El Tribunal Supremo de Brasil decidió, por mayoría, imputar al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus colaboradores por los delitos de rebelión e intento de golpe de Estado, a raíz de los ataques a las instituciones en Brasilia ocurridos el 8 de enero de 2023.
“Existen pruebas razonables que respaldan la acusación”, afirmó el juez Alexandre de Moraes, relator del caso, quien subrayó que el expresidente brasileño “tenía conocimiento y participaba en las discusiones sobre el borrador” del plan golpista, en el que también se implica a los demás acusados.
Los acusados incluyen al exministro de Justicia Anderson Torres, a los exresponsables de Defensa Walter Braga Netto y Paulo Nogueira, al exjefe de gabinete de Seguridad Augusto Heleno Ribeiro, al exdirector de Inteligencia Alexandre Ramagen, al excomandante de la Marina Almir Garnier Santos y al coronel Mauro Cid, quien fue su mano derecha.
En su argumentación, De Moraes presentó imágenes de los actos violentos de ese día y desestimó la defensa de Bolsonaro, que sostenía que los participantes eran personas religiosas y de edad avanzada: “No se ve ninguna Biblia”. No fue un “domingo en el parque”, enfatizó el relator del caso.
“La organización criminal llevó a cabo todos los pasos necesarios para derrocar al gobierno legítimamente elegido. Un objetivo que, a pesar de sus esfuerzos, no se logró debido a la resistencia del Ejército y a medidas excepcionales”, explicó.
Tras la imputación de Bolsonaro y sus siete cómplices, comenzará la fase de instrucción, en la que las partes deberán reunir pruebas y tomar declaraciones de testigos antes de que el tribunal emita su veredicto. El expresidente se enfrenta a una posible pena de hasta 40 años de prisión por estos delitos.
Bolsonaro no estuvo presente en la votación, prefiriendo seguirla por videoconferencia desde la oficina que su hijo, Flávio Bolsonaro, tiene en el Senado, acompañado de otros aliados.
La Fiscalía acusó a Bolsonaro de intentar de manera coordinada impedir que se ejecutara el resultado de las elecciones presidenciales de 2022; sin embargo, “el plan” se inició en 2021 con diversas acciones y declaraciones que cuestionaban las decisiones de los tribunales y la limpieza del sistema electoral.
Además, la Fiscalía presentó evidencias de un plan no solo para llevar a cabo un golpe de Estado, sino también para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Supremo, Alexandre de Moraes, bajo el nombre de plan “Puñal verde y amarillo”.
Todo culminó con una multitud de cientos de seguidores de Bolsonaro invadiendo la Plaza de los Tres Poderes, atacando y asaltando las sedes del Congreso y del Tribunal Supremo.
Con Información de www.lanacion.cl