
«La libertad de Hermosilla pone en peligro a la ciudadanía, a la investigación y naturaliza la impunidad», afirmaron los parlamentarios, quienes también son querellantes en el Caso Hermosilla.
Los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, que han presentado una querella en el caso conocido como Caso Hermosilla, han interpuesto un recurso de apelación respecto al arresto domiciliario de Luis Hermosilla. Buscan que los tribunales reestablezcan la prisión preventiva del abogado, mientras continúa la indagación en su contra por delitos tributarios, soborno y lavado de activos, en lo que se conoce como Caso Audios.
Los legisladores criticaron la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que cambió las medidas cautelares del jurista, quien había cumplido 205 días en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber antes de ser transferido a arresto domiciliario el 21 de marzo.
«No permaneceremos inactivos mientras la corrupción se burla de nuestro país. Por eso, como querellantes, hemos decidido apelar para que Hermosilla regrese a prisión. Su libertad representa un riesgo para la ciudadanía, para la investigación y establece un precedente de impunidad. Ahora, la Corte deberá determinar si todavía hay justicia o si Hermosilla la ha estrangulado», expresó Manouchehri.
A su vez, la diputada Daniella Cicardini destacó que «Hermosilla, con un teléfono en casa, se convierte en una amenaza pública. Desde allí puede seguir operando, utilizando su influencia para desvirtuar la justicia a su favor y obstaculizar la investigación en el caso de corrupción más grave de nuestra historia”.
«La decisión del tribunal es un pésimo mensaje. La impunidad se asienta y se debilita la lucha contra la corrupción. Como querellantes, hemos presentado un recurso de apelación para revertir esta medida. Por el bien de nuestra democracia, Hermosilla debe volver a prisión”, enfatizó.
Los diputados han estado efectivamente involucrados en el proceso judicial del llamado «Caso Hermosilla». En marzo de 2024, interpusieron una querella por cohecho agravado contra quienes sean responsables, y en enero de este año, denunciaron ante la Fiscalía la posible prevaricación y cohecho que podrían implicar a Hermosilla, al exministro del Interior Andrés Chadwick, a jueces de la Corte de Apelaciones y a destacados abogados del sector.
Como consecuencia de esta denuncia, la Fiscalía de Rancagua llevó a cabo un allanamiento en las oficinas del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa; el ministro del Tribunal Constitucional, Héctor Mery; y Pablo Urquizar, actual responsable de asuntos de seguridad en la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, representante de Chile Vamos.
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Con Información de pagina19.cl