La Cámara de Diputados aprobó por 136 votos a favor la mayoría de las modificaciones que realizó el Senado al proyecto de fraccionamiento pesquero. Esta iniciativa implica cambios en la distribución de 20 pesquerías, de las cuales se han aprobado ajustes en 17 de ellas.
Las tres pesquerías restantes son la merluza común, la sardina y la anchoveta en la zona norte, que abarca desde la Región de Arica y Parinacota hasta Coquimbo.
Además, se señaló la falta de decisiones sobre el mecanismo de licitación para la cuota adicional de jurel, tras el aumento histórico del 25% que la OROP-PS asignó en febrero.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, resaltó la votación por parte de los diputados, afirmando que “hemos tenido prácticamente unanimidad” y que esta iniciativa permitirá impulsar “un apoyo claro al desarrollo de la pesca artesanal”.
“Hicimos un compromiso, realizado por el Presidente Boric, de que íbamos a corregir la Ley de Pesca, y hoy comenzamos a corregirla en su aspecto fundamental, que es cómo se distribuyen los recursos marinos”, comentó Grau.
Agregó que “los peces son de los y las chilenas y es razonable que se distribuyan de manera equitativa, y eso es lo que hemos avanzado decisivamente hoy”, subrayó el secretario de Estado, destacando que el proceso legislativo se llevó a cabo “de manera transparente y, a pesar de los diversos debates, contó con gran apoyo y consenso”.
En relación a los aspectos que quedan pendientes para ser definidos por una comisión mixta que se constituirá este miércoles, destacó que dichas discusiones “nos permitirán alcanzar acuerdos significativos”, especialmente en el caso de la merluza, donde advirtió que si se aprobaba lo estipulado por el Senado “se mantendría tal como está en la legislación actual, con un 60% para la industria y un 40% para la artesanal, lo cual no consideramos un punto de llegada adecuado”.
También mencionó la importancia de implementar una subasta para la cuota adicional del jurel, lo que garantizaría la sostenibilidad fiscal del proyecto.
“Quiero ser muy claro: si no se aprueba la licitación, este proyecto de ley no contará con el financiamiento fiscal necesario, ya que la disminución de la cuota industrial, en líneas generales, disminuirá los ingresos fiscales, que se compensan a través de la licitación”, explico.
El ministro recordó que el mecanismo de licitación se aplicaría únicamente al 15% del 25% adicional y que, además, “es un acto de justicia, porque sepan que, comparando la cuota del sector industrial que no pasó por licitación con la que sí lo hizo, la cuota pagada es cinco veces más.”
Respecto al fraccionamiento del jurel, la principal pesquería del país, Grau destacó que la cuota artesanal aumentará del 10% actual al 30%, además de que gracias al incremento adicional de la OROP-PS “se incrementa la cantidad que se podrá pescar de jurel y también se reconfigurará su distribución”.
Esto, agregó Nicolás Grau, implicará que en la pesca industrial “básicamente se mantendrá la cantidad actual, mientras que la pesca artesanal verá un incremento de más de tres veces”.
Por su parte, el subsecretario Julio Salas resaltó que “es un gran día para el desarrollo de la pesca en su conjunto y especialmente para la pesca artesanal, que corregirá una inequidad histórica en la distribución de los recursos pesqueros”.
Salas enfatizó que “por primera vez se ha generado un fraccionamiento discutido de manera transparente, pesquería por pesquería, recurso por recurso, para determinar la distribución justa entre el sector artesanal y el industrial”.
A pesar de que el proyecto recibió un amplio respaldo, persisten incertidumbres sobre su futuro.
A la reserva de constitucionalidad planteada en su primer trámite legislativo por el diputado UDI Sergio Bobadilla, se sumó este martes el jefe de bancada del Partido Republicano, Cristián Araya, quien recordó que los titulares de licencias industriales renunciaron a sus autorizaciones pasadas como parte de un proceso regulado por la ley 20.657.
“No puede el legislador alterar las condiciones fundamentales de dicho acuerdo arbitrariamente, generando así incertidumbre jurídica y debilitando la seriedad institucional del país”, argumentó Araya.
Sin embargo, este punto es refutado por el Ejecutivo. “Los permisos de pesca no constituyen derechos de propiedad. Los peces son de los y las chilenas, como hemos defendido política y jurídicamente durante esta tramitación”, afirmó Grau.
Con Información de www.lanacion.cl