Por Andrés Figueroa Cornejo, de Politika
Han pasado cinco meses desde la desaparición de Julia Chuñil.
Mientras los medios de comunicación intentan trivializar el caso como un mero incidente policial, sin fundamentos y de manera tendenciosa, la realidad de la situación abarca temas de territorio mapuche, así como discriminación social y étnica.
El 8 de abril se llevó a cabo una masiva movilización en Santiago y en diversas ciudades del país, e incluso en el extranjero, reclamando al Estado chileno por la aparición con vida de la lideresa mapuche y defensora del medio ambiente, originaria de Máfil, en la región de Los Ríos.
Durante una conferencia de prensa en la capital, en la que participaron Mariana Santana, jefa jurídica de Codepu; Lissette Sánchez, nieta de Julia; Lucía Sepúlveda, defensora de Derechos Humanos y ambientalista; y Juana Aguilera de la Comisión Ética Contra la Tortura, Pablo San Martín Chuñil, el hijo mayor de Julia, manifestó:
“Las autoridades han allanado nuestra casa en siete ocasiones. En una de esas veces le expresé a los funcionarios judiciales y policiales que estábamos completamente dispuestos a colaborar en la búsqueda de mi madre para que aparezca lo más pronto posible, pero hemos sentido un constante hostigamiento hacia nosotros. Les hicimos saber que esperábamos que los principales sospechosos también recibieran el mismo trato”.
– ¿A quiénes consideran sospechosos?
“El 13 de noviembre del año pasado, en Los Lagos, dejamos constancia sobre quien creemos es el principal sospechoso de la desaparición de Julia. En la carpeta de investigación esperamos ver las declaraciones y allanamientos relacionados a esta persona.
Toda esta situación nos resulta muy sospechosa. Han pasado tres fiscales en cinco meses por el caso de mi madre, y cada uno tiene su propia perspectiva sobre cómo llevar a cabo las indagaciones.
La apertura de la carpeta investigativa estaba programada para el 20 de enero de 2025, pero se aplazó 40 días. Finalmente, se abrió el 3 de marzo, pero el fiscal a cargo se fue de vacaciones esa misma jornada. Luego, la fiscal Claudia Baeza dio diez días adicionales para allanar las casas de mis hermanos, lo que interpretamos como un acto de intimidación hacia nuestra familia, especialmente porque esta vez las fuerzas policiales llegaron armadas, cuando nunca hemos opuesto resistencia a los allanamientos, al contrario.”
– ¿Han encontrado confirmaciones a sus sospechas?
“El 1 de marzo, un número significativo de vehículos policiales de Carabineros y de la Policía de Investigaciones se situaron en el lugar donde se vio por última vez a mi madre, un terreno en proceso de recuperación por parte de la comunidad mapuche, que actualmente se ha convertido en propiedad privada de Juan Carlos Morstadt, un terrateniente y empresario forestal de ascendencia alemana que vive en las cercanías. Ahí nos informaron que su condición de ‘propietario’ de esas tierras fue detallada por el fiscal a cargo en ese momento, cuando intentamos observar las diligencias que estaban realizando. Curiosamente, Juan Carlos Morstadt, quien vive a más de cinco kilómetros del lugar, estuvo presente durante las investigaciones sin que nadie nos explicara el motivo.”
– ¿Y qué hay de la carpeta investigativa relacionada con el caso?
“Respecto a la carpeta investigativa, no puedo proporcionar información ya que la abogada de la ONG Escazú la retuvo bajo condiciones de ‘reserva’ desde el 3 de abril. Se supone que ella debería revisarla y luego explicar qué elementos significativos contiene, como la línea de investigación que sigue la fiscalía. En la carpeta debería encontrarse las declaraciones de cinco personas que consideramos son los principales sospechosos.”
– Como familia, ¿cuál es su perspectiva sobre la desaparición de Julia?
“Desde el inicio, cuando nuestra madre desapareció, los vecinos, campesinos de la zona y los Bomberos nos brindaron su apoyo. Posteriormente, un familiar en Santiago nos conectó con la abogada de la ONG Escazú.
Tememos que se esté creando un montaje en nuestra contra, de acuerdo con cómo ha sido manejada la investigación por parte de la fiscalía y las fuerzas policiales.”
Mariana Santana, jefa jurídica de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, Codepu, argumentó:
“Estamos seguros de que la desaparición de la señora Chuñil no es un hecho aislado y, tras cinco meses, aún no conocemos a los responsables. Solo hemos visto acciones de la fiscalía en Los Lagos que no permiten a la familia enterarse de cuál es la línea de investigación. Nos encontramos ante una indagación que no ha reconocido a la familia de Julia como víctimas; ellos solo han sido estigmatizados y marginados del proceso. Recientemente, solicitamos medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y realizamos gestiones en la Comisión de Desapariciones Forzadas de Ginebra (ONU), pero el Estado chileno, tras ser cuestionado por estas entidades internacionales, respondió que el caso no tenía carácter urgente y no accedió a las medidas que solicitamos”.
La abogada Santana precisó: “Previo a su desaparición, la señora Chuñil sufrió constantes hostigamientos por parte del terrateniente Juan Carlos Morstadt Anwanter. Las amenazas se intensificaron desde 2018, buscando que la señora Chuñil abandonara el lugar donde había construido su vida. Sabemos que existió un contrato con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para restituir las tierras a Juan Carlos Morstadt Anwanter, quien nunca realizó el pago por ellas.
Y el terreno donde vivía Julia era el último que le faltaba a este terrateniente para tener el control total de la propiedad. Por eso, él necesitaba que Julia se fuera. Hasta el momento, la Conadi no ha emitido ningún comentario.”
Además, agregó: “La relatora de las Naciones Unidas que evalúa la independencia de los magistrados, en una visita completa que realizó al país el año pasado, concluyó que en Chile existe una justicia de clase, donde el acceso a la justicia efectiva y los Derechos Humanos está lejos de ser garantizado para los más pobres.”
Lucía Sepúlveda, parte del movimiento Día a Día por Julia Chuñil, periodista y defensora de Derechos Humanos y ambientalista, comunicó:“Consultamos, a través de la ley de transparencia, a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, respecto a si el terrateniente Juan Carlos Morstadt pagó o no por el terreno que reclama como propio y qué medidas tomó la Conadi al respecto. La entidad respondió que Morstadt no había realizado el pago, y que aunque se presentaron dos querellas, el Consejo de Defensa del Estado también realizó acciones en el caso.”
Sin embargo, el problema es que una de las querellas no está relacionada con nuestro asunto, y la otra finalizó en un sobreseimiento a Morstadt. Además, el CDE nos informó que no tiene registros del caso, salvo la notificación del sobreseimiento de Juan Carlos Morstadt, lo que sugiere que Conadi nos ha mentido.”
Sumando que: “El terrateniente se siente dueño de un terreno que no le pertenece gracias a la cobertura de Conadi. Estamos ante un nuevo caso de corrupción en la justicia, entre Conadi y los tribunales.”
Mientras caía la tarde, frente a La Moneda en Santiago, se llevó a cabo un acto político y cultural, que contó con la presencia del cantautor Mauricio Redolés. Inmediatamente después, las comunidades mapuche organizaron su propia actividad, alineada con su cosmovisión.
Al final de la jornada, en conmemoración de los cinco meses de la desaparición de Julia Chuñil, en la estación metro Los Héroes de la Alameda, manifestantes protestaron, siendo brutalmente reprimidos por las Fuerzas Especiales de Carabineros, quienes dispersaron la reunión con gases y agua tóxica.
Diez personas fueron detenidas por las autoridades, aunque fueron liberadas algunas horas después de estar recluidas en la comisaría local.
Con Información de desenfoque.cl