Desde el inicio de la iniciativa ‘Catch and Revoke’ (Capturar y Revocar) hace un mes, Estados Unidos ha cancelado los visados de al menos 300 estudiantes pro palestina. Esta operación, implementada por el Gobierno estadounidense, busca identificar y revocar visados a estos estudiantes, acusados de tener simpatías por el movimiento islamista Hamás. Sin embargo, ha recibido severas críticas de diversas organizaciones de derechos civiles, que lo consideran un ataque directo a las libertades fundamentales de expresión y de prensa, en un contexto similar al de otras políticas destacadas durante la administración de Donald Trump.
La iniciativa ‘Catch and Revoke’, liderada por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, fue anunciada por primera vez el 6 de marzo en el medio Axios. Se presenta como una expansión de un sistema de seguimiento establecido por el expresidente Barack Obama, aunque más ambicioso en su alcance, según la ONG Centro Brennan para la Justicia.
Este programa ya utiliza tecnología de Inteligencia Artificial para analizar las redes sociales de “ciertos tipos de solicitantes de visado”. Desde 2019, el Departamento de Estado exige que casi todos los solicitantes de visado proporcionen un registro de sus cuentas de redes sociales de los últimos cinco años. La segunda administración de Donald Trump busca recopilar identificadores en redes sociales de alrededor de 40 millones de personas, según apunta el centro mencionado.
A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. concluyó durante la primera gestión de Trump que estas prácticas no aportan información útil para la verificación de antecedentes de refugiados, ‘Catch and Revoke’ ha avanzado como una versión ampliada y no corregida de esta estrategia. Un caso destacado es el del estudiante Mahmoud Khalil, portavoz de las protestas pro palestinas en la Universidad de Columbia, quien no enfrenta cargos concretos, más allá de ser presentado como una posible amenaza a la política exterior estadounidense.
Marco Rubio sostiene que su actuación se fundamenta en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 y ha defendido fervientemente esta iniciativa, considerándola un medio para deshacerse de “alborotadores”. “He revocado los visados de más de 300 personas y me gustaría que el número fuera mayor”, declaró recientemente.
Una caza de brujas
Apenas 24 horas después de la detención de Khalil el 8 de marzo, la ONG Comité Antidiscriminación Árabe-Americano criticó el arresto como un “acto extremo y flagrante de represalia política por su defensa de derechos protegidos por la Primera Enmienda” sobre la libertad de expresión. En declaraciones a Axios, el presidente de la ONG, Abed Ayoub, señaló el uso de la inteligencia artificial como una “tecnología propensa a errores y confusiones”, mientras que fuentes del Departamento de Estado argumentan que ignorar esta herramienta sería un acto de negligencia.
Con el tiempo, otras organizaciones, como el Consejo Nacional Iraní Americano (NIAC), se han sumado a las críticas hacia el programa, señalando casos individuales como el del estudiante iraní Alireza Doroudi, actualmente detenido sin cargos en Alabama.
Rubio ha afirmado que no tiene planes de suspender la iniciativa a pesar de las críticas de las ONG y de las protestas en torno a detenciones como las de Khalil y la estudiante turca Rumeysa Ozturk. La detención de Ozturk fue grabada por cámaras de seguridad, mostrando cómo era rodeada por agentes enmascarados cerca del campus de la Universidad de Tufts (Massachusetts).
Andrea Joy Campbell, fiscal general del estado, expresó en redes sociales su preocupación por las “perturbadoras” imágenes, calificando de alarmante que el gobierno federal haya decidido emboscar y detener a una persona que siempre ha respetado la ley debido a sus opiniones políticas. Anunció que su oficina seguirá de cerca la situación de Ozturk.
La abogada de Ozturk comentó a CNN que no se han presentado cargos en su contra, destacando que la mayor acción “peligrosa” de su cliente fue publicar un artículo en el periódico universitario en marzo del año pasado, denunciando presiones de la institución educativa hacia el movimiento de apoyo a la causa palestina. Un portavoz del Departamento de Estado mencionó que la estudiante, de 30 años, fue detenida por “participar en actividades de apoyo a Hamás”, sin proporcionar más detalles sobre el caso.
Con Información de www.elperiodista.cl