En un sistema democrático, abierto y diverso como el chileno, cualquier mecanismo de selección, ejercicio y perpetuación del poder político se utilizará sin duda alguna hasta que se hayan agotado sus posibilidades legales o se alcance el objetivo que persigue un actor político. Esta es la primera perspectiva que se debe considerar al analizar si las primarias son realmente útiles o simplemente un artificio político sin valor.
La segunda perspectiva es investigar si, en el contexto chileno, caracterizado por un sistema electoral de doble vuelta, voto obligatorio y pequeñas alianzas políticas, las primarias electorales para la elección presidencial realmente aportan o son solo una estrategia de negociación que explota excesivamente la legalidad de las primarias. Quizás puedan ser útiles para resolver candidaturas dentro de bloques compactos de partidos parlamentarios, lo que implicaría una fortaleza orgánica, doctrinal y programática que Chile no posee. Por ende, el bloque parlamentario siempre dependerá de negociaciones. Esto hace que las primarias tengan sentido únicamente dentro de los partidos, que era su intención original antes de que el maniqueísmo político y las circunstancias las convirtieran en una norma noble pero hipotética de participación. En conclusión, las primarias presidenciales son un recurso político que contribuye al fraccionamiento perjudicial que afecta al sistema político chileno.
La variedad de candidatos presidenciales, sean reales o de interés, convierte el ejercicio del cálculo racional en algo inútil y añade un elemento de azar a la competencia. Los candidatos de todo el espectro político, por ejemplo, no han buscado seriamente establecer primarias programáticas para lograr la doble meta de elegir un candidato y, al mismo tiempo, construir una cohesión política que les permita formar un bloque de poder y gobernar tras un triunfo electoral. En cambio, se esfuerzan por diferenciarse, asumiendo que después de un triunfo buscarán los votos y alianzas necesarias para gobernar. La actual coalición oficialista es un claro ejemplo de esto.
Por otro lado, lo más preocupante del fraccionamiento político no es su existencia, sino que quienes afirman querer remediarlo utilicen de manera deshonesta los mecanismos del sistema político, al tiempo que intentan excluir a las minorías mediante reglas porcentuales como el 4 o 5 por ciento de los votos, lo cual, en estricta rigurosidad, perjudica los intereses de cualquier minoría emergente. Un dato relevante es que, de un total de 15 millones y medio de electores, el número de ciudadanos inscritos en todos los registros de partidos políticos no supera los 500 mil.
En coherencia con lo anterior, el promedio de las encuestas hasta ahora indica que el 42% de ese padrón se identifica como independiente de cualquier partido, desde la izquierda hasta la derecha y viceversa. Además, de los 155 diputados, 43 son independientes pertenecientes a una docena o más de partidos con solo un representante.
En la actual elección presidencial, dado que se anticipan tres candidatos de derecha y dos o tres de izquierda en la primera vuelta, así como dos o tres del centro, parece inevitable que se introduzca un elemento de azar en el resultado final. Lo mismo podría suceder en las elecciones parlamentarias. Sin embargo, esto solo ocurriría si todos los candidatos se orientan hacia la continuidad institucional y no hacia cambios abruptos en los modos de convivencia social. La combinación del fraccionamiento político, la anomia institucional, la pérdida de autoridad, y los desafíos de seguridad interna y externa, junto con intentos de modificar las reglas del juego, complicarían enormemente la gobernanza y la estabilidad del sistema político. Este es el riesgo que representa una candidatura fuerte y asistémica, tanto en la derecha como en la izquierda, dentro del contexto de polarización.
En tales circunstancias, una buena práctica política sería simplificar la agenda y, en este sentido, eliminar ahora, y también en futuras reformas políticas, las primarias, para ir directamente a la primera vuelta. La racionalidad de los ciudadanos seleccionará de manera clara según la regla democrática, sin cercos artificiales que restrinjan lo acordado: voto obligatorio con primera y segunda vuelta. Es responsabilidad de los partidos presentar a su mejor candidato, y de los ciudadanos ejercer su derecho a elegirlo.
Con Información de desenfoque.cl