La Corte de Apelaciones de Santiago ha ratificado la sentencia que obliga al Estado a indemnizar con un total de $145.000.000 a los familiares de las víctimas que perdieron la vida a causa del tsunami que afectó a la isla Robinson Crusoe, en el archipiélago de Juan Fernández, en la madrugada del 27 de febrero de 2010.
En una decisión unánime, la Cuarta Sala del tribunal, compuesta por las ministras Dobra Lusic, Jenny Book y el abogado (i) Jorge Benítez, no encontró error en la sentencia de primera instancia que responsabilizaba al Estado por deficiencias en el servicio.
El fallo detalla: “Se revoca la sentencia apelada del 8 de abril de 2022, emitida por el 30° Juzgado Civil de Santiago, en el caso C-22336-2018, solo en lo que respecta a la condena en costas impuesta al Consejo de Defensa del Estado, por lo que se exonera a dicha parte de dicha carga. Se confirma, en todo lo demás, la sentencia apelada”.
La resolución del 30° Juzgado Civil de Santiago, emitida en abril de 2022, determinó que “el Fisco de Chile deberá indemnizar por el daño moral que los demandantes han sufrido debido a las fallas en el servicio del Estado, ya que la Onemi y el SHOA no emitieron a tiempo la alerta de tsunami al archipiélago de Juan Fernández el 27 de febrero de 2010. Esta indemnización se establece en $60.000.000 para el señor Pablo Lorca Fajardo; $60.000.000 para la señora Ivanka José Brito Schiller; y $25.000.000 para la señora Franccesca Figueroa Green”.
Con Información de www.lanacion.cl