La primera sala del Tribunal Constitucional (TC) ha puesto en aprietos a la ministra de Defensa, Maya Fernández, al aceptar este miércoles a trámite el requerimiento de inhabilidad presentado en su contra por los abogados Raimundo Palamara y John Reid, relacionado con la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Esta decisión del TC se produce después de que el 10 de febrero el mismo tribunal no admitiera el recurso presentado por los mencionados juristas contra la secretaria de Estado.
En esa ocasión, el tribunal concluyó que la solicitud no cumplía con ciertos requisitos, y dado que el texto fue declarado legalmente como no presentado, el 25 de febrero los profesionales volvieron a presentar un requerimiento ante el órgano judicial.
No obstante, en el día de hoy, la primera sala del TC, que incluye a su presidenta, la ministra Daniela Marzi, y a los ministros Nancy Yáñez, Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera y Marcela Peredo, decidió por unanimidad admitir el recurso a trámite.
El documento, que se extiende por 20 páginas, se fundamenta en la Ley 18.575 sobre inhabilidades e incompatibilidades administrativas, la cual establece que los ministros no pueden suscribir contratos con el Estado.
En el requerimiento presentado por Palamara y Reid, se argumenta que la titular de Defensa violó esta prohibición al firmar un contrato de compraventa de la casa de su abuelo, Salvador Allende, por un monto de $933 millones, con el objetivo de convertirla en un museo.
Compra fallida de la casa de Allende
Cabe recordar que la controversia surgió a finales de 2024, cuando el gobierno informó sobre su intención de adquirir dos inmuebles del expresidente Patricio Aylwin, ubicados en Arturo Medina 3678 y 3684 en Providencia, así como la vivienda correspondiente a Salvador Allende en Guardia Vieja 39, con el propósito de preservarlas como patrimonio nacional y convertirlas en museos.
Incluso, el Ministerio de Bienes Nacionales anunció la compra y afirmó que “la vida y obra de los presidentes democráticos son parte del patrimonio del país y es responsabilidad del Estado conservar y difundir su legado”.
Sin embargo, lo que comenzó como una valiosa adquisición para el patrimonio nacional rápidamente se tornó en un escándalo tras conocerse el monto de 24.291 Unidades de Fomento (UF), equivalentes a $933 millones, que el Ministerio iba a pagar por la casa de Allende, que recibiría la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, y su hermano.
La controversia se intensificó al revelarse que la compra del inmueble a la ministra Fernández es también inconstitucional, ya que la Constitución establece que “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado”. Además, tras la compra, se descubrió que la ministra figuraba como 100% dueña del inmueble en su declaración patrimonial, lo cual no es correcto.
Según el decreto de Bienes Nacionales, entre los propietarios del inmueble del expresidente están Maya Fernández, Carmen Paz Allende Bussi, el hermano de la ministra, Alejandro Salvador Fernández Allende, y la senadora María Isabel Allende Bussi. Esto ha provocado conflictos con otra norma constitucional que establece: “Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebre o caucione contratos con el Estado, o que actúe como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de naturaleza similar”.
A raíz de esta controversia, el gobierno decidió dar marcha atrás en la compra y emitió un comunicado indicando que: “Debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende, se ha determinado que no es posible llevar a cabo la adquisición de la residencia del exmandatario”.
En medio de las críticas al Gobierno, la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, se vio obligada a renunciar a su cargo.
Con Información de www.elciudadano.com
