Ante la presión de los alcaldes por obtener resultados concretos, las comisiones unidas de Gobierno y Seguridad Pública del Senado aprobaron este lunes, con ocho votos a favor y una abstención, una normativa que busca otorgar más atribuciones a la seguridad de los municipios.
Este proyecto, que fue presentado en 2023 y tramitado con urgencia en la Cámara de Diputados antes de pasar al Senado, ha estado en el centro de un debate enfocado en dos puntos esenciales: las facultades de los guardias municipales y el presupuesto necesario para proporcionarles armas y recursos adecuados.
El senador Manuel José Ossandón (RN) advirtió sobre las limitaciones actuales, afirmando: “Si la seguridad municipal es solo un personaje disfrazado de ‘Tortuga Ninja’, sin herramientas para defenderse o actuar, al final no habrá avance”. También subrayó la importancia de establecer un marco institucional que colabore eficazmente con las fuerzas policiales.
Por su parte, el senador Iván Flores (DC) hizo hincapié en la falta de claridad sobre el financiamiento. “Si creen que los gobiernos regionales van a cubrir los costos de implementación, eso no funcionará. Los gobiernos regionales no pueden reemplazar al gobierno central”, expresó.
Desde el Ejecutivo, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, destacó los progresos existentes y la creación de una mesa técnica para continuar el diálogo. “Hemos llegado a acuerdos en la mayoría de los elementos fundamentales del proyecto y, por lo tanto, debemos seguir avanzando”, afirmó.
No obstante, los alcaldes presentes en la sesión expresaron su insatisfacción. Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipios de Chile, criticó el avance del proceso: “Han pasado entre 15 y 20 días desde que se declaró urgencia y recién ahora se están discutiendo algunos artículos”.
La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, pidió que los recursos se dirijan específicamente hacia tecnología y medidas de seguridad concretas, mientras que Juan Pablo Olave, alcalde de Isla de Maipo, resaltó que los municipios rurales se verían especialmente perjudicados por una ley que carezca de un financiamiento adecuado.
Antes de ser discutido en la sala, el proyecto deberá ser evaluado por la Comisión de Hacienda para determinar su viabilidad financiera.
Con Información de hoysantiago.cl