Desde Madrid, Miguel Ángel San Martín
El martes 25 de febrero, Chile experimentó una situación crítica y sin precedentes: un apagón que dejó sin electricidad a una gran parte del territorio, abarcando desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos. Este grave incidente llevó al Gobierno a declarar un Estado de Excepción, incluyendo un toque de queda nocturno. Se estima que alrededor de 8 millones de hogares chilenos se vieron afectados por esta interrupción del servicio eléctrico.
De acuerdo con fuentes técnicas confiables, el apagón se originó por la caída del suministro en una parte del sistema de transmisión operado por la empresa ISA, con una participación mayoritaria estatal colombiana. Esta falla provocó una significativa y prolongada suspensión del servicio, desde la frontera norte hasta la región de Los Lagos. La línea que experimentó la falla interna de operación se encuentra entre Vallenar y Coquimbo, lo que resultó en la desconexión de la línea de transmisión Cardones-Polpaico y un corte masivo en todo el sistema interconectado.
Con estos datos, queda clara la responsabilidad de la mencionada empresa, que es una filial de la estatal colombiana Ecopetrol. Además, esta compañía enfrenta críticas por no haber cumplido con la inversión que había prometido en el sistema de transmisión. Por si fuera poco, el software encargado de restablecer el servicio eléctrico, operado por Transelec, una empresa con fondos canadienses y chinos, falló en tres ocasiones, un hecho igualmente preocupante. Cabe destacar que Transelec reportó ganancias cercanas a 10 mil millones de pesos hasta septiembre de 2024, un 529,1% más en comparación con el mismo período del año anterior, según informó la Fundación Sol.
Ante estos antecedentes, la politiquería se adueñó de los medios tradicionales y de las redes sociales. Una de las voces más prominentes fue la de Evelyn Matthei, candidata de la derecha dura a la presidencia en las elecciones del 16 de noviembre. Con un descaro cuestionable, atribuyó la responsabilidad del apagón al “Gobierno y sus funcionarios”, argumentando que esto se debía a “la permisología, al fundamentalismo ambiental y a una hostilidad constante hacia el sector privado que obstaculiza las inversiones”.
Las declaraciones de quien aspira a la presidencia deben ser rechazadas por ridículas e irresponsables, ya que deshonran la imagen del país y sólo benefician a las empresas monopólicas que buscan ampliar sus ya exorbitantes beneficios, sin considerar el suministro de un servicio eficiente y moderno a la población.
Resulta evidente que la extrema derecha chilena imita a sus homólogos de otros países como Estados Unidos, Italia, España y Alemania, buscando desacreditar a los gobiernos elegidos democráticamente. Para ello, utilizan sus herramientas comunicacionales para propagar mentiras y engaños. Esta táctica global es ejecutada por quienes desean socavar la democracia cuando no les favorece en su beneficio personal o el de ciertos grupos.
La distorsión de la realidad, el desprestigio del adversario y el uso indiscriminado de la mentira como estrategia política sólo buscan desestabilizar la gestión de los gobiernos rivales y ofrecer una imagen falsa a la ciudadanía.
Todo esto ha agotado la paciencia de la ciudadanía. Es fundamental unir esfuerzos para combatir estos extremos y proporcionar respuestas firmes a las problemáticas que surgen en nuestra vida cotidiana. Asimismo, hay que estar atentos a las oportunidades que nos brinda el sistema democrático y emplear las urnas para erradicar a estos ultraconservadores engañosos.
Con Información de desenfoque.cl