Por Patricio Herman
En primer lugar, antes de entrar en el tema central de esta columna, queremos señalar algo que nos ha llamado la atención: una declaración de la candidata de la UDI, Evelyn Matthei, quien, mostrando desconocimiento sobre el funcionamiento del sistema eléctrico tras un apagón reciente, afirmó que la culpa recaía en el Gobierno, cuando en realidad la responsable era una empresa extranjera. Es evidente que su intención era que los medios alineados con la derecha difundieran sus comentarios, lo cual logró cumplir.
En el ámbito político y económico actual, podemos observar un desmesurado deseo de obtener ganancias mediante prácticas irregulares. Un caso notable de esto se manifiesta en la «toma» planeada desde 2019 de un terreno rural de 218 hectáreas en el cerro Centinela, San Antonio, donde el propietario esperaba que el Gobierno le indemnice conforme a su valoración, utilizando para ello a familias vulnerables con el fin de lucrar significativamente.
Existe un fallo judicial que ordenó el desalojo de las numerosas viviendas edificadas en esa área, lo que podría haber derivado en un conflicto violento con muchas víctimas; no obstante, esta situación se evitó gracias a un acuerdo formal entre el Gobierno, la municipalidad de San Antonio y el dueño del terreno, con el compromiso de resolver el conflicto en un plazo de seis meses.
Dado que las municipalidades son, en general, organismos públicos muy corruptos, donde los alcaldes utilizan corporaciones municipales para mejorar su situación financiera, es necesario que la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y las fiscalías cuenten con más funcionarios para poder ejercer sus facultades de manera más eficiente y con respuesta más rápida.
Entrando en el tema central de esta columna, señalamos que a mediados de 2020, un reportaje de la radio Paulina de Iquique reveló una burda operación comercial denominada «las cajitas de alimentos», liderada por el entonces intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, también de la UDI. Este individuo tuvo una intervención junto a la senadora UDI, Luz Ebensperger, para evitar que la Contraloría Regional de Tarapacá procediera con la toma de razón del Plan Regulador Intercomunal Costero Tarapacá (PRICT).
Esta maniobra buscaba que no se aplicara dicho instrumento normativo superior, permitiendo así que muchos actores del mercado solicitaran permisos de construcción en áreas donde antes habían sido rechazados, aunque sí eran viables según el antiguo Plan Regulador Comunal (PRC) de Iquique de 1981, que carecía de validez. Tras cumplir con esta misión, en junio de 2022, se logró publicar el PRICT en el Diario Oficial.
El negocio de las «cajitas» consistía en adquirir alimentos a un precio bajo en el mercado y revenderlos durante las entregas a un costo mucho más elevado, generando así grandes utilidades. Este fraude fue confirmado por la Contraloría General de la República, que llevó la información al CDE y al Ministerio Público, donde se investigó la participación de varios funcionarios en esta operación, lo que resultó en que los 15 involucrados enfrentaran cargos por fraude al Fisco.
Adicionalmente, los ciudadanos son conscientes de los contratos multimillonarios de diversas municipalidades y otras entidades públicas con la cuestionada empresa Itelecom, dirigida por el astuto empresario Marcelo Lefort. En Iquique, esta operación corrupta incluyó la participación de cuatro concejales ya destituidos: Guillermo Cejas (afiliado al alcalde Soria), Mitchel Cartes (del Partido Socialista), Arsenio Lozano (también del alcalde Soria) y Felipe Arenas (de la UDI), quienes se confabularon con funcionarios municipales de planificación de Iquique.
Como el antiguo PRC de Iquique de 1981 no incluía las áreas de riesgo de inundación, conforme a lo mencionado en el PRICT, la fundación Defendamos la Ciudad se vio obligada a presentar la denuncia correspondiente ante la Contraloría General de la República. En su dictamen N°E310/2025 del 02/01/2025, se le notificó al alcalde de Iquique sobre esta grave omisión, exigiendo al director de obras, Sergio García, que invalidara todos los permisos ilegales. Un dato significativo es que el 17/02/2025 se publicó en el Diario Oficial el nuevo PRC de Iquique, que, aunque tardíamente, debe reflejar las zonas de inundación para mantener informada a la ciudadanía. Este dictamen fue calificado como «polémico» por el Diario Financiero, posiblemente porque el periodista no comprendió su relevancia o prefirió minimizar el asunto.
No podemos pasar por alto otra «travesura» de la municipalidad de Iquique, que para facilitar un negocio inmobiliario de un empresario, omitió en su PRC de 1981 que el terreno situado en Bulnes 140, donde se encontraban canchas de tenis por más de 90 años, se consideraba equipamiento deportivo. Con esta estratagema, los astutos directores del club de tenis llevaron a cabo la venta a un empresario extranjero para la construcción de una torre habitacional de 32 pisos, a pesar de no tener autorización para ello. Esta irregularidad fue detectada por un socio decente del club, quien presentó una querella, derivando en que todos los extenistas, ahora especuladores, enfrentan acciones legales por parte de la Fiscalía.
El abogado Enzo Morales y yo tenemos programada una reunión por ZOOM el 11/03/2025 con el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, en la que le informaremos pormenorizadamente sobre la situación que ocurre a su alrededor. Esperamos evitar un nuevo acto de impunidad relacionado con los permisos de edificación ilegales.
Por Patricio Herman
27 de febrero de 2025
Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no reflejan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
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