Después de casi dos años de arduo trabajo conjunto entre el Ministerio Público, la PDI y Aduanas, se logró desmantelar una organización criminal internacional responsable del robo de cables y diversos insumos de cobre, que eran procesados ilegalmente y comercializados en el exterior.
Los detectives de la Brigada de Investigación Criminal de La Serena y la Fiscalía de Focos Investigativos de Coquimbo identificaron el funcionamiento de esta red delictiva, compuesta por sujetos tanto nacionales como extranjeros, que operaban en distintas regiones, incluyendo Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.
“La Operación Oro Rojo permitió desarticular esta organización criminal gracias a una exhaustiva labor de análisis e inteligencia policial, llevada a cabo por el Ministerio Público en colaboración con la Brigada de Investigación Criminal de La Serena, la Brigada de Lavado de Activos Metropolitana y la Fuerza de Tarea del Cobre de la PDI,” declaró el prefecto inspector Ernesto León, jefe de la Región Policial de Coquimbo.
“Los detectives de nuestras unidades territoriales, durante la intervención en más de 20 domicilios, detuvieron a 18 personas y se incautaron 160 millones de pesos en efectivo y en moneda extranjera (euros, reales y dólares), además de 10 vehículos,” añadió.
Más de 50 mil kilos de cobre fueron decomisados en diversas formas, incluyendo cátodos, láminas, lingotes y cables eléctricos. Estos insumos eran mantenidos por la organización criminal en distintas etapas del proceso, que abarcaban desde el acopio, fundición, reciclaje, fabricación, traslado y embalaje para su exportación a India y Bélgica.
Además, en junio de 2024, durante una fiscalización realizada por la Aduana Regional de Valparaíso, se detectó un intento de exportación ilegal de cobre, hallando inconsistencias en la documentación presentada por la empresa dueña de la carga, lo que llevó a la incautación inmediata del metal. Se trataba de 22.635 kilos de cobre, valorado en más de 171.557 dólares.
La mercancía consistía en 19 pallets con lingotes de gran tamaño dentro de un contenedor destinados a ser enviados desde el puerto de Valparaíso a Europa.
Después de reunir los antecedentes, Aduanas presentó una denuncia por el delito de declaración maliciosamente falsa sobre el origen de la exportación, tipificado en la Ordenanza de Aduanas y que contempla penas de hasta 10 años de prisión y multas que pueden ser de 2 a 5 veces el valor de la mercancía ilegal.
“Se llevaron a cabo más de cuatro días de audiencias en el Juzgado de Garantía de Coquimbo, donde se formalizó a 18 imputados, logrando 15 prisiones preventivas, solicitadas por el Ministerio Público y todas otorgadas por el Tribunal. Esto demuestra la solidez del trabajo conjunto del PDI con la Fiscalía SACFI, que pudo sustentar delitos tributarios y aduaneros, receptación reiterada, lavado de activos y asociación ilícita,” afirmó el fiscal de la Región de Coquimbo, Patricio Cooper.
“Esta investigación sienta un precedente para futuras indagaciones sobre el robo de cobre en Chile y representa un golpe significativo para que aquellas personas comprendan que pueden ser alcanzadas por la Justicia,” añadió.
Alrededor de 200 detectives participaron en esta operación en diversas localidades, como Calama, Antofagasta, La Serena, Coquimbo, La Cruz, Quilicura y Lampa, cumpliendo con las órdenes judiciales para el ingreso y registro de más de 20 domicilios.
“Estamos actuando como querellantes por el delito de contrabando, al buscar comercializar mercancía de origen ilícito, así como por la declaración maliciosamente falsa de mercancía, que se intentó sacar como chatarra, pero que en realidad eran lingotes de cobre,” subrayó Pablo Zambrano, director de Aduanas de la Región de Coquimbo.
“Es fundamental resaltar la colaboración interinstitucional, el intercambio de conocimientos entre las distintas entidades, para combatir el Crimen Organizado en todo el país, investigando además las rutas de exportación hacia mercados europeos y asiáticos en otras regiones,” enfatizó.
“Las diversas instituciones del Consejo contra el Crimen Organizado decidieron priorizar este delito, ya que afecta la calidad de vida de miles de personas, especialmente en áreas rurales. Somos una de las regiones con mayor incidencia de robo de cables,” señaló Galo Luna, delegado presidencial Regional de Coquimbo.
“Agradecemos profundamente el impecable trabajo realizado por la PDI y el Ministerio Público, y continuaremos colaborando con estas instituciones para llevar ante la Justicia a los responsables, buscando restaurar la tranquilidad en las comunidades afectadas y en la preocupación por la seguridad, que es una prioridad para el Presidente Gabriel Boric y su Gobierno,” concluyó.
Con Información de www.lanacion.cl