Las empresas pesqueras han anunciado que presentarán demandas contra el Estado si el proyecto de ley de fraccionamiento se lleva a cabo, el cual está siendo promovido por el Ejecutivo en el Congreso.
De acuerdo a lo informado por El Mercurio, las compañías advierten que esta iniciativa podría provocar el cierre de varias empresas y plantas productivas en el norte y sur del país, la paralización de nuevas construcciones y la pérdida de miles de empleos.
El proyecto actualmente en discusión en el Parlamento busca reducir las cuotas de extracción vigentes hasta 2032 para las empresas industriales y aumentar las correspondientes a los pescadores artesanales.
La propuesta incluye una disminución de las cuotas para los industriales en la pesquería del jurel, que representa el 87% de la recaudación fiscal del sector. Asimismo, el aumento anual del volumen de este recurso para Chile, aprobado por la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS), será licitado a la industria, lo que podría resultar en una mayor concentración, según afirman en el sector.
Las modificaciones en la pesca del jurel son las que más inquietan a las empresas industriales, que ya están preparando demandas en tribunales locales e incluso internacionales.
Esto fue admitido por los gerentes generales de cuatro de las siete principales pesqueras industriales del país: Ricardo García, de Camanchaca (familia Femández); Andrés Daroch, de FoodCorp (con capitales noruegos); Gerardo Balbontín, de Blumar (grupo Sarquis y Vinagre), y Andrés Fosk, de Landes (familia Fosk).
Estos cuatro grupos representan alrededor del 60% de la industria del jurel en la zona centro-sur del país y aproximadamente el 80% de la producción pesquera destinada a consumo humano directo, indicaron.
“Es una ley muy negativa, que se basa en un principio meramente ideológico. Se están violando derechos adquiridos”, afirmó el gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín.
Por su parte, el Ejecutivo sostiene que, al ser una empresa cotizada en bolsa, “contamos con un gran número de accionistas, muchos de los cuales son aportantes de AFP o fondos de inversión, y tenemos la responsabilidad de proteger sus intereses. La compañía está considerando acciones legales en todas las instancias necesarias si la ley avanza tal como está”.
Con Información de www.lanacion.cl