En 2024, Rodrigo Cerda (RN) se postulaba como concejal en Ñuñoa, prometiendo una fiscalización rigurosa de los recursos municipales en caso de ser elegido. Sin embargo, no logró el cargo, a pesar del sólido respaldo de figuras como Evelyn Matthei, Sebastián Sichel y Francisco Orrego.
Aunque no obtuvo un escaño en el Concejo Municipal de Ñuñoa, Cerda fue nombrado director jurídico de la Municipalidad de Rapa Nui.
De acuerdo con información a la que tuvo acceso el Equipo de Investigación de El Ciudadano, el 12 de diciembre de 2024 la actual alcaldesa, Elizabeth Arévalo Pakarati, designó a Cerda como Director de Asesoría Jurídica, con un sueldo bruto de $3.410.343, lo que le permitió establecer su residencia permanente en la isla.
A los cinco días de su nombramiento, Cerda solicitó a la alcaldesa permiso para realizar una comisión de servicios en el continente del 18 de diciembre al 1 de enero de 2025, con la intención de reunirse con abogados de ChileCompra, la Contraloría General de la República y otros funcionarios. Esta solicitud fue autorizada por Arévalo.
Sin embargo, su viaje ocultaba un motivo no informado en su programa de comisión: debía presentarse ante el Séptimo Juzgado de Garantía como imputado por apropiación indebida. Si no lo hacía, el tribunal emitiría una orden de arresto en su contra.
La causa, que data de 2019, implica que Cerda, en su calidad de abogado, representó a una residente de Rapa Nui en un caso laboral contra la Fundación Niño y Patria por vulneración de derechos. El caso se resolvió el 5 de agosto de 2021 mediante un acuerdo entre las partes, donde la Fundación pagó a la demandante $30.398.616, cantidad que Cerda supuestamente habría apropiado, ocultando el pacto a su clienta.
La afectada presentó una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, alegando que ignoraba el acuerdo debido a que Cerda nunca se lo mencionó, ocultando la información durante más de dos años con diversas excusas: hackeo del tribunal, lentitud por la pandemia, cambio de trabajo y problemas de salud.
«Se aprovechó del aislamiento geográfico y de las circunstancias de la pandemia, ya que los vuelos estaban suspendidos y la conexión a internet en la isla dificultaba mi acceso a la información judicial”, se indica en la querella contra el abogado de Renovación Nacional.
La víctima también reveló las dificultades que tuvo para notificar la querella, pues Cerda cambiaba de residencia constantemente y bloqueaba sus comunicaciones, logrando finalmente ubicarlo en la Corporación de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Al ser localizado, Cerda reconoció la apropiación y se comprometió a pagar, pero no cumplió, lo que llevó a la presentación de la acción judicial.
Rodrigo Cerda Morales asistió a la audiencia de formalización el 23 de diciembre a través de Zoom desde Linares, muy lejos del lugar donde debía cumplir su comisión. De hecho, el propósito de su viaje era comparecer a dicha audiencia, ya que compró sus boletos entre Rapa Nui y Santiago el 4 de diciembre, antes de su nombramiento como director jurídico, según el registro de Latam.
Tras descubrir la situación, el concejal y exalcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, presentó una denuncia ante la Contraloría Regional de Valparaíso, argumentando que Cerda había falseado la verdad tanto ante la Municipalidad como ante el tribunal, donde se constató que la notificación al imputado resultó difícil debido a información incorrecta sobre su localización.
«En este contexto delictivo, fue nombrado por la alcaldesa para el puesto de Asesor Jurídico de la Municipalidad de Isla de Pascua, mientras se encontraba como imputado y prófugo. No solo estaba trabajando en su beneficio durante el horario laboral, sino que también se encontraba lejos del lugar donde debía estar, incumpliendo además su comisión de servicios… Recibió su salario por los días del 18 de diciembre al 1 de enero y no sé si se le pagó viáticos y pasajes, que fueron rechazados por la Dirección de Control», se menciona en la denuncia que este medio obtuvo.
De acuerdo con el concejal Edmunds Paoa, Rodrigo Cerda solicitó el pago de pasajes y viáticos por un total de $1.423.448, desglosados en $939.994 por viáticos y $483.454 por reembolso de pasajes. Sin embargo, la Dirección de Control no aprobó el pago y le requirió que aportara comprobantes de las reuniones, debiendo obtener correos electrónicos de respaldo de las autoridades pertinentes y adherirse a la ley del Lobby.
A pesar de esto, la alcaldesa ordenó el pago total del salario de Cerda correspondiente a diciembre.
El Ciudadano habló con el concejal Pedro Edmunds Paoa, quien expresó su preocupación por que las decisiones legales de la isla recaigan en un abogado con antecedentes delictuales, especialmente porque se ha apropiado de dinero de una miembro de la comunidad, aprovechándose de su confianza y aislamiento.
-El señor Rodrigo Cerda Morales ha abusado de su profesión para apoderarse del dinero de una de nuestras vecinas… Solo seis días después de asumir su puesto, simuló una “comisión de servicios” para trabajar en el continente, cuando en realidad debía comparecer ante el 7° Juzgado de Garantía en Santiago. Realizó esto al mismo tiempo que recibía su pago municipal. Es evidente que no posee la integridad necesaria para el cargo de Director Jurídico de la Municipalidad de Isla de Pascua, menos para manejar los recursos municipales-, afirmó el concejal.
Edmunds Paoa también expresó su inquietud por el hecho de que, por primera vez en la historia municipal, la mayoría de los altos cargos se asignaran a personas del continente que debieron reubicarse en la isla. Para él, no hay justificación para desestimar a los profesionales de Rapa Nui, quienes poseen los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñar esos roles y servir a la comunidad con la sensibilidad cultural requerida.
-Delegar a continentales la administración de nuestra isla pone en riesgo nuestra historia, cultura y tradiciones, además de evidenciar un sesgo en la actual administración municipal hacia el autogobierno, un objetivo que nuestro pueblo ha perseguido históricamente. Estoy de acuerdo en que debe haber alternancia en el poder y deseo éxito para esta y futuras administraciones, pero no puedo dejar de señalar mi alarma por el riesgo de que la Municipalidad de Rapa Nui se convierta en un dispensador de favores políticos y de intereses continentales-, concluyó Edmunds Paoa.
Finalmente, en la audiencia de formalización, se reportó que Rodrigo Cerda llegó a un acuerdo reparatorio con la víctima, comprometiéndose a abonar una deuda de 1.042 UF, equivalente a $40.302.632, en el cual se confirmó su delito de apropiación indebida.
Actualmente, Cerda continúa en su puesto como director jurídico en Rapa Nui.
Con Información de www.elciudadano.com