Organizaciones de Derechos Humanos y ANEF piden justicia ante el cierre de causas por violaciones de derechos humanos en el estallido social
Imagen: Entrega de carta en la Fiscalía. Fotografía proporcionada por ANEF.
El pasado viernes 28 de febrero, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales, en colaboración con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), hizo entrega de una carta al Fiscal Nacional, Ángel Valencia Vásquez, en la que expresan su rechazo a la decisión del Ministerio Público de no continuar con 1.509 casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social de 2019. Esta acción busca visibilizar lo que consideran una política de impunidad que afecta a las víctimas y sus familias.
Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, manifestó: «Hacemos un llamado al Ministerio Público: se están sumando a una política de impunidad sumamente peligrosa. Más de 36 muertes, más de 450 personas mutiladas, sin contar a quienes sufrieron abusos sexuales en comisarías. Esta decisión permite que Carabineros actúe sin consecuencias», señaló publicación de ANEF.
Lira también destacó las gravísimas repercusiones para las víctimas: «Hoy hay más de siete jóvenes que se han suicidado por no recibir reparación por la pérdida de sus prótesis o mutilaciones. La decisión de no continuar con 1.500 querellas afecta no solo a las víctimas directas, sino también a sus familias. Ignoramos cuáles serán las consecuencias en su salud mental».
Patricio Lama, secretario de Solidaridad y Conflictos de ANEF, subrayó: «Para que el lema ‘nunca más’ se convierta en realidad, es crucial brindar justicia y reparación a las víctimas y sus familias, y sancionar a quienes fueron responsables».
En la carta dirigida al Fiscal Nacional, las organizaciones afirmaron: «La Coordinadora Nacional de DD.HH. y Organizaciones Sociales rechaza y denuncia la seriedad del anuncio del Ministerio Público sobre su decisión de no continuar con 1509 casos que investigan violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el estallido social de 2019».
El documento también criticó la inacción del Estado: «Esta decisión representa un acto flagrante de denegación de justicia, evidenciando una clara voluntad institucional por mantener la impunidad respecto a las acciones ilícitas llevadas a cabo durante un ataque sistemático y generalizado contra la población civil».
Las organizaciones hicieron un llamado a entidades nacionales e internacionales: «Exigimos el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado y el Gobierno, a raíz de los informes derivados de la investigación de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país».
Además, denunciaron una motivación política detrás de esta medida: «Se observa una clara intención política destinada a deslegitimar y estigmatizar el derecho humano a la movilización social como mecanismo para lograr transformaciones económicas, sociales y culturales que aseguren la dignidad humana».
La carta también cuestionó el papel del fallecido expresidente Sebastián Piñera: «Los delitos que el Ministerio Público ha decidido no investigar ocurrieron durante su administración, la cual ha sido criticada y señalada por estas cuestiones, personaje al que, irónicamente, el actual Presidente Gabriel Boric se refiere como un ‘demócrata desde la primera hora’».
Por último, las organizaciones expresaron su enérgico rechazo a esta decisión: «Esta medida constituye una ofensa y una renuncia a la garantía de no repetición, apoyando políticas represivas elaboradas desde la institucionalidad estatal, con la clara intención de criminalizar la movilización social».
A continuación, la carta completa:
Señor Ángel Valencia Vásquez
Fiscal Nacional del Ministerio Público de Chile
De nuestra consideración:
La Coordinadora Nacional de DD.HH. y Organizaciones Sociales rechaza y denuncia la gravedad del anuncio del Ministerio Público, respecto a su decisión de no continuar con 1.509 casos que investigan violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado durante el estallido social de 2019, y que han sido parte de informes de diversas organizaciones nacionales e internacionales que han exigido al Estado chileno su solución conforme al derecho internacional.
Esta determinación del Ministerio Público constituye un acto flagrante de denegación de justicia, evidenciando una clara voluntad institucional por la impunidad de las acciones ilícitas ejecutadas en el contexto de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, perpetradas por funcionarios de Carabineros y Fuerzas Armadas.
Hacemos un llamado a los organismos nacionales e internacionales para exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos y exigidos al Estado y al Gobierno, a partir de los informes que recogen antecedentes de violaciones de DD.HH. ocurridas durante la revuelta popular iniciada en octubre de 2019, que encontró como respuesta institucional una represión recordada de la vivida durante la dictadura militar.
En esta medida del Ministerio Público se denota nuevamente una clara intención política orientada a deslegitimar y estigmatizar el derecho a la movilización social como mecanismo para propiciar transformaciones económicas, sociales y culturales que garanticen la dignidad humana. Consideramos que existe un contexto político claro, ya que los delitos que el Ministerio Público ha decidido no continuar investigando ocurrieron durante el gobierno de Sebastián Piñera, cuestionado en este ámbito, y a quien irónicamente el propio Presidente Gabriel Boric calificó como un “demócrata desde la primera hora”, ignorando el impacto traumático que esto produce en las víctimas y en la sociedad ante la falta de justicia, reparación y los niveles de impunidad establecidos.
Reiteramos enfáticamente que, desde la perspectiva de los derechos humanos, esta decisión de no continuar las investigaciones evidencia nuevamente una intención de promover la impunidad, dado que la supuesta falta de evidencias y pruebas necesarias para llevar a cabo los procesos tiene su origen en la propia negligencia institucional al investigar de manera seria y responsable delitos calificados como de lesa humanidad por su generalización y sistematicidad.
Es de extrema gravedad una decisión de este tipo, dado que representa un agravio y una renuncia a la garantía de no repetición, convirtiéndose en un respaldo a políticas represivas surgidas desde la institucionalidad estatal con la intención clara de criminalizar la movilización social. Una vez más, las víctimas de gravísimos crímenes cometidos por agentes del Estado reciben como respuesta la impunidad.
Condenamos de la manera más enérgica esta decisión del Ministerio Público. Reiteramos nuestras demandas al Estado, al Gobierno y a las instituciones para que se revoque esta medida y se cumpla con la obligación de lograr verdad, justicia y reparación por los graves delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado durante el estallido social.
Con Información de www.elciudadano.com