudáfrica presentó contra Israel y emitió una consulta declarando ilícita la ocupación israelí de territorios palestinos. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución exigiendo el fin de dicha ocupación, y en enero de 2025, ocho Estados del Sur Global formaron el Grupo de La Haya, comprometido a impedir transferencias de armas a Israel y a que rinda cuentas por sus violaciones del derecho internacional.
“Aplaudimos los esfuerzos de naciones como Sudáfrica y órganos de justicia internacional que desafían a Estados poderosos que socavan el derecho internacional. En medio de esta situación de impunidad, esos actores son ejemplos que el mundo debería seguir. Los ataques recientes contra la CPI indican que este ámbito se convertirá en una gran batalla en 2025. Todos los gobiernos deben apoyar la justicia internacional y proteger a la CPI y su personal de sanciones,” concluyó Agnès Callamard.
“A pesar de los enormes desafíos, la destrucción de los derechos humanos no es inevitable. La historia está llena de ejemplos de valentía que han desafiado al autoritarismo. En 2024, ciudadanos de diversas naciones votaron contra líderes adversos a los derechos, mientras que millones alzaron su voz contra la injusticia. Está claro: sin importar los obstáculos, debemos seguir dándonos resistencia a regímenes que intentan privar a la gente de sus derechos humanos. Nuestro movimiento, unido en torno a la dignidad y los derechos inherentes a cada persona, perdurará.”
Con Información de desenfoque.cl