El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó este martes las filtraciones relacionadas con casos en curso, enfocándose en la fallida compraventa de la Clínica Sierra Bella en Santiago, así como en la divulgación de los mensajes entre la diputada Carol Cariola y la exalcaldesa Irací Hassler.
En una entrevista con Radio ADN, Valencia subrayó que “no se filtra todo, afortunadamente, pero esto es el resultado de un problema estructural que proviene de un mal diseño legal, que la Fiscalía ha afrontado durante décadas.”
Sobre el origen de estas filtraciones, Valencia mencionó que “no se puede descartar que algunas filtraciones se originen en la Fiscalía. Sin embargo, concluir que cada vez que se divulga información de una investigación proviene de la Fiscalía no se alinea con los hechos, ni con la realidad. No es justo, correcto ni prudente asumir eso”.
El fiscal rechazó la existencia de una operación política dentro de la Fiscalía Nacional. “Si eso ocurre, no se origina en nuestra institución, y lo afirmo con alta certeza respecto a nuestra unidad”, agregó.
Una de las críticas que surgió en torno a las filtraciones de casos hace referencia a una supuesta “selección” de la información que se hace pública, comparando los intercambios de mensajes entre Cariola y Hassler con el caso que involucra a Andrés Chadwick.
Al respecto, Valencia opinó que “no considero que sea una acusación razonable. Existen muchas informaciones sobre este asunto, y no me gustaría jactarme de las filtraciones en este caso para demostrar la existencia de irregularidades. Solo quiero reiterar que el problema es estructural”.
PROBLEMA ESTRUCTURAL
Valencia mencionó que están abordando esta problemática mediante presentaciones al Ministerio de Justicia. En este contexto, destacó que en octubre enviaron un oficio donde detallaron acciones realizadas, como inversiones en tecnología y la adopción de nuevos criterios para los fiscales sobre la confidencialidad de la información.
“Como ustedes han notado, el fiscal Cooper ha señalado que el primer informe se entregó con partes censuradas. Esto es resultado de una instrucción general que impartimos el año pasado. Esa práctica no se había seguido antes”, explicó Valencia.
“Hemos planteado que se necesita mejorar esta situación. Debemos optimizar las normas que permitan que, en causas de relevancia política, cualquier ciudadano pueda presentar una querella si cuenta con un abogado, convirtiéndose así en interviniente en la causa.
Como consecuencia de nuestra legislación, estamos obligados a entregar copias de todo lo que investigamos”, agregó.
“El problema estructural radica en que la ley nos exige entregar copias completas de la investigación a cualquier persona que se involucre en el caso, a partir de ciertos momentos”, subrayó.
“Las sanciones establecidas en la ley son muy laxas e incluso, a veces, no se prevén sanciones para quienes entregan estas copias a la prensa. Por lo tanto, no podemos ser responsabilizados por lo que hagan otros si, adicionalmente, estamos obligados a entregar copias a varias personas”, concluyó.
El fiscal Valencia hizo un llamado a regular quiénes pueden emprender acciones judiciales en causas políticas y a establecer restricciones en el acceso a la información. “Es necesario permitir, mediante resolución judicial, la exclusión de antecedentes irrelevantes o privados de la causa, de modo que no tengamos que censurarlos, sino simplemente excluirlos. Actualmente no contamos con esa facultad legal”.
Con Información de www.lanacion.cl