Gabriel Toro, un brigadista mapuche de 31 años, padre de familia y miembro de la comunidad Juan Antinao de Pidima, perdió la vida mientras luchaba contra un incendio en la comuna de Ercilla, ubicada en la Región de La Araucanía. Sin embargo, su fallecimiento no fue resultado de un incendio forestal espontáneo, como han intentado sugerir algunos medios tradicionales, sino que es considerado una «consecuencia directa de quemas agrícolas» llevadas a cabo por latifundistas y particulares de la región, con «autorización o sin supervisión» de CONAF, según afirman las comunidades locales.
Los incendios se registraron entre Ercilla y Victoria en terrenos agrícolas destinados a la cosecha de trigo, sin plantaciones forestales en la zona. Esto pone en duda la narrativa de los medios hegemónicos que insisten en catalogar estos sucesos como “incendios forestales”, cuando en realidad son incendios agrícolas originados por quemas de rastrojos supuestamente “controladas” para preparar la siembra.
El fuego que nadie quiere asumir
Rodrigo Huenchullán, werkén de la comunidad Temucuicui, denunció en El Ciudadano que los incendios en la zona se iniciaron tras la quema de rastrojos realizada por particulares y latifundistas. “Esto fue autorizado por CONAF o, si no, se llevó a cabo sin fiscalización en una región que hace solo una semana estaba en alerta por incendios. ¿Quién puede entender esta situación?”, se preguntó.
Los efectos de estas quemas fueron devastadores: se registraron cinco vehículos completamente quemados en la Ruta 5 Sur, 12 horas de corte de carretera y la muerte de un brigadista. Sin embargo, como suele suceder cuando la responsabilidad no recae en un mapuche, los medios tradicionales han minimizado el problema y han evitado señalar a los verdaderos culpables.
“Cuando los incendios ocurren en nuestros territorios, los políticos solicitan la aplicación de la Ley Antiterrorista y buscan criminalizar al pueblo mapuche. Pero cuando los responsables son latifundistas y empresarios agrícolas, los hechos quedan en total impunidad. Además, es grave que se manipule la información con el fin de encubrir estos gravísimos sucesos y la muerte del brigadista”, afirmó Huenchullán.
El siguiente video muestra uno de los focos del incendio cerca de predios agrícolas:
Un estado de excepción que mira hacia otro lado
El werkén también criticó la presencia de fuerzas de seguridad en la zona durante el estado de excepción. “Estamos en un territorio militarizado, con control constante. ¿Cómo es posible que se hayan iniciado estas quemas sin que hubiera intervención de Carabineros o del Ejército? ¿Por qué se permitieron estas quemas en una región que recientemente estuvo en alerta roja?”, cuestionó.
La falta de control sobre estas prácticas agrícolas se suma a la ausencia de respuestas por parte de las autoridades competentes. No hay declaraciones claras de CONAF, del Ministerio de Agricultura, ni de las fuerzas de seguridad presentes en la zona. Para la comunidad, este silencio no es casual: es un intento de encubrimiento.
Los medios tradicionales al servicio de la impunidad
La cobertura mediática de la tragedia sigue un patrón predecible. En lugar de investigar las causas del incendio y sus responsables, los grandes medios han optado por clasificarlo como un “incendio forestal”, ignorando que en realidad se originó en terrenos agrícolas.
“El problema es que en Ercilla tuvimos alerta amarilla hace una semana, luego pasó a alerta roja por incendios, y días después se autorizó la quema de rastrojos en la misma área. Eso es lo que la prensa no quiere contar, porque conocen a los responsables“, afirmó Huenchullán.
La estrategia de comunicación es evidente: cuando los incendios afectan predios agrícolas controlados por latifundistas, la información se diluye y se evita discutir sobre negligencias o responsabilidades legales. Pero cuando el fuego afecta zonas de resistencia mapuche, se activan campañas de criminalización y se demandan penas más severas.
Un discurso que criminaliza y desvía la atención
Mientras la versión oficial se enfoca en la lucha contra el incendio, la senadora republicana por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, centró su atención en los supuestos focos intencionales. “Se han registrado 18 incendios que aparentemente fueron provocados, y CONAF autorizó la quema de rastrojos con escasa fiscalización”, declaró a Soy Temuco.
Las declaraciones de la senadora son reveladoras, ya que en lugar de cuestionar a los responsables de estas quemas y su impacto mortal, desvían la atención hacia la criminalización generalizada de los incendios. No es la primera vez que se intenta presentar la idea de un «sabotaje» o se intenta vincular tales hechos con la resistencia mapuche, aunque la realidad sea diferente.
Una muerte que no puede quedar impune
La comunidad teme que la muerte de Gabriel Toro sea olvidada. No es solo un brigadista caído en la lucha contra el fuego, sino un individuo cuyo sacrificio está siendo ocultado por tras una narrativa distorsionada de los hechos.
Aunque se ha informado que hay una investigación en curso para esclarecer las causas, las autoridades deben rendir cuentas sobre las autorizaciones de quema en un contexto de alta vulnerabilidad ambiental. Los culpables de iniciar el fuego, las entidades que permitieron las quemas sin supervisión y las fuerzas de seguridad que no intervinieron deben ser responsabilizados.
Sin embargo, mientras los medios tradicionales continúen protegiendo los intereses de los grandes terratenientes y desvíen la atención, la verdad seguirá consumiéndose entre las cenizas del silencio mediático.
Con Información de www.elciudadano.com