La Universidad de Harvard ha comunicado este lunes su decisión de rechazar las modificaciones de política propuestas por la Casa Blanca en una carta enviada la semana pasada, lo que podría conllevar la pérdida de alrededor de 9.000 millones de dólares (euros) en financiación federal.
El presidente de la Universidad, Alan M. Garber, manifestó en un comunicado oficial: «Hemos informado a la Administración a través de nuestro abogado que no aceptamos su propuesta de acuerdo. La Universidad no sacrificará su independencia ni sus derechos constitucionales». Esta declaración fue citada por la cadena estadounidense CNN.
En la misiva recibida la semana pasada, la renombrada institución solicitaba una serie de modificaciones para «preservar su relación económica con el Gobierno federal».
La Administración de Trump ha enviado cartas a múltiples universidades a lo largo del país, amenazando con recortes en sus fondos si no se implementaban ciertos cambios. El rechazo de Harvard marca un hito al ser la primera respuesta negativa de una universidad de élite.
Entre las solicitudes se encontraban la eliminación de programas de diversidad, igualdad e inclusión, la prohibición de el uso de máscaras en manifestaciones dentro del campus, modificaciones en la política de contratación y admisión, y restricciones a aquellos «más involucrados en el activismo que en la enseñanza».
Según el Gobierno federal, estas medidas buscan «combatir el antisemitismo», que relacionan con las protestas masivas y encierros de 2024 en respuesta a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.
Un portavoz de la Casa Blanca declaró: «El presidente Trump está trabajando para restaurar la grandeza en la educación superior, poniendo fin al antisemitismo desenfrenado y asegurando que los dólares de los contribuyentes federales no financien el apoyo de Harvard a la discriminación racial peligrosa o a la violencia política». Además, enfatizó que «ni Harvard ni ninguna otra institución que viole el Título VI está legalmente habilitada para recibir financiación federal».
En su comunicado, Garber advirtió que la mayoría de los cambios solicitados «implican una intervención directa del gobierno en las condiciones intelectuales» de la universidad.
«Ningún gobierno, independientemente de su inclinación política, debe dictar lo que pueden enseñar las universidades privadas, a quiénes pueden admitir o contratar, ni qué áreas de estudio o investigación deben abordar», argumentó Garber.
Con Información de www.elperiodista.cl