El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, reafirmó el compromiso de los ministros y ministras del máximo tribunal de administrar justicia “con estricto respeto a la ley y a la justicia”, señalando la importancia de corregir cualquier conducta inapropiada que sus miembros puedan presentar.
Durante la ceremonia anual de cuenta pública y apertura del Año Judicial, el presidente Blanco reconoció que el año 2024 fue un periodo desafiante para la Corte, aunque destacó que ha salido reforzada y unida tras adoptar decisiones consideradas adecuadas en derechos, utilizando los mecanismos que la ley establece.
La ceremonia fue presidida por la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, y contó con la presencia del presidente del Senado, José Garcia Ruminot; el presidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; el Fiscal Nacional, Ángel Valencia; la presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marzi; la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, y otras autoridades del sector.
“Puedo afirmar con certeza que, a pesar de los desafíos que implicaron esas decisiones, la Corte Suprema emitió resoluciones que se consideraron justas, reafirmando así el compromiso de esta institución con los mecanismos de control que el Estado de Derecho y la democracia prevén, lo que nos permite intensificar aún más nuestro trabajo para asegurar el correcto funcionamiento de la administración de justicia y buscar soluciones que ayuden a mitigar la repetición de incidentes similares. Esta tarea es un compromiso permanente de todos los integrantes de la Corte,” expresó Ricardo Blanco.
Agregó: “Hoy puedo decir que, tras estas dificultades, la Corte Suprema ha emergido fortalecida, unida y con renovado compromiso de administrar justicia, respetando plenamente la Constitución y las leyes de nuestra República.”
El presidente también mencionó que el Poder Legislativo, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución, destituyó a dos miembros de la Corte, lo cual, además de producir un impacto indiscutible, reafirma la vigencia de los controles mutuos entre los poderes del Estado.
Entre los principales logros alcanzados en el año 2024 se destacan:
- El desarrollo de una propuesta para mejorar la regulación ética de la Corte Suprema, cuyas primeras bases fueron debatidas en jornadas de reflexión en octubre pasado, y que promete producir resultados a lo largo de este año mediante un enfoque participativo y con la colaboración de expertos de diversas disciplinas.
- La instauración de una Sección de Control de Gestión de Causas en la Secretaría de la Corte Suprema, destinada a fortalecer el cumplimiento de las disposiciones sobre el orden en el tratamiento y resolución de los casos ante el tribunal;
- El trabajo en sala extraordinaria por parte de todos los ministros de la Corte, para el tratamiento y resolución de causas tributarias, medida que se implementó en noviembre del año anterior;
- El desarrollo de un proyecto de gobernanza de datos, enfocado en establecer normas, políticas y procedimientos que aseguren la calidad y fiabilidad de las cifras, y avanzar en la interoperabilidad con otras entidades;
- La creación de una Comisión de Coordinación de ministros y ministras de la Corte Suprema, dedicada a temas de Derechos Humanos; y
- Una Comisión de ministros de Cortes de Apelaciones encargados de Asuntos de DDHH, entre otras iniciativas.
Ética y gobierno judicial
El ministro Ricardo Blanco subrayó que la Corte Suprema lidera los esfuerzos para mejorar la regulación ética de los integrantes del Poder Judicial y refuerza su compromiso de respaldar los cambios propuestos para reformar el sistema de nombramientos de jueces que actualmente se tramita en el Congreso Nacional.
“En relación con la promoción de normas que deben ser dictadas por el legislativo, reitero el constante ánimo propositivo que esta Corte ha demostrado para perfeccionar el Gobierno Judicial y, en particular, el sistema de nombramientos. Este debate ha sido abordado con opiniones fundamentadas desde la década pasada, siendo el último pronunciamiento realizado a mediados de julio del año anterior, y el cual fue compartido con los órganos colegisladores,” detalló el presidente.
“Respecto al proyecto de reforma constitucional sobre nombramientos judiciales en discusión legislativa, en las recientes jornadas de reflexión tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas con académicos y autoridades del ejecutivo. Además, en enero pasado proporcionamos nuestra opinión formal sobre esta iniciativa, en respuesta a la consulta del Congreso en el marco de su tramitación. El interés de contribuir con información en este ámbito siempre estará presente, con el fin de fomentar una reforma que, además de fortalecer la objetividad en el proceso de nombramientos y el mérito profesional de los candidatos, garantice de manera clara y permanente la protección de la independencia judicial.”
El presidente de la Corte Suprema también trató otros temas relacionados con la labor de los tribunales en la implementación de leyes aprobadas por el Parlamento, enfatizando la importancia de la colaboración con otros órganos.
“Todas estas iniciativas no solo han requerido de la articulación interna del Poder Judicial para su implementación, sino también acciones diversas que se han seguido ejecutando durante el año 2024. Esto incluye medidas de coordinación interinstitucional, elaboración de normativas reglamentarias, participación en comisiones y otras instancias, así como el desarrollo de instrumentos de gestión interna para aplicar la nueva normativa. A todo esto se suma la administración de recursos para cumplir con los mandatos legales impuestos a nuestra institución, que a menudo no vienen acompañados de los incrementos financieros necesarios en las respectivas iniciativas legales,” sostuvo.
Agregó: “A pesar de ser conscientes de nuestra competencia y rol dentro del sistema judicial, y de los deberes de imparcialidad y objetividad que nos competen, la disposición del Poder Judicial para integrar instancias de trabajo que favorezcan la operatividad de la ley demuestra nuestro compromiso y afán de colaboración para potenciar la eficacia y el acceso a la justicia.
Transparencia en el uso de recursos
El presidente del máximo tribunal también abordó el trabajo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), asegurando que se están implementando mecanismos transparentes para la administración de recursos.
“Un aspecto destacado es la adopción de mecanismos más transparentes para el gasto presupuestario. Se ha reducido el uso de tratos directos para las órdenes de compra y se ha promovido un uso extensivo de licitaciones públicas, compras ágiles y convenios marco, herramientas que garantizan mayor transparencia y responsabilidad. Todo lo anterior es un claro ejemplo de la correcta gestión financiera del Poder Judicial,” aseveró.
No obstante, advirtió sobre el recorte presupuestario que afecta al Poder Judicial y que podría poner en riesgo la operativa de los tribunales en todo el país.
“Los logros en este ámbito pueden verse comprometidos por factores externos, ya que estamos preocupados por la disminución de más de 17 mil millones de pesos en el presupuesto asignado al Poder Judicial para este año, lo que pone en riesgo la cobertura de suplencias de jueces y funcionarios, la seguridad informática y los insumos necesarios para el funcionamiento, inquietud que se ha canalizado a través de los mecanismos institucionales correspondientes. Confiamos en que esta reducción de recursos será superada a medida que se ejecute el presupuesto, bajo la premisa de que el servicio judicial, como función esencial del Estado y necesidad básica de las personas, debe asegurar su continuidad.”
El presidente recordó que el Poder Judicial busca continuar cumpliendo su misión social para responder a las necesidades de quienes buscan justicia.
“La razón de ser del Poder Judicial es proporcionar una justicia de calidad, oportuna y accesible a toda la sociedad. Para seguir cumpliendo con esta importante misión social, debemos ser conscientes de la necesidad de dar lo mejor de nuestras capacidades para ofrecer respuestas adecuadas que permitan enfrentar la creciente demanda y expectativas de quienes buscan justicia,” concluyó el presidente de la Corte Suprema.
Con Información de desenfoque.cl